La mesa directiva del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 y sus especialistas del Instituto del Hábitat y el Territorio manifestaron su preocupación por la realización del Enduro del Atlántico en el sector de playas de La Perla y zona norte.

El Enduro Pale se llevó a cabo durante varias ediciones en Necochea, con la participación de centenares de motos y cuatriciclos que recorrieron un extenso circuito que abarcaba todo el frente costero de esa ciudad.

La entidad sostuvo que el frete costero de Necochea es “totalmente distinto” al del sector de Mar del Plata que se eligió para esta edición, tanto por “la cantidad de metros y ancho de arena disponibles” como también porque no tiene un escollerado de piedra y se permitía una separación entre público y motos considerable. “Igualmente, el municipio de Necochea decidió no realizar más esta carrera por el impacto producido en sus playas”, señaló el Colegio.

Sin embargo, “la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon aceptó la propuesta de ser la nueva sede y decidió, sin pasar por el Concejo Deliberante, hacerlo en playas del norte de Mar del Plata, en las parcelas públicas de La Perla y Constitución, un sector frágil, con poca arena y muy sometido a la constante erosión”.

“Esta fracción ya fue eje de nuestros reclamos por estar signada por el abandono de infraestructura desde hace años”, recordó. Y afirmó que ese mismo espacio “ahora ve irrumpir un acontecimiento de alto impacto ambiental, que no cuenta con los estudios previos para medir ese impacto y con un impresionante movimiento de arena para la construcción de un circuito de más de 5 kilómetros de ida y vuelta, con rampas y máquinas circulando que obstaculizan el uso de la playa por 15 días en plenas vacaciones de invierno”.

Los arquitectos apuntaron que les preocupa “el mal uso del espacio público para actividades que reportan recursos escasos o nulos, con un impacto en lo ambiental, auditivo, y con circulación de vehículos motorizados en la arena, actividad prohibida por ley”. A esto se suma “la construcción de un parque cerrado, zona de boxes y manipulación de combustibles y aceites en sectores de playa, con los inherentes riesgos de contaminación”.

El Colegio también hizo una observación sobre los trabajos de trazado de pista, que requirió un movimiento de arena en “una superficie estimada en 230.000 metros cuadrados”, lo que afecta “la dinámica natural” y destruye “los pocos sectores de naturaleza con especies autóctonas que se habían recuperado sobre accesos a playas y en sectores de barranca”.

Para los profesionales, “sería mucho mejor estudiar áreas donde no ocurran estos inconvenientes o sus impactos puedan ser fácilmente mitigables”. “También creemos que se deberían haber dado los pasos legales correspondientes, tales como la autorización del Concejo Deliberante y no solo del Emder y el Emtur, y cumplimentar lo que la legislación pide referido al estudio de impacto ambiental previo a la actividad”, objetaron.

A su entender, “un evento de esta naturaleza en el espacio público de playas requiere la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) según lo indica la ley 11723, que vela por la protección del ambiente y los recursos naturales, con acceso a la información pública sobre este estudio, medidas de mitigación, informe de daño sonoro, Declaración de Licencia Ambiental (DIA) y seguro de daño ambiental, entre otros requerimientos”. Se trata de presentaciones deben realizarse ante el Ministerio de Ambiente de la provincia.

Amparados en el acuerdo de Escazú, los arquitectos pidieron que se publiquen los informes de las habilitaciones y estudios con los que debe contar un evento de esta magnitud. “Es el municipio ejerciendo su poder de policía el que debe cumplir la tutela en materia ambiental y ejercer la responsabilidad de velar por la integridad física de las personas”, indicaron.

Aclararon además que no se oponen a los “mega espectáculos deportivos que activan el turismo y la llegada de público especialista”, pero marcaron diferencias: “Simplemente creemos que tanto el lugar elegido como el proceso administrativo son inadecuados”.

El colegio profesional subrayó que se llega a esta instancia porque se sigue entendiendo a las arenas de la ciudad
“como un recurso turístico y no como lo que es: nuestro principal espacio público”. “Recurso turístico que genera muy pocos o nulos beneficios económicos a la sociedad en su conjunto. Pero también damos por bueno como sociedad la implementación de todo tipo de artificios en nuestros espacios más emblemáticos, produciendo daños ambientales y paisajísticos”, cerró.