En un escenario plagado de dificultades, con el servicio paralizado por una medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el anunciado recorte de los subsidios al interior, el Concejo Deliberante prevé hoy, en su primera sesión ordinaria del año, ceder nuevamente al intendente Guillermo Montenegro la facultad de aumentar el boleto.

De acuerdo al dictamen aprobado por la comisión de Legislación el 19 de febrero, la atribución será concedida durante todo el año. De esta manera, se prolongará una costumbre que se inició con el mandato de Montenegro: es el intendente, y no el Concejo, el que termina fijando el valor del boleto.

Según la ordenanza que se tratará, “el Departamento Ejecutivo deberá proteger y asegurar una tarifa accesible para los usuarios, debido a la erosión sistemática de los ingresos fijos de la comunidad como consecuencia del índice inflacionario”.

También encomienda al Ejecutivo a “gestionar ante el Gobierno nacional un tratamiento equitativo con el Área Metropolitana de Buenos Aires en materia de subsidios al servicio de transporte público de pasajeros, a efectos de mitigar el costo del boleto para los vecinos del Partido de General Pueyrredon”, cuando es de público conocimiento la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el Fondo Compensador del Interior.

El Concejo cederá su facultad con esa y otras condiciones, como las de verificar “los costos inherentes al servicio informado por los concesionarios”, vigilar “el efectivo cumplimiento de recorridos, frecuencias y pautas de higiene”, y garantizar la información pública y al Concejo “de todas las gestiones realizadas”.

El boleto de colectivo cuesta $ 297,30 desde el 8 de diciembre. A mediados de enero, la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) pidió que la tarifa plana aumente a $ 854,46. El mes pasado, tras el anuncio de la eliminación del Fondo Compensador, solicitó un boleto a $ 1.071,35.

Lo que también aumentó fue el monto del estudio técnico de costos elaborado por la Subsecretaría de Movilidad Urbana del municipio. Primero dio $ 690,97; luego, por la disminución de los aportes nacionales, $ 786,23.

Desde que las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación dejaron el expediente en condiciones de ser tratado en una sesión pasaron 24 días: el Concejo decidió no convocar a una sesión extraordinaria, sino aprobar la cesión de facultades una vez iniciado el período ordinario.

Pasaron, además, dos paros por falta de acuerdo paritario, en coincidencia con medidas de fuerza en otras localidades del interior del país: el primero, el martes de la semana pasada; el segundo, ayer y hoy.

La situación del transporte es tan delicada que en el orden del día también figura la prórroga por un año del estado de emergencia del servicio, establecida en la ordenanza 25.152.

La norma, aprobada en 2021 (plena pandemia), le encomienda al intendente “garantizar la prestación del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros del partido, tomando para ello todas las previsiones legales y administrativas correspondientes”.