El secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, asistirá hoy al Concejo Deliberante para exponer ante la comisión de Hacienda los lineamientos del presupuesto municipal 2018 y las ordenanzas fiscal e impositiva.

El funcionario, que se espera que esté acompañado por autoridades de la Agencia de Recaudación Municipal y contaduría, se presentará ante los concejales después de que el viernes, en el mismo ámbito, sindicatos y martilleros rechazaran la quita de exenciones tributarias.

Mourelle será el primero de una lista de integrantes del gabinete municipal que explicará en el cuerpo legislativo los objetivos y prioridades de sus secretarías y dependencias. Según el cronograma que diagramó el presidente de la comisión, Alejandro Carrancio (Crear-Cambiemos), el viernes lo harán la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Léniz, y el presidente del Ente de Vialidad (Emvial), Pablo Simoni.

El cronograma

Durante la semana siguiente, el 16 asistirán el presidente del Ente de Deportes (Emder), Carlos López Silva, y la titular del Ente de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler; el 17 se sentarán ante los ediles los secretarios de Educación, Luis Distéfano, y Cultura, Silvana Rojas; el 18 les tocará al secretario de Gobierno, Alejandro Vicente; al de Modernización, Sergio Andueza, y al subsecretario de Seguridad, Marcelo Lencina; el 19 irán el secretario de Salud, Gustavo Blanco, y el presidente del Ente de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao, mientras que el viernes 20 están invitados el secretario de Producción, Massimo Macchiavello, y el de Obras, Guillermo de Paz.

Una parte del oficialismo está dispuesta a aprobar los expedientes cuanto antes para no mantener más el cóctel de tasas sin actualización y presupuesto prorrogado que se mantiene desde principios de año.
Votación en comisión

El martes, un día después de la exposición de Mourelle, se abriría la primera oportunidad para votar en comisión las ordenanzas fiscal e impositiva, que la semana pasada el gobierno de Arroyo reenvió con cambios después de retirarlas para “adaptarlas” al Pacto Fiscal.

Para el dictamen será crucial el pronunciamiento de las bancadas del interbloque oficialista Cambiemos representadas en la comisión (Agrupación Atlántica, UCR y Crear), que tiene mayoría. Si juntan los votos, las normas podrían ser consideradas el jueves en el recinto. Además, necesitarían después ser sancionadas en una asamblea de concejales y mayores contribuyentes.

El presupuesto, por su parte, recién sería votado en la comisión cuando termine el desfile de funcionarios.

Críticas de sindicatos y martilleros

Pese a las modificaciones implementadas en los proyectos de ordenanza fiscal e impositiva, hubo inmediatas críticas.

La semana pasada más de 40 sindicatos acudieron al Concejo Deliberante para manifestarse en contra de una posible quita de exenciones que los obligaría a comenzar a pagar la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) correspondiente a sus inmuebles.

Los gremialistas expusieron ante la comisión de Hacienda que esta disposición sería “ilegal y nula” ya que violaría lo dispuesto por la ley 23.551, que en su artículo 39, exime a esta clase de instituciones del pago de cualquier tipo de impuesto o gravamen en los ámbitos nacional, provincial y municipal.

En la misma comisión se escucharon las quejas del Colegio de Martilleros, que a través de su vicepresidenta, Fátima Pugni, criticó la posibilidad de que los matriculados sean obligados a comenzar a tributar la Tasa de Seguridad e Higiene, quitándoles un beneficio concedido hace varios años.

“El Colegio tiene jurisdicción en los partidos de Balcarce, Mar Chiquita, General Alvarado y General Pueyrredon y este es el único municipio que plantea aplicar una medida de este tipo”, le dijo Pugni a LA CAPITAL.

Según explicó, el Colegio está pidiendo la conservación de este beneficio tal como ya se decidió hacerlo con los profesionales independientes que cumplan con el requisito de haber cursado carreras universitarias con más de 4 años de extensión.

Según Pugni, esta última condición “es discriminatoria” ya que los martilleros y corredores públicos reciben sus títulos universitarios luego de 3 años de cursada.

La posición sindical

La postura del sector sindical fue expresada por el secretario de Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio, Raúl García, quien les advirtió a los concejales que el intento del Ejecutivo de aplicar la TSU sobre los inmuebles pertenecientes a estas instituciones es ilegal.

“Acá hay una intención de desfinanciar a los sindicatos”, sostuvo y aseguró que en el caso de que la medida prospere las organizaciones gremiales acudirán a la Justicia con la seguridad de que obtendrán un resultado favorable.

“Entonces, ¿para qué judicializar algo que está tan claro?” se preguntó García, quien por esa razón les reclamó a los concejales la modificación del proyecto para “evitar que ambas partes fabriquen honorarios judiciales de manera innecesaria”.

Según García, la pretensión de la gestión de Arroyo de aplicar la TSU sobre las sedes sindicales “es desconocer la ley” e “ingresar en un conflicto que está perdido por el municipio, porque en este caso, la razón nos asiste más que nunca”.