La Justicia federal de Mar del Plata logró establecer 40 soluciones alternativas para causas penales en los últimos ocho meses.

Así lo señalaron desde dicho fuero, a través de un informe de publicado en la página web fiscales.gob. De acuerdo al documento, entre abril y diciembre de 2023 la Fiscalía Federal N° 2 -a cargo interinamente del fiscal Santiago Eyherabide y con la actuación del auxiliar fiscal Hércules Giffi– intervino en 40 casos que se dirimieron mediante resoluciones alternativas al proceso penal.

Como consecuencia de esos acuerdos, que aplican para casos de menor envergadura, se canalizó la donación de casi 12 millones de pesos para la Asociación Civil Amigos del Hospital Regional de Mar del Plata, que permitieron arreglos de camas y sillas de ruedas, una batería para el compresor de oxígeno, provisión de repuestos para ambulancias, la impermeabilización de techos de los quirófanos y aportes para la construcción del Hospital de Día para salud mental, entre otras acciones. De esta manera, se dio celeridad al servicio de Justicia y se lograron reducir los tiempos y gastos procesales.

Las soluciones alternativas se llevaron adelante a través de los institutos previstos tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal Federal (CPPF), acompañados por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación (ley 27148). Dicha línea de trabajo había sido impulsada por el fiscal general Daniel Adler al tomar el rol de fiscal de Distrito, y es parte de la política criminal de la Procuración General de la Nación.

“Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”, sostiene el artículo 22 del CPPF.

Los casos

El 70% de las causas en las que se logró una salida alternativa fueron abiertas por el delito de “falsificación de instrumento público y/o el uso de documentación adulterada”, vinculados centralmente a la tenencia de cédulas de identificación de automotores apócrifas. También hubo casos de violación a la ley de marcas y a la ley de comunicaciones móviles, falsificación de moneda y defraudación por el uso de una tarjeta de compras falsa.

En el expediente contra un hombre acusado de “encubrimiento de contrabando de cigarrillos” se celebró un acuerdo de juicio abreviado. Es decir, que el imputado reconoció el hecho y fue condenado a dos años de prisión en suspenso además de la multa.

En tres de los casos analizados, se aplicó la herramienta prevista en el artículo 76 bis del Código Penal, la suspensión del proceso a prueba, en dos situaciones por un año, y en la tercera -que resultaba más gravosa- por dos años. “Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada”, detalla el texto de la norma. Este instituto no puede ser aplicado en personas con antecedentes penales, en casos donde la pena prevista por el delito cometido supere los tres años, ni en funcionarios públicos.

El resto de los acuerdos tuvo su fundamento normativo en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que establece que la acción penal se puede extinguir “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.

En tres causas, la solución alternativa al proceso penal se dirimió con el pago por el daño causado directamente a la persona o entidad afectada. Uno de estos casos -denunciado por la Prefectura Naval Argentina– fue por infracción a la ley de residuos peligrosos y el acusado debió abonar las facturas emitidas por la fuerza de seguridad y el Consorcio Portuario Regional relativas a la remediación del daño ambiental ocasionado. El monto ascendió a más de 6,5 millones de pesos.

En otro de los casos, se acordó el pago de 120.000 pesos para subsanar un conflicto penal por una estafa en la compra venta de un vehículo. El tercero de los expedientes que se resolvieron de esta forma se vinculó a la falsificación de documentos públicos en ámbito de la Delegación de Migraciones, por parte de una abogada que falsificó la firma de su representada y quiso cobrarle honorarios que no habían sido regulados. Allí el pago fue de 3500 dólares.