Empresas distribuidoras de energía eléctrica que se desempeñan en el territorio bonaerense defendieron ayer el incremento tarifario y sostuvieron que les permitirá garantizar el servicio, al tiempo que escucharon pedidos y reclamos de entidades defensoras de los derechos de los usuarios.
Durante la audiencia pública que se realizó en el gimnasio B del estadio José María Minella, la primera que se desarrolló en la provincia para intercambiar conceptos sobre un aumento tarifario, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera) y los representantes del sector cooperativo sostuvieron que no se puede asegurar una buena prestación del servicio sin tarifas “justas y razonables”.
La jornada comenzó con una presentación formal del presidente del Organismo de Control de Energía Eléctrica (Oceba), Jorge Arce, quien destacó que las audiencias públicas “fortalecen la democracia y transparentan los actos de gobierno”, a la vez que trazó un panorama de cómo está compuesta la prestación del servicio eléctrico en el territorio bonaerense.
Puntualizó que hay cuatro empresas distribuidoras (EDEA, que presta el servicio en Mar del Plata y toda la zona atlántica, EDEN, EDES y Edelap), 200 cooperativas y una empresa de economía mixta.
El ingeniero Alberto Rica recordó que los contratos de concesión entre el Estado provincial y esas compañías se “adecuaron” entre 2005 y 2006, salvo con Edelap, con la cual se firmó un protocolo de entendimiento recién en 2011. Rica aclaró que esos contratos incluyen la actualización de los precios. “Entendemos que recomponer la situación de los costos de distribución permite mantener y expandir las redes, así como los costos para una explotación adecuada”, indicó.
El consumo de energía eléctrica creció en 10 años un 42%, “de 1.818 megavatios en febrero de 2006 a 2.585 en enero de 2016”.
Arce volvió a tomar la palabra para marcar los avances que, desde su punto de vista, se dieron para incorporar más usuarios en la tarifa social. Por caso, resaltó que el gobierno bonaerense logró empezar a influir ante los organismos nacionales en los criterios de selección de los beneficiarios.
Destacó que en la provincia hay unos 367.714 usuarios con tarifa social, de los cuales 71.263 corresponden al área que abarca EDEA. “Pudimos contener en esta tarifa a los sectores más vulnerables”, dijo.
El gerente de Adeera, Claudio Bulacio, aseguró que, de acuerdo a los contratos de las empresas, el precio mayorista de la energía eléctrica se traslada a la tarifa “sin necesidad de audiencia pública”.
Bulacio fue gráfico al comparar el costo del servicio con otros productos y servicios. Especificó que los usuarios que consumen 150 kilovatios por hora por bimestre en Mar del Plata pagan por día $4,85, mientras que quienes consumen 450 kilovatios por hora por bimestre abonan $15 por día.
“El kilo de pan cuesta $30, un diario $20, el paquete de cigarrillos $27, el servicio de cable $20 y el de internet $15”, enumeró. “Resulta necesario recomponer el valor agregado de distribución ajustándolo a la realidad de los costos. Se debe mantener el traslado del precio mayorista de la energía al usuario final”, completó.
Omar Malondra, vicepresidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Eléctricas, mencionó que el 41% de los usuarios de energía eléctrica en la provincia (940.000) están bajo la órbita de cooperativas.
“Las tarifas deben reflejar los costos. Tener precios justos. Si no contamos con los recursos necesarios mal podemos garantizar la calidad de vida de nuestros asociados”, afirmó.

Piden información

Juan Carlos Tuzzolino, director del área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la provincia, aprovechó para sostener la necesidad de que se realicen audiencias públicas cada vez que se modifican los cuadros tarifarios de los servicios públicos. La audiencia de ayer “sentará un precedente” para que así sea, destacó.
Aunque no es vinculante, Tuzzolino subrayó que permite a los habitantes a “contribuir a la calidad de las decisiones públicas”.
En cuanto al aumento, solicitó “consideraciones más flexibles” para quienes quieran acceder a la tarifa social. Hizo foco en el requisito que señala que no puede ser beneficiario aquel usuario que tenga un vehículo de hasta 15 años de antigüedad.
Todo aumento de tarifa, según señaló, debe respetar tres principios: el de la “progresividad”, el de la “razonabilidad” y el de ser informado con la suficiente antelación “para que los usuarios cuenten con información para tomar las decisiones respecto, por ejemplo, al uso racional”.
También es necesario que haya “un cuadro tarifario especial para las entidades de bien público: clubes barriales, sociedades de fomento, bibliotecas y comedores escolares”.
“Nos parece que el tema del aumento ha tenido muchas idas y vueltas. Hay muchísima desinformación”, cuestionó por su parte Martín Ponsá, presidente de la Asociación de Ayuda a Usuarios del Servicio Eléctricos (AUSE), que también habló en representación de la Liga de Amas de Casa local.
“Notamos que no ha habido difusión masiva (en la convocatoria a la audiencia pública). El encuadre fue desprolijo, una falta de respeto a los usuarios, que están con muchísimas inquietudes”, agregó.
Ponsá puntualizó que “tiene que haber una discriminación de la tarifa eléctrica” porque “no se puede considerar que toda la provincia de Buenos Aires tenga exactamente la misma tarifa, ya que cada sector pasa por una situación diferente”.