La Confederación General Empresaria de la República Argentina (GCERA) solicitó conformar una mesa de trabajo con senadores bonaerenses para “evitar” los cambios en la Ley de Indemnizaciones Laborales, que aumenta el monto por el cual se condena a los empleadores.

A través de una misiva dirigida a la vicegobernadora Verónica Magario, titular de la Cámara Alta bonaerense, los empresarios solicitaron la conformación de una mesa de diálogo “urgente” con senadores “para evitar esta modificación legislativa que traerá graves consecuencias para las PYME locales”.

Además, exigieron que se revea el tratamiento del expediente “y no se avance hasta tanto se genere este espacio, y se evalúe el grave perjuicio para las pymes y para la generación de empleo”.

“Nos dirigimos a usted a fin de manifestar nuestro rechazo a la modificación del artículo 48 de la ley 11.653 que cuenta con media sanción que dio la Cámara de Diputados provincial, modificando la fórmula para establecer las indemnizaciones laborales”, planteó el escrito de GCERA dirigido a Magario.

La entidad empresarial explicó que se trata de un cambio en la forma en que se calculan los intereses en las sentencias por juicios laborales, a través de la modificación del artículo 48 de la ley 11.653.

El proyecto establece que el monto indemnizatorio por el que se condene al empleador se deberá actualizar según el CER + 6% anual. El cálculo de tiempo se deberá computar desde la fecha de cese de la relación laboral hasta el efectivo pago de la indemnización correspondiente.

El sistema de actualización conlleva un resultado “manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas”, cuestionó la GCERS.

El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) implica una indexación basada en el índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y contiene en su fórmula de capitalización diaria, con lo cual contraría la legislación vigente en cuanto a la prohibición del art. 770 del Código Civil y también de los art. 7 y 10 de la ley 23.928 (en versión ley 25561).

La naturaleza del CER fue como índice en lugar de tasa propiamente dicha, cuyo origen incluyó la conversión forzosa de depósitos bancarios en moneda extranjera a pesos.

“Es decir, que se interpreta erróneamente considerar que la simple regulación por parte del Banco Central convierte esta herramienta financiera en una ‘tasa’ y, aún más, en una tasa adecuada para la actualización de créditos laborales”, resaltó la organización empresarial.

Según GCERA, la aplicación de la tasa de actualización prevista en la reforma del artículo 48 de la Ley 11653 “no solo es un fracaso en encontrar una solución a la problemática original y derivada (depreciación de los créditos laborales), sino que continúa generando un resultado desproporcionado y de significativo impacto para las empresas, comprometiéndolas a su cierre y/o reducción”.

“Es por ello por lo que entendemos que el parámetro de la tasa debe ser modificado concretamente por uno que se encuentre dentro del sistema bancario y sin una actualización extra, ya que la misma se encuentra incluida en la misma tasa”, sentenció la organización.