La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) rechazó el dictamen de mayoría acordado en el marco del tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados: “Es nefasto para la actividad”, señaló la entidad que nuclea a empresarios del sector.

A través de un comunicado, CAIPA remarcó que “si el proyecto original era malo”, el nuevo, en el que se agregaron algunas modificaciones, “es también nefasto para la actividad”.

En la misma línea, la cámara destacó que solo a partir del momento que se presentó un proyecto de modificación de la Ley Federal de Pesca, alterando el otorgamiento de las cuotas de captura por un sistema de licitación, “se causó un daño gravísimo a toda la actividad pesquera y también a la industria naval”.

El argumento es que “ningún operador pesquero continuará con los proyectos de inversiones o de construcción de barcos si no tiene certeza de si va a poder mantener las actuales cuotas de captura que tiene o si las mismas podrán pasar a un mejor postor, al que el proyecto de ley no le exige todas las inversiones, ocupación de mano de obra, que se le exigieron a los armadores nacionales”.

Frente a esta situación, CAIPA comunicó que “queda a la espera de que, al producirse el debate parlamentario de la ley, todos los legisladores que entendieron las razones que se le brindaron para considerar totalmente inconveniente el proyecto presentado, cumplan con su palabra y voten rechazando en su totalidad todo lo referido a la pesca“.

En otro pasaje del comunicado, la entidad contestó a los cuestionamientos del Gobierno hacia el sector tras incluir algunas modificaciones al proyecto original. La gestión de Javier Milei planteó en una nota que la pesca es “un recurso natural que es de todos los argentinos” y que es explotado “sin que la población se pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”.

En ese sentido, informó que “las regalías en langostinos son de alrededor del 0,3% y los de merluza hubbsi, 0,15%. Este es el problema que urge resolver. De esta manera, el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras”

Al respecto, CAIPA planteó que el Gobierno “no tiene en consideración que el langostino es una especie que no se encuentra cuotificada, por lo cual hasta que se logre realizar la misma va a ser imposible licitarla. Y, en relación a la especie merluza, tampoco tiene en cuenta que si el valor que se paga es bajo, ello es por exclusiva culpa de la ineficiencia del Estado”.

La cámara empresaria indicó que, “con la finalidad de mejorar la recaudación”, el Gobierno “modifica un sistema que no está cuestionado por ninguno de los operadores del sector, tanto sean empresarios como trabajadores, ni tampoco por las provincias con litoral atlántico que, conjuntamente con el Poder Ejecutivo Nacional, tienen representación en el Consejo Federal Pesquero que, según la ley actualmente vigente, la ley 24.922, es el encargado de definir la política pesquera nacional”.

Por otro lado, CAIPA esgrimió que es “grave” que el proyecto de ley plantee “como método para lograr una mejor recaudación el licitar las cuotas de captura al mejor postor sin tener en cuenta, como lo dispone el artículo 27° de la ley actual, que para poder obtener una cuota de captura es necesario primero contar con un permiso de pesca y, luego, superar la aprobación que realiza el Consejo Federal Pesquero”.

Un esquema en el que se evalúan “las inversiones realizadas, la mano de obra ocupada, el promedio de capturas legales realizada por la empresa, el promedio de toneladas de productos pesqueros elaborados por la misma y, además, verificar si la empresa tiene sanciones por incumplimiento de la legislación pesquera”.

“Todo eso se deja de lado y se reemplaza por una licitación para lograr una mejor recaudación”, cuestionó CAIPA.

Y agregó: “El que elaboró el proyecto no leyó la Ley Federal de Pesca. No tiene en cuenta que esa misma ley dispone que el Consejo Federal Pesquero es que el establece los derechos de extracción y fija los cánones, lo que demuestra que si el Estado considera que hasta ahora la pesca no brindó regalías convenientes para el mismo, ello ocurre por su propia culpa o negligencia, ya que el Estado tiene 5 votos sobre 10 posibles en el Consejo Federal Pesquero y doble voto en caso de empate”.

En tanto, CAIPA recordó que “no se puede pescar sin límite para aumentar la recaudación, ya que se puede pescar hasta el límite que a tal efecto determina el Consejo Federal Pesquero en base a la información científica que le brinda el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero)”.

“Además, las modificaciones ahora propuestas también demuestran que no se han tenido en cuenta los otros artículos de la Ley Federal de Pesca que se mantendrían vigentes, ya que al modificar las atribuciones y competencias del Consejo Federal Pesquero y de la autoridad de aplicación, se hace con un criterio sabrán dentro de qué ámbito se deberán desempeñar”, expuso la cámara.

Por último, la entidad que nuclea a empresarios del sector informó que la pesca, “sin intervención alguna del Estado y compitiendo en todos los mercados del mundo, logró que las exportaciones argentinas superen los U$S 1.800.000.000 por año”.

En este sentido, cuestionaron que se apliquen retenciones a las exportaciones. “Esto es un impuesto por exportar que, en promedio, puede calcularse en un 5%, lo que significan U$S90.000.000 por año que deben abonar las empresas”.

El escrito deslizó que las firmas del sector han realizado “millonarias inversiones en plantas y barcos en todo el litoral atlántico, generando trabajo en forma directa para más de 40.000 personas y en forma indirecta para más de 80.000”.

A ello se debe agregar, concluyó CAIPA, “lo que las empresas abonaron por la adjudicación de las cuotas y los cánones de extracción que se abonan todos los años por las capturas realizadas”.