Los investigadores del crimen de Fernando Pérez Algaba, cuyo cadáver descuartizado fue encontrado la semana pasada en un arroyo de la localidad de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora, realizaron este lunes una inspección ocular en el campo donde dos testigos dijeron haberse encontrado con él el martes 18 de julio para pagarle una deuda de 75.000 dólares, mientras se aguarda el peritaje en busca de rastros de la víctima en la camioneta que manejaba los días previos a ser asesinado.

En tanto, un juez de Garantías de Lomas de Zamora rechazó un pedido de excarcelación formulado por Alma Nicol Chamorro, la mujer trans que había sido detenida como “partícipe secundaria” del crimen del empresario porque era quien tenía la valija en la que, luego, fueron halladas las extremidades seccionadas de Pérez Algaba.

De acuerdo con los datos incorporados al expediente que tiene a su cargo el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, ese campo de General Rodríguez, en el oeste del conurbano bonaerense, es el último lugar en el que alguien lo vio con vida a Pérez Algaba, alias “Lechuga”, por lo que los peritos concurrieron para hacer un relevamiento del lugar y buscar cámaras de seguridad que pudieran haber captado la forma en que la víctima se fue de ese lugar.

Tanto fuentes judiciales como policiales aseguraron que la inspección se realizó este lunes a la mañana y que no obtuvo resultados respecto a elementos de importancia para los pesquisas.

Es que los dos testigos que ya declararon en el expediente, Nahuel Vargas y Maximiliano Pilepich, relataron que se encontraron allí con él para saldarle una deuda y que, luego de entregarle el dinero, se fueron y Pérez Algaba se quedó solo.

Vargas es un examigo de Fernando con quien realizaba negocios, y Pilepich es un hombre vinculado al rubro de la construcción que era dueño de la camioneta Range Rover Evoque 2012 color blanca en la que Pérez Algaba se movilizó dos días previos a su desaparición y que el propio dueño entregó el pasado viernes a los investigadores del caso.

Según detallaron fuentes vinculadas a la causa, Vargas y Pilepich le debían a Pérez Algaba 150.000 dólares, 75.000 de los cuales le habían devuelto en una escribanía de Castelar, mientras que la suma restante supuestamente se la restituyeron durante un encuentro que mantuvieron en ese campo de General Rodríguez el 18 de julio, último día en que “Lechuga” fue visto con vida.

De la pesquisa surgió que ese día, Pérez Algaba y Vargas fueron juntos hasta General Rodríguez a bordo de la Range Rover blanca que Pilepich le había prestado cuando el empresario volvió de Estados Unidos.

Desde ese momento no se supo nada más de “Lechuga” hasta que su cuerpo descuartizado fue encontrado adentro de una valija roja y una mochila en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

La camioneta Range Rover recién fue secuestrada por los investigadores el viernes pasado, es decir, cinco días después del hallazgo de los restos de Pérez Algaba.

El vehículo fue entregado por el propio Pilepich y en las últimas horas fue sometida a distintos peritajes en busca de rastros, ya sea manchas de sangre o restos orgánicos con los cuales se pudieran elaborar ADN para ser cotejados eventualmente con el patrón genético de sospechosos, dijeron las fuentes judiciales.

Por otra parte, el fiscal Domínguez aguarda los resultados de los peritajes que se realizarán este martes sobre una remera y una campera secuestradas a la mujer trans Chamorro, donde se detectaron algunas manchas que se investiga si son de sangre.

No obstante, su abogado, Marcelo Ponce, dijo que esas manchas son de salsa, ya que al ser apresada Chamorro estaba cocinando.

Esta tarde, el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Ariel Monelos, rechazó un pedido de excarcelación o de arresto domiciliario de Chamorro que había formulado la Defensa Oficial, al asegurar que en caso de ser condenada por el delito que se le imputa (participe secundario de un “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego”) “no podría ser de ejecución condicional”.

Chamorro, quien aún no declaró en la causa porque en su primera indagatoria optó por negarse, fue detenida porque los investigadores determinaron que la valija en la que fueron hallados algunos de los restos de Pérez Algaba estaba en su poder y había sido sustraída por ella a familiares suyos.

En tanto, los pesquisas establecieron que el microchip que posee el perro bulldog llamado “Cooper” que pertenecía a la víctima y que recién fue hallado el sábado último en el barrio porteño de Villa Lugano, no posee geolocalización, por lo que no sirve para establecer cuáles fueron los últimos movimientos de Pérez Algaba.

“Es un chip común que se usa en Estados Unidos, que casi todos los perros de raza tienen y que almacena su historia clínica”, explicó a esta agencia un investigador.

Ahora, tras descargarse la información del dispositivo, la mascota será restituida al hermano de la víctima, Rodolfo Pérez Algaba, dijeron los informantes.

“Copper” fue hallado en la plaza Sudamericana, conocida como “El Ombú”, ubicada sobre la avenida General Roca y Lisandro de la Torre, cercana al complejo de edificios de Villa Lugano 1 y 2, por una joven que caminaba por el lugar.
La desaparición de Pérez Algaba fue denunciada por la dueña del departamento que éste le había alquilado en Ituzaingó de manera temporal entre el 12 y 19 de julio últimos, quien al no tener noticias suyas y no recibir respuesta a sus mensajes, decidió acudir a la policía.

Los voceros dijeron que de la autopsia surgió que Pérez Algaba fue ejecutado de dos disparos por la espalda y que fue descuartizado tras su muerte y que también presentaba en la espalda una lesión cortante post mortem, añadieron las fuentes.

Los investigadores determinaron que Pérez Algaba se dedicaba desde hace años a la compra y venta de automóviles de alta gama, y a tal fin en creó una empresa en estado de Florida, en la costa este de Estados Unidos. Pero un informe financiero reveló que en la actualidad estaba calificado como un agente “irrecuperable” por sus deudas, principalmente de su empresa llamada Motors Lettuce S.R.L..

Además, establecieron que registraba reiteradas amenazas de personas a las que les debía dinero, entre ellas Gustavo Iglesias, un presunto barra brava de Boca Juniors, de quien se conocieron al menos media docena de conversaciones telefónicas con Pérez Algaba en las que le decía que si no le devolvía el dinero prestado le iba a arrancar los ojos y a cortar las manos.