Para el personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) los nuevos recortes aplicados en su presupuesto, que esta vez incluyeron el despido de más de 200 trabajadores, representa la profundización de un proceso de ajuste iniciado hace más de dos años que viene resintiendo la tarea de control que el organismo realiza sobre los alimentos que se producen en el país para el consumo interno y la exportación.

“Ya hacia fines de 2015 comenzó a haber una reducción de personal y una notoria falta de recursos para garantizar que el Senasa pueda prestar sus servicios más básicos”, le aseguró a LA CAPITAL Manuel Baldo, el delegado de Apumag, uno de los gremios que representa a los trabajadores del ente.

Tal y como ocurre en otras delegaciones del país, el personal del Senasa de Mar del Plata protagoniza desde hace varios días una medida de fuerza en reclamo por la reincorporación del personal despedido y para denunciar la intención del gobierno nacional de continuar achicando el presupuesto de la institución, apelando incluso, a la tercerización de algunas de sus prestaciones.

La oficina local del Senasa es la cabecera de la Regional Sur cuya jurisdicción se extiende desde la ciudad de Dolores hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Sus 380 trabajadores tienen a su cargo el control de la inocuidad de los alimentos que se producen, transportan y comercializan dentro de un área que incluye algunos puntos críticos. Entre ellos figuran el puerto de Mar del Plata, por el cual se realiza la mayoría de las exportaciones pesqueras del país y los puertos de Necochea, Quequén y Bahía Blanca, desde los cuales se despacha buena parte de los granos que la Argentina comercializa en el exterior.

“Los recortes no son algo nuevo. Venimos conviviendo con ellos desde hace dos años y se reflejan en la falta de movilidad para que los trabajadores podamos realizar nuestra tarea en cada uno de los establecimientos que producen y exportan alimentos en la zona. No sólo no hay vehículos, tampoco hay dinero para el combustible. Por eso desde hace varios meses nosotros mismos tenemos que poner plata de nuestro bolsillo para, por ejemplo, poder certificar una exportación de carne en el frigorífico de Vivoratá”, le explicó a LA CAPITAL una profesional del organismo.

El achicamiento del gasto también se percibe en el laboratorio que funciona en la oficina ubicada en el puerto local, dedicado a analizar las muestras de los alimentos que se producen en la región.

“No tenemos los insumos imprescindibles para hacer nuestro trabajo”, aseguró una técnica de esa dependencia.
Debido a los recortes en el gasto, el laboratorio no cuenta con algunos reactivos imprescindibles y desde hace meses tampoco recibe repuestos para sus equipos, por lo que varios de ellos están fuera de servicio.

En las actuales condiciones este laboratorio, el único del interior del país certificado con las normas ISO17025, tiene cada vez más dificultades para realizar análisis, que por ejemplo, permitan detectar la presencia de toxinas en mariscos, bacterias en pescados, de salmonella en huevos, del síndrome urémico hemolítico en la carne vacuna o de triquinosis en carnes de cerdo.

“Toda esta situación está causando un potencial riesgo en la población debido a que actualmente nosotros tenemos muy serias dificultades para poder comprobar la inocuidad de los alimentos que se exportan o que llegan los consumidores internos”, aseguraron los trabajadores.

Para quienes se desempeñan en el laboratorio también existe la inquietud de que, debido a las deficiencias que existe en su funcionamiento, el establecimiento pierda su certificación ISO17025.

“Obtuvimos esa habilitación, exigida por algunos mercados internacionales, hace cuatro años, después de haber trabajado durante seis para lograrla. Sería muy penoso perderla”, señaló una técnica del Senasa.

Personal insuficiente

Para los trabajadores la reciente ola de despidos, surgida del “proceso de reestructuración del Estado” impulsado por el Gobierno nacional, también resulta paradójica frente a los resultados de una auditoria realizada meses atrás por el Ministerio de Modernización de la Nación.

“En ese trabajo se determinó que nuestra regional no contaba con el personal suficiente para poder cumplir con sus funciones como corresponde”, aseguraron los trabajadores.

Según los cálculos de los propios empleados, antes de que fueran anunciados los últimos despidos, la Regional Mar del Plata ya había visto reducida en un 30% su cantidad de personal.

“Hubo un ajuste silencioso y constante, que se concretó al no haber realizado nuevas incorporaciones para reemplazar a todos los trabajadores que en los últimos dos años se jubilaron, renunciaron o fallecieron”, afirmaron.

El personal del Senasa teme que el ajuste se profundice y que en los próximos meses avance mediante la modalidad de la “tercerización” de sus servicios.

“Se trata de delegar en profesionales particulares el trabajo que hace el Senasa como organismo oficial. La idea sería la de permitir que cada empresa contrate a sus propios técnicos para que ellos mismos certifiquen la inocuidad de los alimentos que ellos mismos producen”, explicaron.

Para los trabajadores está claro que esta iniciativa, además de debilitar al organismo, sería “inviable” debido a que las funciones que el gobierno pretendería tercerizar “deben ser ejercidas por el Estado y son indelegables”, ya que así lo exigen las normas de comercio internacional.

“Los mercados más exigentes, como la Unión Europea, requieren que los controles de inocuidad de alimentos sean realizados por organismos oficiales y esa es una tarea que únicamente puede ser cumplida por el Senasa”, advirtieron.