Hace unos 8 meses el nombre y la firma de Lucía Martín aparecieron en una carta junto a los de otros radicales.
La nota llegó a los domicilios de los afiliados a ese partido, convocándolos a reflexionar el voto por Mauricio Macri y por Carlos Arroyo.
En el texto se expresaba una postura crítica sobre la alianza política entre el PRO y la UCR.
Para ese entonces Martín ?hermana del ex presidente del comité radical, Carlos Martín- ya había hecho públicas sus discrepancias con la naciente coalición Cambiemos y manifestado sus prevenciones contra las políticas que un eventual gobierno de Arroyo podría aplicar en Cultura del municipio, en la cual ella se desempeña desde hace 21 años. El 12 de febrero de este año la funcionaria recibió una desagradable sorpresa. El Ejecutivo había dispuesto removerla del cargo de directora en el que venía desempeñándose, sin ninguna fundamentación y dejando sin efecto su nombramiento, el cual por razones burocráticas había quedado resuelto en el mes de diciembre.
“No tuve la menor duda que la baja de mi cargo respondió y responde a una persecución política, o sea a una ‘venganza’ por mis opiniones”, aseguró Martín en una carta dirigida a los medios.
El puesto que ocupaba era el de directora de Programas Socioculturales. Su baja provocó que regresara a su función anterior como jefa de división.
Desde entonces la empleada inició una serie de reclamos administrativos para exigir que la decisión sea revertida y también intentó dialogar con todos sus superiores. “Varios jerárquicos de la Municipalidad, con una gran experiencia administrativa, me dijeron que el decreto de mi baja era ‘un disparate’ y ‘una vergüenza'”, sostuvo.
Eso la animó a presentar una demanda que ahora se tramita en los Tribunales. “Confío en que el Poder Judicial hará justicia, pero necesito hacer pública esta denuncia”, sostuvo.
“En al año 1976 fui secuestrada y pasé los peores días de mi vida en el centro clandestino de detención ‘La Cueva’, en la Base Aérea. Durante muchos años pensé y sentí que ‘eso’ que ‘me había pasado’, era ‘mi problema’. Tardé muchos años en darme cuenta de que cuando el Estado realiza actos de ‘venganza’ y/o ‘persecución’ contra el ciudadano que piensa distinto, el problema no es de ese ciudadano sino de toda la comunidad”, señaló Martín.
“La comunidad naturaliza las actitudes arbitrarias y persecutorias o las repudia. Creo que no hay medias tintas en temas de esta gravedad. Yo personalmente las repudio y no sólo cuando me afectan en forma directa. Las repudio siempre porque es grave que, salvando las distancias del horror, hoy pasen las mismas cosas que hace 40 años. Aquello fue atroz, pero el hecho persecutorio en sí mismo tiene la misma lógica: “Detentar el poder por sobre los derechos del ciudadano, vengarse del ciudadano -en este caso la empleada- que piensa distinto”, son decisiones de una enorme gravedad institucional. Repudio esta ilegal, arbitraria y discriminatoria decisión que me perjudica en el final de mi carrera municipal después de haber tenido una impecable trayectoria y atenta contra la eficiencia del área que estaba a mi cargo”, indicó.

Las razones del desplazamiento

Martín cree tener en claro cuáles fueron las circunstancias que generaron malestar en las autoridades que asumieron el 10 de diciembre, algunas de las cuales ya ni siquiera están en el gobierno.
Según dijo, algo que influyó fueron sus declaraciones al diario LA CAPITAL en el mes de septiembre, cuando como “una afiliada radical desde hace 35 años di mi opinión acerca de la unión del centenario Partido Radical con el PRO”, recordó.
“Palabras similares fueron enviadas por carta, firmada por varios radicales que teníamos esta opinión, a los domicilios de muchos afiliados. La nota del diario y la carta no eran en absoluto insultantes, sino una invitación a nuestros correligionarios a reflexionar sobre su voto”, indicó Martín.
En su denuncia pública, la funcionaria se ocupó de aclarar un hecho no menor. Dijo que si bien el decreto con su designación como directora fue fechado en diciembre pasado, en realidad la decisión de promoverla no había sido reciente, sino que había sido adoptada en 2014 y a partir de una propuesta presentada por las dos jefas de áreas sociales, a las autoridades en 2013 con el fin de unificar las áreas y así optimizar los recursos humanos y económicos de ambas.
Martín, quien trabajó como empleada municipal durante gobiernos de distinto color político, es ampliamente conocida en el ámbito de la cultura local. Es actriz -nominada varias veces como Mejor Actriz en el Estrella de Mar, galardón que obtuvo en 1990, jurado de los Premios Estrella de Mar y Vilches tres años consecutivos, docente durante más de 20 años y una de las fundadoras de “Teatro por la Identidad”.
Desde hace casi 9 años bajo su órbita están los programas “Usinas Artísticas” en 65 barrios y “LiberArte” que trabaja con las personas detenidas en las Unidades Penitenciarias de Batán.
“Hoy yo debería ser directora de Programas Socio Culturales hasta llamado a concurso y en cambio soy discriminada, degradada, humillada y dada de baja de manera ilegal”, sostuvo.
Pero en su denuncia, no sólo reclamó por ella. “Los 49 capacitadores que dependerían de mí no han sido reincorporados perdiendo sus fuentes de trabajo. El Ejecutivo aduce falta de dinero para recontratarlos lo que no es real ya que la planta política de 7 miembros que hay en Cultura cuesta exactamente lo mismo que los 49 capacitadores”, señaló.
“Además, la ausencia de los capacitadores afecta a más de 10 mil niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de los barrios más vulnerables que dejaron de recibir los esenciales servicios que los artistas proponían y compartían.
“Por todo lo expuesto resulta imprescindible y urgente que el Ejecutivo municipal revea cada una de sus decisiones”, sostuvo.