En lo que se convirtió en un nuevo round de la disputa que mantiene desde principios de año el gobierno municipal con el Consejo de la Niñez, el organismo eligió la nueva terna coordinadora y la administración que conduce Carlos Arroyo ya anticipó que la invalidará.
Pero ese hecho es solo una parte de lo que sucedió. Hay que sumarle además el fuerte cruce de declaraciones que, a raíz de este cortocircuito, tuvieron las autoridades del Consejo con el subsecretario legal y técnico, Gustavo Gil de Muro. Mientras el Consejo habló de una actitud “intimidatoria y antidemocrática” del Ejecutivo, el funcionario dijo que sectores kirchneristas buscan “recuperar prebendas y beneficios” que obtuvieron “en la gestión anterior”.
El martes, el Consejo de la Niñez realizó la asamblea ordinaria de septiembre, durante la que eligió la terna para ser elevada al Poder Ejecutivo, “tal como marca la ordenanza Nº 18897”, según informó.
Antes de la elección, los coordinadores José Alfaya y María de los Ángeles Lorenzo recibieron una carta documento firmada por Gil de Muro: el subsecretario les solicitaba que se abstuvieran de elevar una nueva terna de autoridades.
Pero los coordinadores no solo hicieron caso omiso al pedido, sino que además lanzaron fuertes críticas al gobierno. “Este es otro acto intimidatorio más por parte del gobierno de Arroyo. Claramente esto es una represalia por el amparo que presentamos en defensa de los derechos de los chicos”, señalaron.
Aludían a la acción de amparo de incidencia colectiva “por la grave amenaza al ejercicio del derecho a la cultura y al derecho a la educación de más de 13.200 chicos de General Pueyrredon” que presentaron en la Justicia el 3 de junio junto con la Defensoría del Pueblo.
“Primero fueron palabras agraviantes sobre nuestra legitimidad, luego nos sacaron la sede de funcionamiento y ahora nos envían un carta documento para impedir nuestro normal funcionamiento. Estas prácticas son antidemocráticas”, denunciaron desde el Consejo.
Gil de Muro fue igualmente duro. “Una vez más, sectores estrechamente vinculados al kirchnerismo demuestran un profundo rechazo a la figura y gestión de quien fuera legítima y masivamente ungido como intendente por el voto popular, y se escudan en la defensa de derechos sociales para intentar imponer políticas públicas que son resorte exclusivo del Departamento Ejecutivo”, lanzó.
Gil de Muro negó que el gobierno haya llevado adelante acciones “intimidatorias y antidemocráticas”. Dijo que la gestión de Arroyo “no se apartará jamás del procedimiento de designación de autoridades del Consejo Local de la Niñez, regulada por la ordenanza 18897, sancionada en el año 2009”.
Comentó que, en esa línea, la gestión comenzó “hace más de un mes a cursar las invitaciones a distintas instituciones, organizaciones y actores sociales, educativos y culturales (colegios profesionales, universidades, gobierno provincial, organizaciones sociales y el Concejo Deliberante), con el propósito de que designen a sus representantes para conformar y regular legalmente” el Consejo y “elevar la terna al Departamento Ejecutivo para que el intendente municipal designe al coordinador general”.

“Carecen de legitimidad”

Según Gil de Muro, quienes convocaron a la asamblea del martes “carecen de legitimidad para ello por cuanto no fueron designadas en el marco del procedimiento previsto por la propia ordenanza”. En esa dirección, tildó de “irregular” la convocatoria a asamblea y de “anulables” las designaciones que allí se hicieron.
“Lamentamos que quienes deben actuar como asesores y colaboradores del Ejecutivo dentro de la órbita municipal pretendan transitar el camino de la autogestión de políticas públicas e imposición de medidas y acciones de indudable índole gubernamental”, cuestionó. Y agregó: “Invitamos a estos sectores al debate democrático, a transitar el camino de la tolerancia, al respeto de las normas legales y a la defensa de las instituciones democráticas, siempre en el marco del estado de derecho”.
El funcionario no dejó pasar por alto la alusión al amparo presentado en la Justicia. Sostuvo que el gobierno municipal hizo “la defensa jurídica” que se presentó contra el intendente “careciendo de legitimación”. Y acotó:
“Estamos convencidos de que la planificación de las políticas públicas es una cuestión y decisión política no sujeta a revisión judicial, mientras no se afecten derechos ni se transgredan normas legales. La Justicia puede controlar el accionar del Estado, pero no suplir su actuación en materia de definición de acciones de gobierno”.
El subsecretario legal y técnico afirmó que “los derechos de los niños son universales, irrenunciables e indelegables” y que “no hay mayor garante de los mismos que el Estado nacional, provincial y municipal, pero lamentablemente quienes detentan el Consejo Local de la Niñez se escudan en la noble causa para intentar recuperar prebendas y beneficios económicos que de manera irregular obtuvieran en la anterior gestión de gobierno municipal, al margen de las necesarias previsiones presupuestarias”.

Trasfondo y norma

La controversia entre el Consejo de la Niñez y el gobierno de Arroyo comenzó en enero, cuando el organismo reclamó la continuidad del Programa Educativo Barrial (PEBA). Continuó en junio, con la presentación del amparo, y se profundizó en septiembre, cuando los coordinadores denunciaron que el Ejecutivo los dejó “sin lugar para funcionar”.
Según la ordenanza 18897, el Consejo debe estar conformado por tres representantes del gabinete social municipal, tres de las áreas provinciales de desarrollo social, seguridad, justicia y derechos humanos, dos de la Comisión de Calidad de Vida del Concejo Deliberante, tres de organizaciones sociales, culturales, deportivas y religiosas de la comunidad, dos de colegios de profesionales y dos de universidades.
También asegura que el organismo “funcionará en la órbita del Departamento Ejecutivo” y “contará con un coordinador general y un equipo profesional de apoyo” designados por el intendente con acuerdo de sus integrantes por un plazo de dos años renovables en un solo período.