Ante la observación de múltiples transgresiones administrativas de relevancia, anomalías e irregularidades en el segundo año de gestión, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aplicó duras sanciones al intendente Carlos Fernando Arroyo y multas, no solo a él sino a otros miembros de su gabinete.

Según pudo establecer LA CAPITAL, en el estudio de cuentas del Ejercicio 2017 el Tribunal emitió una sentencia a través de la cual formuló cargos al intendente por más de $800.000 por una serie de faltas en el segundo año de la administración de Arroyo.

Además, el Tribunal notificó que en un plazo de 90 días el jefe comunal deberá depositar en el Banco de la Provincia de Buenos Aires la suma de $40.000, correspondientes a la multa que se le ha aplicado. También recibieron sanciones de distinta índole varios miembros del gabinete municipal.

No es la primera vez que Arroyo debe enfrentar cargos y multas ante irregularidades constatadas por el Tribunal de Cuentas, organismo que lleva adelante un minucioso registro y control anual de los fondos que administra el Municipio.

En su primer año de gestión, en 2016, el mismo organismo emitió una sentencia que le adjudicó al actual intendente cargos por más de $15 millones de pesos, más exactamente por $15.039.350,60.

De acuerdo con las normas que estipulan los alcances de las atribuciones e incumbencias del Tribunal, impone multas por transgresiones administrativas y financieras, pero también cargos (una sanción más delicada y con otro nivel de compromiso patrimonial) por aquellas contrataciones que, a juicio del organismo, observan algún tipo de anomalía o irregularidad.

Repetir “errores”

Con respecto al 2017, además de las multas que el intendente y algunos de sus funcionarios deberán pagar, en el estudio de cuentas aparecen cargos concretos que se corresponden con la irregularidad en diversas contrataciones y actos administrativos.

Pero además, llama la atención que al menos en dos casos contundentes la gestión volvió a incurrir en los mismos “errores” que en el ejercicio anterior, cuando también el Tribunal impuso cargos a la administración.

La sentencia del tribunal falló severamente acerca de compensaciones de partidas mal efectuadas, compras que no siguieron los procedimientos que marcan las normas, falta de transparencia y desprolijidades de todo orden.

Se destacan irregularidades en licitaciones, entre las que aparecen inconsistencias en la contratación de mano de obra para llevar adelante refacciones en la Dirección de Discapacidad y a su vez en la adquisición de guardapolvos escolares y preescolares para hijos de empleados municipales.

La compra de guardapolvos hechas en favor del Sindicato de Trabajadores Municipales ya había motivado la emisión de cargos por más de $330.000 en 2016. En la adquisición de los mismos elementos, a través de una nueva licitación, volvieron a detectarse deficiencias contundentes en 2017.

A su vez, sobresalen transgresiones e incumplimientos en torno a la facturación del sistema de Estacionamiento Medido.

Sobre este último punto cabe remarcar que en el estudio del ejercicio 2016 el Tribunal de Cuentas también había aplicado cargos al intendente Carlos Arroyo por serias deficiencias en las facturaciones del estacionamiento medido y errores en razones sociales, algo que continuó y se repitió en el ejercicio 2017, dando muestra de la falta de capacidad de la gestión para aprender de los “errores” pese a haber tenido que enfrentar sanciones económicas.

Cargos y multas

LA CAPITAL pudo acceder al estudio del ejercicio 2017 elaborado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que consta de 170 páginas y resume lo analizado por las relatoras y contadoras Claudia Adriana Bosisi y Gabriela Alejandra La Bollita, encargadas de hacer las observaciones por incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias.

Concretamente, el Tribunal de Cuentas identificó irregularidades en la contabilidad de distintos actos administrativos, excesos y desequilibrios financieros.

Cabe señalar que antes de emitir su sentencia, el organismo corrió traslado al jefe comunal de las observaciones para que éste y los demás funcionarios alcanzados hicieran sus descargos. A juzgar por lo resultados, dichos descargos no fueron lo suficientemente convincentes.

“Arroyo presentó un escrito en el que denunció la falta de constitución del Tribunal de Cuentas y planteó la imposibilidad material de continuar la tramitación de las actuaciones frente a la falta de quórum suficiente. Solicitó la suspensión del procedimiento hasta tanto se le notifique debidamente el acta del sorteo del vocal designado. Pero a la fecha este Tribunal se encuentra debidamente constituido y en condiciones de cumplir la manda constitucional sobre la presente rendición de cuentas”, consta en el estudio.

Desestimadas las excusaciones del intendente, el Tribunal formuló cargos en su contra por más de $800.000, más precisamente por $808.685, sumado a una multa de $40.000, lo que lleva el monto total de la sanción a $848.685.

Ahora bien, ¿en base a qué faltas se compone dicho monto? El primer caso atañe a irregularidades administrativas en el Sistema de Estacionamiento Medido (inciso tres del séptimo considerando del estudio), lo que motivó la formulación de cargos por $59.367,09 por infracción a lo normado por el artículo 126 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

El Tribunal detectó facturas faltantes, diferencias en el importe de las facturas y otras con el Código de Autorización de Impresión (CAI) vencido. Para explicarlo más claramente, al analizar la rendición de cuentas de lo recaudado a través del sistema de Estacionamiento Medido, existen sumas pagadas sin contar con la documentación fiscal de respaldo.

Estas mismas irregularidades habían promovido en 2016 sanciones del Tribunal a la administración municipal por $132.658,12. En 2017 Arroyo y el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, intentaron eludir los cargos argumentando que era la AFIP el organismo de control que debía actuar pero el tribunal terminó formulando “una concreta observación” y dispuso nuevamente cargos, esta vez por $59.367,09.

Otro de los casos que motivó la formulación de cargos contra Carlos Arroyo en solidaridad con el exsecretario de Hacienda, Gustavo Schroeder, surgió a raíz de una licitación para comprar guardapolvos (inciso seis del séptimo considerando del estudio). El Tribunal resolvió formular cargos por una “práctica desleal” por $284.406.

Lo que ocurrió fue que el Ejecutivo llevó adelante la licitación privada N° 09/17 para adquirir 1.450 guardapolvos de uso escolar y preescolar para los hijos de los afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales. El proceso se le adjudicó a la firma Suriano S.A por $326.105,00 (1.450 guardapolvos a $224,90 cada uno).

Consta en el estudio de cuentas que el Ejecutivo demoró en pagarle a la firma adjudicada y que el contador municipal “pagó por insistencia” y fuera de término. Pero el Tribunal detectó además que en el ciclo 2017 había 2.614 niños, hijos de empleados municipales en edad escolar. El pago a destiempo y la incongruencia en los números llevaron al organismo provincial a desaprobar los egresos contemplados.

Una tercera irregularidad, que fue la que promovió la sanción más elevada, fue identificada en el marco de la contratación de trabajos de pintura en la Dirección de Discapacidad (inciso ocho del séptimo considerando del estudio). El Tribunal formuló cargos por $464.885,47 por los que deberá hacerse cargo Carlos Arroyo en solidaridad con el exsecretario de Hacienda, Gustavo Schroeder.

La contratación incluía trabajos de pintura en el exterior e interior de la Dirección de Discapacidad y fue otorgada a la “Cooperativa de Trabajo Construcciones 15 de enero” por un monto de $390.500, con ejecución en 60 días y entrega de un anticipo financiero.

El Tribunal pudo constatar que la orden de pago total se emitió “por insistencia” y una vez más fuera de término, y emitió cargos por casi medio millón de pesos contra el intendente municipal Carlos Fernando Arroyo.

Por último, en cuanto a las multas ordenadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, las más destacadas son las siguientes: $40.000 al intendente Carlos Arroyo, $10.000 al exsecretario de Hacienda, Gustavo Schroeder, y $20.000 a su sucesor, Hernán Mourelle.

A su vez, el Tribunal dispuso una multa de $9.000 al exsecretario de Coordinación de Gestión y Modernización de Desarrollo Productivo, Microemprendimientos, Economía Social y Empleo, Ricardo de Rosa.

También impuso amonestaciones al secretario de Salud, Gustavo Blanco; la entonces secretaria de Desarrollo Social -y actual concejal- Vilma Baragiola y su sucesora Patricia Léniz; el secretario de Gobierno, Alejando Vicente; el secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Guillermo de Paz; la exsecretaria de Educación Ana María Crovetto; la directora de la Función Pública, Silvia Noemí Ferri y el director general de Protocolo Hernán Tillous.

Alcances y consecuencias

En el ejercicio de sus atribuciones sobre el control de la hacienda pública o cuando se obstruyan sus actos o frente a la desobediencia a sus resoluciones, el Tribunal de Cuentas puede aplicar llamados de atención, amonestaciones, cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio y multas, cuyos montos se gradúan entre dos y veinte sueldos mínimos de la administración pública provincial. La sanción más dura es la inhabilitación de hasta cinco años para el desempeño de funciones provinciales o municipales.

En el caso de los cargos formulados contra Carlos Arroyo, se establece que el intendente y sus funcionarios tendrán un plazo de 90 días para realizar un depósito en el Banco Provincia con los importes pertinentes.

De antemano, el Tribunal de Cuentas aclaró que en el caso de que el Ejecutivo interponga una demanda contencioso administrativa en carácter de apelación, deberá notificar al Tribunal bajo apercibimiento de darle intervención al fiscal de Estado para que promueva las acciones pertinentes previstas en el artículo 159 de la Constitución provincial.

– Mourelle, el único funcionario que no presentó su declaración jurada

– La rendición de cuentas 2017, aprobada en el Concejo