Como consecuencia de haber observado transgresiones administrativas de importancia, anomalías e irregularidades en su primer año de gestión, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aplicó duras sanciones al intendente municipal Carlos Fernando Arroyo y multas, no sólo a él sino a otros miembros de su gabinete y del bloque de concejales del oficialismo.

Según pudo establecer LA CAPITAL, la sentencia del Tribunal de Cuentas formuló cargos al intendente por más de 15 millones para el primer ejercicio de la administración de Arroyo.

Además, en un plazo de 90 días deberá depositar en el Banco de la Provincia de Buenos Aires 60.769 pesos, correspondientes a la multa que se le ha aplicado. También recibieron multas varios miembros del gabinete municipal, la mayoría de los cuales ya han sido notificados.

Todo indica que el intendente Arroyo deberá acostumbrarse a responderle al Tribunal de Cuentas con más seriedad de la que suele emplear para responder preguntas de los ciudadanos o la prensa. En su defecto, las instancias penales, administrativas y civiles lo verán desfilar por largas temporadas. Tal predicción no es caprichosa. Sólo por lo que constituye su primer año de gestión, 2016, la sentencia del organismo de la Constitución provincial, que tiene a su cargo el control de las cuentas municipales, ha emitido una sentencia que le adjudica cargos por más de quince millones de pesos. Más exactamente por $15.039.350,6.

El Tribunal de Cuentas, según las normas que estipulan los alcances de sus atribuciones e incumbencias impone multas por las transgresiones administrativas. Pero también impone cargos (una sanción más delicada y con otro nivel de compromiso patrimonial) por aquellas contrataciones que, a juicio del organismo, observan algún tipo de anomalía o irregularidad.

Según pudo saber LA CAPITAL en fuentes formalmente vinculadas al Honorable Tribunal de Cuentas en La Plata, e incluso en Mar del Plata, la revisión de las cuentas correspondientes al año 2016 son sólo un anticipo modesto respecto de lo que será la sentencia correspondiente a 2017. De ese ejercicio, el que finalizó el 31 de diciembre último, recién se ha corrido traslado para que el intendente (y sus funcionarios) formulen su descargo. Sin embargo, una vez pasado el primer ejercicio, parece que en el segundo año -el pasado- los dislates no fueron en mengua. “Lo que en otros casos es afiatamiento y consolidación de equipos, en el caso de Arroyo se tradujo en hábito inercial al descontrol”, expresó el vocero consultado por LA CAPITAL.

Falta de transparencia

En cuanto a 2016, además de las multas que el intendente y varios de sus funcionarios deberán pagar, hay cargos concretos que se corresponden con la irregularidad en diversos tipos de contrataciones y actos de administración.

La sentencia del tribunal falló severamente acerca de compensaciones de partidas mal efectuadas, compras que no siguieron los procedimientos que marcan las normas, falta de transparencia y desprolijidades de todo orden.

Se destacan pagos y ampliaciones contractuales a la empresa proveedora de las cámaras de seguridad, cuyo cargo es el más alto e importante. Pero también la mala aplicación del programa Mejor Vivir, que es un programa nacional que financia la Nación y donde el “equipo” municipal sólo tenía que cumplir su parte: aplicarlo bien.

También, de acuerdo al informe al que pudo acceder LA CAPITAL, el Tribunal encontró serias deficiencias en las facturaciones del estacionamiento medido y errores (como mínimo) en razones sociales.

Las compras de guardapolvos hechas en favor del Sindicato de Municipales (que el Tribunal de Cuentas encontró “desleal”) y los $85.020,77 que se pagaron por el desarrollo de un prototipo de una silla anfibia (resulta curiosa al menos la iniciativa en virtud de que ya existen las sillas anfibias en el mercado y desde hace años) son otros de los motivos por los que el intendente deberá responder patrimonialmente. Salvo que en las apelaciones -que se descuenta que hará- logre revertir en parte el fallo actual.

En medios relacionados con la administración municipal se señalaban también en las últimas horas un aspecto que no hace más que revelar cierto aislamiento conceptual del elenco de gobierno, porque en todos los casos pudo evitarse el perjuicio.

Los propios órganos del municipio habían advertido las anomalías antes de que ocurra lo que ahora pasa: el cargo del Tribunal de Cuentas que es la antesala de instancias más gravosas para los funcionarios pero también para el municipio.

“Se trata de actos de administración que ahora se analizan en tiempo pasado pero que pudieron evitarse con la simple advertencia que funcionarios de carrera y de ley hicieron antes de que se cometieran”, se lamentó un funcionario municipal de carrera.

Considerando ahora que esta performance es sólo para el primer año de gestión, es posible preguntarse con cuánta seriedad el candidato Arroyo prometía en su campaña “una ciudad más limpia, más segura y más ordenada y un municipio mejor administrado”, coincidieron en destacar concejales opositores al conocer los primeros datos de este fallo del Tribunal de Cuentas, del cual hasta el momento ningún funcionario del gobierno municipal se pronunció.

Los cargos y las multas

En tal sentido, LA CAPITAL pudo acceder a los principales cargos formulados por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires para el primer año de gestión del intendente Carlos Arroyo.

Cabe destacar que antes de emitir su sentencia, el organismo corrió traslado al jefe comunal de las observaciones para que éste y lo demás funcionarios alcanzados hicieran sus descargos. A juzgar, por lo resultados, dichos descargos no han sido demasiado convincentes.

Los artículos del fallo del Tribunal más destacados son los siguientes:

Artículo 6: cargo por $ 38.871,10 a Arroyo por compensación de Partidas.

Artículo 7: Cargo por $ 928.689,28 a Arroyo por el Programa Mejor Vivir.

Artículo 8: Cargo por $ 13.523.728,63 a Arroyo en solidaridad con Alejandro Vicente (secretario de Gobierno) y Sergio Andueza (ex COM, ahora secretario de Tecnología) por los pagos extrapresupuestarios abonados al servicio de televigilancia contratado a Global View SA.

Artículo 9: Cargo por $330.328,78 a Arroyo por compra de guardapolvos para los hijos de miembros del Sindicato de Empleados Municipales por ser considerado una práctica desleal.

Artículo 11: Cargo por $132.658,12 a Arroyo con solidaridad a Gustavo Schroeder (ex secretario de Hacienda) por irregularidades en la facturación de la venta de tarjetas de estacionamiento medido (CAI vencido, diferencia en razón social, diferencia en importe de facturación, facturas faltantes).

Artículo 13: Cargo por $85.020,77 a Arroyo en solidaridad a Schroeder y Baragiola por proyecto prototipo silla anfibia.

En cuanto a las multas ordenadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia -deberán depositarse en una cuenta especial del Banco Provincia en un plazo de 90 días-, las más destacadas son las siguientes: $60.769 al intendente Carlos Arroyo, $6.500 a la directora de la Función Pública, Silvia Noemí Ferri; $76.000 a la directora de Presupuesto y Responsable del Sistema de Presupuesto, Emma Cristina Piuzzi; $8.000 al secretario de Salud, Gustavo Blanco, y de $7.000 al secretario de Gobierno, Alejandro Vicente. También se incluyen a algunos ex funcionarios del gabinete, y a los concejales Guillermo Arroyo y Patricia Serventich, quienes deberán depositar $7.000 cada uno en concepto de multas.