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Policiales 4 de julio de 2021

El trasfondo detrás del robo de cables y flexibles de las casas marplatenses

La semana pasada lo sufrieron vecinos del barrio Caisamar y casi les ocurre lo mismo a los de la zona sur de la ciudad, de no ser porque justo arribó personal policial y detuvo a dos de los ladrones. Pero, ¿qué hay detrás de estos casos? Dinero, necesidades y vandalismo. Existen distintas investigaciones judiciales en curso.

El kilo de cobre llega a pagarse 900 pesos en las chatarrerías.

“Es un clásico en épocas inflacionarias”. La frase no es de un economista sino de un fiscal de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra a cargo de la investigación por el hurto de cables y flexibles de medidores de gas, agua y luz. Y surge debido a la pregunta que muchos se hacen: “¿Por qué alguien se roba algo tan poco valioso de la puerta de una casa?”.

Ahora, para comprender el trasfondo de la cuestión hay que saber, primero, que el valor de los objetos es absolutamente subjetivo. Es decir, lo que para algunos determinado elemento puede resultar insignificante, pero a otros les servirá, quizás, en la resolución de un problema básico: la subsistencia.

Entonces, es menester señalar que esos cables o flexibles de medidores de gas, agua y luz, así como los herrajes de los inmuebles, a menudo pueden representar un material cuya venta atraerá, circunstancialmente, algo de dinero en efectivo.

Por ejemplo, según pudo saber LA CAPITAL, el kilo de cobre (totalmente limpio) llega a pagarse 900 pesos, mientras que el bronce (en igual condición) equivale a 500. Es decir, así como muchas personas en situación de pobreza se dedican a recolectar objetos que luego venden en chatarrerías y recaudan así lo mínimo para sobrevivir, existen “vivos” -son en verdad sencillamente ladrones- que lucran con el robo de cables -cobre- y flexibles -bronce u otros metales-, que luego comercializan en este tipo de lugares.

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Los últimos dos episodios que llamaron la atención en Mar del Plata ocurrieron durante la semana pasada. El primero, sobre todo, ya que se produjo en medio del temporal y el frío que azotó a la ciudad el lunes pasado.

Ese día, desconocidos robaron flexibles de medidores de gas en el barrio Caisamar y dejaron sin el servicio a casas de casi cuatro cuadras. O sea, el hurto -llevado a cabo bajo la lluvia y pese al intenso viento- les impidió a los vecinos calefaccionarse, bañarse con agua caliente o cocinar por varias horas, en medio de la ola de frío polar.

La empresa Camuzzi debió actuar rápidamente para reemplazar los materiales y solucionar el problema. Pero el perjuicio ya había sido causado, y por el mismo se formó una causa penal a cargo del fiscal Leandro Arévalo.

Dos días después, en horas de la madrugada del miércoles, la policía detuvo a dos hombres en William Morris y Rafael del Riego. Personal de la comisaría quinta avistó a tres sujetos sospechosos mientras intentaban sustraer los cables de un poste de luz ubicado en la vía pública.

En ese momento, según informaron fuentes de la Jefatura Departamental, uno se escapó y los otros dos, de 19 y 28 años, fueron detenidos. Tras ello, el fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, los citó a declarar en Tribunales por el delito de “robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, y por escalamiento, en grado de tentativa”.

Por otra parte, también se registraron hechos similares en el barrio Belisario Roldán.

Antecedentes inmediatos

Si bien no son nuevos, los robos de este tipo causan molestias a sus víctimas. Claro que no se trata de asaltos a mano armada con heridos, ni mucho menos. Incluso, a veces los damnificados económicamente en realidad no son hombres ni mujeres, sino empresas, ya que son las firmas prestadoras de los servicios las que deben afrontar la erogación correspondiente a la reposición de sus propios materiales. Pero las horas o días que son interrumpidos los respectivos suministros, quienes sufren son los vecinos de a pie.

El más significativo de estos hechos ocurrido durante los últimos años se produjo en julio de 2020, cuando alrededor de 300 personas fueron descubiertas mientras cavaban zanjas en las inmediaciones del barrio Las Canteras. Se habían organizado con el objetivo de sustraer los cables telefónicos, extraer el cobre de su interior y fundirlo, para luego venderlo. Llegaron a robar 4.500 metros del mismo, en perjuicio de decenas de ciudadanos de esa zona de Mar del Plata, que vieron interrumpido el servicio abonado mensualmente.

Más de 300 personas cavaron zanjas a lo largo de 4600 metros para robar cables.

Más de 300 personas cavaron zanjas a lo largo de 4600 metros para robar cables en julio de 2020.

Al arribar la policía al lugar, hubo sospechosos demorados pero luego todos recuperaron la libertad, debido a que se trataba de un delito menor. Se inició, de todas formas, una investigación a cargo de la Justicia Federal que derivó en ocho operativos en domicilios de Mar del Plata y Sierra de los Padres.

Efectivos de la Policía Federal allanaron dos chatarrerías de la zona sur de la ciudad y secuestraron dinero, automóviles y diversos objetos de interés para la causa, que quedó a cargo del fiscal federal general Daniel Adler. Luego de varias semanas de instrucción, diez sujetos de sexo masculino -entre los que había algunos menores de edad- fueron imputados y procesados bajo la sospecha de que integraban una asociación ilícita que buscaba robar los cables, y luego extraer y vender el cobre en el mercado negro.

En este caso, a diferencia de los otros, se ahondó en la investigación, ya que se presume que detrás del conjunto de excavadores podían existir personas con intereses superiores, completamente alejados del fin de subsistir que puede tener alguien que lucha contra la pobreza ni mucho menos.

La reconstrucción de ese hecho indica que durante la noche del martes 7 de julio de 2020 y la tarde del miércoles siguiente el nutrido grupo comenzó a cavar zanjas en las veredas de las calles que comprenden la zona cercana al cruce de las de las avenidas Antártida Argentina y Mario Bravo, con el objetivo de robar el cableado telefónico.

Inclusive, como se explicó antes, llegaron a hacerlo en varias cuadras: zanjaron 4.500 metros de largo, lo que equivale a daños por más de 6 millones de pesos en perjuicio de la empresa Telefónica SA, sin tener en cuenta que más de 500 usuarios del barrio SOIP vieron interrumpido el servicio de telefónica fija como consecuencia de su accionar.

Además, obviamente, incurrieron en la violación del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), medida decretada por el Gobierno que estaba entonces vigente para evitar la propagación y el contagio del coronavirus, en el marco de la pandemia que se había desatado a comienzos del mismo año.

Los móviles policiales que llegaron para intervenir en el marco de la situación observaron que el grupo había prendido fuego los cables en un descampado y suponen que lo hicieron para poder quedarse con el cobre. En el lugar se secuestraron también picos y palas utilizadas para cavar las zanjas que permitieron retirar el material de la empresa de telefónica.

Por último, a fines de 2020 la empresa de telecomunicaciones Movistar denunció la existencia de un agravamiento en los episodios de robos de cables en la ciudad: en total, informaron sobre 85 episodios entre septiembre y octubre, lo que afectó el servicio suministrado a 5.000 clientes.

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Las zonas que fueron blanco de esta modalidad delictiva en aquellos días fueron El Martillo, La Juanita, Las Dos Marías, el Puerto, Parque Peña y Jorge Newbery, y también barrios del norte y del centro de la ciudad. Además, tanto Necochea como Quequén se añadieron a la lista de sitios en los que esta situación perjudicó el servicio.

Si es o no un clásico en épocas inflacionarias, debido a que el precio de los materiales con los que se confeccionan los cables y flexibles o herrajes sube, el robo de este tipo de elementos no sólo deberá ser analizado por fiscales o eventuales economistas, sino también por sociólogos y por el resto de la sociedad, que de algún modo desconoce las necesidades de quienes menos tienen y el límite vandálico o comercial de los “más vivos”.

Desde OSSE manifiestan su
preocupación mensualmente

Casi todos los meses, desde Obras Sanitarias MGP (OSSE) envían comunicados de prensa a los medios locales en los cuales expresan su preocupación por el continuo robo de medidores de agua.

En marzo pasado, según denunciaron 46 de ellos fueron arrancados de cuajo en un raid desaprensivo que no cesa y que altera el normal alcance del servicio en domicilio, al tiempo que provoca fugas de consideración e interrumpe la agenda diaria de mantenimiento prevista, dado que este tipo de imprevistos requieren de inmediata intervención.

Las Lilas, Los Pinares, San Cayetano, Villa Primera y Parque Luro fueron, en aquella oportunidad, blanco de los ladrones que se hicieron de los aparatos que habían sido dispuesto en Colón al 7100 y 7200, Falkner al 5700 y 5800, Luro al 6800 y 6900, Ortega y Gasset al 100 y 200, Juan A. Peña al 4800, 4.900 y 6.200 y en un sector de calle Chubut a la altura 100 y 200, además de Rejón al 6000, Andrade al 200, Strobel al 5600, Santa Cruz al 5800 y Bosch al 1000.

Según explicaron los miembros de OSSE, los delincuentes rompen la caja del medidor, cortan mangueras y se llevan el aparato destruyendo llaves, válvulas y equipamiento general.

Las pérdidas no sólo son de agua, como en este caso de menor gravedad. El pasado lunes, cuando ladrones robaron flexibles de medidores de gas en inmuebles del barrio Caisamar, en una casa provocaron una fuga del hidrocarburo que causó el temor a una explosión entre los habitantes de esa zona de la ciudad.