El titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, señaló hoy que pidió a la Justicia que todos los procesados en la causa por desvío de la obra pública en Santa Cruz, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner, devuelvan al Estado (en caso de ser hallados culpables) el monto que se establezca se pagó como sobreprecios a las empresas del detenido Lázaro Báez y que el organismo calculó en 22.500 millones de pesos.

“Si el Tribunal fallara que el delito se cometió, todos los que se hallen responsables deberán devolver el dinero por el monto que termine estableciendo”, sostuvo Iguacel en declaraciones a radio Mitre.

El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, aceptó como “actor civil” a Vialidad Nacional en la causa en la que procesó a la ex Presidenta, y a los detenidos Julio de Vido (ex ministro de Planificación Federal) y Lázaro Báez, entre otros, por el direccionamiento del 80 por ciento de las licitaciones de obra pública en Santa Cruz a favor de “Austral Construcciones” y otras empresas del grupo durante la gestión del kirchnerismo.

“Lo que hemos pedido al juez en la misma causa penal es que de hallarlos culpables de la corrupción que hemos denunciado, se le devuelva al Estado argentino el monto que computamos que no fue a las rutas”, explicó el funcionario.

En la investigación se determinó que el grupo empresario de Báez fue beneficiado con 52 contratos por unos 46 mil millones de pesos a través de licitaciones direccionadas con sobreprecios.

Se trata de la primera causa que se estima será enviada a juicio oral el año próximo por Ercolini, también a cargo de las investigaciones por corrupción conocidas como Hotesur y Los Sauces, en las que se sostiene que los empresarios beneficiados con obra pública y adjudicaciones irregulares pagaban sobornos a la familia presidencial mediante falsos alquileres de plazas hoteleras y departamentos en estas dos sociedades que pertenecen a la familia Kirchner.

La semana pasada el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el envío a juicio oral de la causa y ahora el juez debe dar vista a las defensas de los 30 procesados en el caso, entre ellos la ex Presidenta, De Vido, Báez, el también detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y el ex titular de Vialidad, Nelson Periotti.

Todos están procesados como supuestos integrantes de una asociación ilícita que defraudó al Estado Nacional, con embargos de diez mil millones de pesos y 180 propiedades en total a disposición de la Justicia.

Iguacel aludió a una “máquina de estafar a los argentinos” y a personas que fueron “pseudo empresarios” para conformar la “matriz delictiva” que actuó junto a los entonces funcionarios como De Vido y López.