Casi en solitario, el Banco Central está librando una batalla a brazo partido contra la inflación mientras el gobierno no está dando señales de acompañar semejante esfuerzo.
Tal es el esfuerzo que está haciendo Federico Sturzenegger que en el afán de estabilizar los agregados monetarios, está poniendo en riesgo el patrimonio de la entidad.
Los instrumentos de esterilización monetaria no están alcanzando a neutralizar la liquidez y los agentes económicos empiezan a buscar refugio en el dólar.
El BCRA jugó una carta fuerte aumentando considerablemente la tasa de interés de referencia, llevándola al 38 por ciento, para disuadir al mercado de comprar divisas.
En parte, la autoridad monetaria está paulatinamente ganando posiciones y logró disminuir el ritmo de expansión de la base monetaria del 40 por ciento en diciembre a un 25 por ciento en febrero.
La contrapartida es que el stock de LEBAC en pesos -deuda del BCRA con las entidades financieras, sin contar los pases-, crece a un ritmo del 39 por ciento interanual y totaliza casi 430.000 millones de pesos, una cifra similar al total de la circulación monetaria.
Pero el costo de estas maniobras no es gratuito ya que esta suba de tasas de interés está impactando de lleno en el nivel de actividad.
El esfuerzo del BCRA puede quedar en aguas de borrajas si el Poder Ejecutivo no instrumenta un programa fiscal consistente con la imperiosa necesidad de bajar la inflación.
Está claro que las esperanzas de alcanzar una tasa de inflación del 25 por ciento se diluyeron con la vertiginosa suba de precios que se registra en el primer trimestre.
De un lado, la inflación reprimida de la época kirchnerista y del otro lado, los ajustes de combustibles que se aplicaron para salvar la delicada situación económico-financiera por la que atraviesa YPF. Entre ambos factores, se acumulará un incremento de precios durante el primer trimestre superior al 13 por ciento, la mitad de la hipótesis oficial.
Falta un ajuste de gastos mucho más ostensible para disminuir los efectos monetarios.
La pérdida de ingresos que se refleja por un eventual arreglo con los gobernadores, por la masa coparticipable, por la baja en las retenciones y por la devolución de impuestos, está dejando sin recursos al Tesoro y ampliando el déficit si el gobierno no ataca el gasto.
Esto obliga al gobierno a tomar deuda, aunque para ello será necesario cerrar el triste capítulo del default, para poder acceder a los mercados financieros y evitar tasas exuberantes.
El 9,125 por ciento que pagó la provincia de Buenos Aires es insostenible, por eso hay que cerrar el diferendo con los holdouts.
El Tesoro necesita conseguir este año, financiamiento por unos U$S 30.000 millones y esa cifra podría disminuir si se acelera el ajuste o bien se devalúa.
La salida del default no sólo permitirá obtener créditos de organismos financieros internacionales sino que disminuirá la tasa de retorno que se le exigirá a las inversiones.
Pero cuanto más se demore el ajuste -o la devaluación, dependerá del gobierno de Macri-, más se demorarán las inversiones.
Si se acelera, la recomposición del flujo de capitales  debería asomar en el segundo semestre y dispararse en 2017.
Las inversiones impulsarán la demanda laboral y con ello, los salarios, y la llegada de capitales reforzarán las reservas asegurando el repago.
La administración Macri ha perdido valiosos 90 días para atacar el gasto público y disminuir drásticamente el déficit fiscal, aunque todavía se está a tiempo. Faltan medidas.

DyN.