El surfer de la Panamericana y el personal trainer golpeador de Olivos, protagonistas de dos de los casos con más repercusión por incumplir el aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto hace un año por la pandemia del coronavirus, irán a juicio oral acusados de violar el decreto presidencial, informaron fuentes judiciales.

Se trata del surfer Federico Llamas (28) y el preparador físico Miguel Ángel Paz (41), quienes desde junio del año pasado quedaron procesados por el juez federal 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, por infracción al artículo 205 del Código Penal.

Ese artículo castiga con prisión de seis meses a dos años al que “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que ambas causas ya fueron elevadas a juicio oral por requerimiento del fiscal federal de San Isidro Federico Iuspa, la de Paz con fecha 21 de octubre y la de Llamas el 4 de noviembre del año pasado.

Ambos expedientes quedaron ahora radicados para el debate en el otro juzgado federal de San Isidro, el 1 a cargo de Sandra Arroyo Salgado, ya que al tratarse de un delito federal pero correccional –con penas menores de tres años-, los juicios no son elevados a un tribunal oral, sino al otro juez federal de la jurisdicción que no hizo la instrucción.

Las fuentes consultadas indicaron que lo más probable es que ambos casos se resuelvan con juicios abreviados y penas en suspenso.

Los dos hechos tuvieron gran repercusión mediática como ejemplos de violaciones a las normativas y restricciones que dispuso el Gobierno para impedir la propagación de la pandemia e, incluso, el propio presidente Alberto Fernández hizo declaraciones públicas criticando la actitud de los ahora procesados.

Sobre el personal trainer, Fernández dijo “no se puede ser tan estúpido y poner en riesgo a la gente”, mientras que del episodio surfer afirmó: “Vimos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro”.

Llamas fue demorado el 24 de marzo por la tarde en la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, porque circulaba en una camioneta con tablas de surf en el techo.

El joven le explicó a los efectivos de la Prefectura Naval que se había ido de vacaciones a Brasil el 8 de marzo con su novia canadiense y que la noche anterior había cruzado manejando al país por la ciudad correntina de Paso de los Libres.

Durante el control, Llamas mantuvo un cruce de palabras con los prefectos y los periodistas que realizaban la cobertura.

Tras la consulta con el juzgado, se decidió escoltarlo hasta el domicilio que figuraba en su DNI, en el pasaje Fabre al 1100 del barrio porteño de Flores, para que allí realizara cuarentena obligatoria.

Pero, según quedó acreditado, el surfer desobedeció esa disposición y primero pasó por la casa de su padre, en un country de la localidad bonaerense de Canning, y luego viajó hasta la casa de su madre en la localidad balnearia de Ostende, donde lo denunciaron los vecinos, lo encontró la policía y quedó unos días bajo arresto domiciliario.

El caso de Paz, que se viralizó en los medios y las redes sociales con el video de la golpiza que le dio a un vigilador, ocurrió a las 21.10 del sábado 14 de marzo en un edificio situado en Rosales 2793, en la localidad de Olivos.

El ataque se desencadenó cuando Paz se enteró que el empleado de seguridad de su edificio, Gustavo Granucci, había denunciado que él no cumplía con el protocolo de aislamiento por 14 días que en aquel momento el Gobierno nacional había dispuesto para las personas que, como él que había regresado de Estados Unidos, habían vuelto de países donde circulaba el virus.

Al margen de esta causa federal por la que fue procesado, Paz tiene otra en la justicia penal ordinaria de San Isidro por las “lesiones y amenazas” contra el vigilador Granucci, por la que estuvo con prisión domiciliaria algunos días, hasta que un juez de Garantías le otorgó la excarcelación.

Esa causa ya fue elevada a juicio por el fiscal Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Vicente López Este, y quedó radicada para el juicio en el Juzgado Correccional 3 de San Isidro, a cargo de la jueza Mariela Quintana.

Voceros judiciales indicaron a Télam que Paz hizo un primer intento de evitar el debate con un pedido de suspensión de juicio a prueba (probation), que fue rechazado por el fiscal Gómez y ahora su defensa pidió la alternativa de un juicio abreviado.