Luiz Inácio Lula da Silva, ex mandatario de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores (PT), está preso desde abril pasado por supuestos actos de corrupción en el país vecino.

Sin embargo, en las últimas semanas ha logrado fortalecerse en las encuestas con vistas a las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil hasta alcanzar cerca de un 40 por ciento de intención de voto.

Eso significaría, en medio de la inestabilidad política que viene afectando al gigante del Mercosur en años recientes, que Lula podría imponerse -en una segunda vuelta- frente a cualquiera de sus adversarios en los comicios.

Desde que cayó en prisión, la popularidad del ex presidente brasileño se ha ido expandiendo a pasos redoblados, más allá de que el Tribunal Superior Electoral del país vecino aún no otorgó luz verde a su candidatura: el 17 de septiembre se conocerá si podrá o no presentarse en las elecciones.

Brasil no es Argentina, pero la situación judicial/electoral que involucra por estos días a Lula, alojado en un centro de reclusión en Curitiba, es seguida de cerca de este lado de la frontera también, tanto por sectores que simpatizan con el PT (entre ellos, el kirchnerismo) como por funcionarios y estrategas políticos del Gobierno.

Multitudinaria marcha anti-K

Aquí en el país, la derecha sueña con ver presa a Cristina Fernández de Kirchner; la derecha y algún que otro partidario de centro izquierda, del progresismo moderado, incluso también, al sentirse probablemente defraudado y con el estómago revuelto a causa del escándalo de los cuadernos.

Una multitud se reunió el martes pasado frente al Congreso de la Nación para reclamar el desafuero de la ex jefa de Estado como senadora y dejar en claro su ambición de que termine tras las rejas, como sus ex lugartenientes Amado Boudou y Julio De Vido, detenidos por casos distintos, aunque acusados ambos de supuestos actos de corrupción también.

La marcha anti-kirchnerista se produjo horas antes de que la Cámara alta autorizara una serie de allanamientos -posiblemente, los más promocionados de la historia reciente de la Argentina- a domicilios de Cristina en la Capital Federal y en las ciudades santacruceñas de Río Gallegos y El Calafate.

En esa sesión en el Senado, la ex presidenta tomó la palabra, se refirió a la detención de Lula en Brasil y sugirió que la quieren proscribir, de igual manera que al líder del PT -de acuerdo con su opinión- en el vecino país.

Sostuvo Cristina que Da Silva “no puede ser candidato porque está preso” y agregó: “¿Les suena? A mí me suena y mucho”. En esa misma deliberación en la Cámara alta, mantuvo un picante cruce con el senador peronista Miguel Pichetto, quien le dijo que se quedara “tranquila” porque ella sí iba a poder ser candidata en los comicios del año que viene aquí.

Además, prácticamente sinceró sus vínculos con la “patria contratista”, según sus propias palabras.

La derecha se relame frente a la posibilidad de que la ex mandataria sea detenida, pero se trata de un sueño que desvela a un sector del Gobierno, ya que ese juego de la “grieta” con el que tanto ha logrado beneficiarse el macrismo en los últimos años podría desmoronarse apenas Cristina ponga un pie en prisión.

“A Cambiemos le conviene que ella siga activa políticamente, que su figura se siga embarrando con denuncias por (presunta) corrupción, pero que vaya presa podría abrir otro escenario”, dijo a NA una fuente cercana al oficialismo bonaerense.

Caso testigo (brasileño)

Las consecuencias políticas y electorales de una eventual detención de Cristina -primero deberían quitarle los fueros- podrían tornarse inciertas, impensadas, y es de esperar incluso que, en ese caso, se repliquen aquí las marchas de militantes solicitando su liberación, como ocurrió en Brasil, con miles de personas en las calles enarbolando los colores del PT.

La estrategia de la supuesta persecución política que impulsa el kirchnerismo cobraría entonces nuevos bríos, más allá de las declaraciones de los “arrepentidos” ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa por los cuadernos del remisero Oscar Centeno, y de las propias conclusiones a las que llegue el magistrado.

En este sentido, Bonadio acaba de aceptar el pedido del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López para que comparezca como “imputado colaborador” en la investigación.

Por consiguiente, el ex funcionario detenido desde hace más de dos años ya decididamente podría darle un empujón adicional a este caso judicial que mantiene en vilo tanto a la opinión pública como a la propia Cristina y a su círculo íntimo, de igual modo que al gobierno de Mauricio Macri.

El testimonio de López podría resultar crucial para cerrar aún más el cerco en todo de la ex presidenta, a quien Bonadio busca llevar a prisión y por ese motivo solicitó su desafuero, aunque no (por ahora) en el marco de esta causa en la que investiga el supuesto pago de dádivas de parte de empresarios vinculados al llamado “club de la obra pública” durante el gobierno anterior.

Sino por el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA.

Bonadio planteó incluso en las últimas horas que los destinatarios finales de las supuestas coimas que pagaban empresarios eran Néstor y Cristina Kirchner.

La causa de los cuadernos, sin embargo, agigantó la “grieta” en la Argentina, de acuerdo con recientes encuestas, en momentos en los que las políticas económicas de Cambiemos fracasan día tras día en su intento por contener la inflación, reactivar la actividad productiva nacional y maniatar al dólar, que llegó este viernes a un nuevo récord: 31,46 pesos.

La economía o la calle

Aún no está claro, según mediciones vinculadas con el llamado “humor social” en el país, quién o quiénes podrían beneficiarse, por un lado, con los desaciertos del Gobierno y, por el otro, con el escándalo de los cuadernos del ex remisero de Roberto Baratta, ex número dos de De Vido en el Ministerio de Planificación Federal.

En teoría, tendría que salir favorecido el peronismo no kirchnerista, cuyo objetivo debería ser concebir a una candidato lo suficientemente fuerte y convincente como para vencer primero a Cristina -que muy probablemente intentará convertir en realidad en 2019 la fantasía de “volver” que alienta su militancia- y luego a Macri en un eventual balotaje.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre que genera un caso judicial de ribetes cinematográficos y aún en desarrollo incluso, el Partido Justicialista (PJ) ha cerrado filas de manera orgánica en torno de la figura de la “Jefa”, mientras los no-K continúan abogando por una propuesta “superadora” y se mantienen expectantes a lo que ocurre en Comodoro Py.

Tras recuperar la sede de la calle Matheu, en la ciudad de Buenos Aires, el ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja y el actual mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, organizaron para este sábado un encuentro con intendentes en el club Ferrocarril Oeste de Caballito para defender a Cristina.

Para la ocasión, cursaron invitaciones para el fundador de La Cámpora Máximo Kirchner y también para el nuevo aliado del cristinismo, el líder gremial Hugo Moyano, considerado como un “piantavotos” por un sector del peronismo no-K, pero con reconocida capacidad para movilizar.

Al Gobierno no le está yendo bien con la economía, eso está más que claro, pero si pretende finalizar 2018 sin grandes sobresaltos, para luego adentrarse en la campaña electoral de 2019 con pretensiones de renovar su mandato, con Macri a la cabeza, no puede perder la calle.

Podría ser letal, perder la calle, como sucedió con el gobierno de Fernando de la Rúa durante la crisis de 2001.

Con Cristina en la mira de la Justicia, el posible “efecto contagio” de lo que sucede en Brasil, la insospechada alianza política entre el kirchnerismo y el moyanismo, y la economía que no da respiro a los bolsillos de los trabajadores, quizá sea ésta la próxima batalla que se avecine para el Gobierno: la puja por mantener el control de la calle.

(*): Especial para NA.