El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) amplió ante el Tribunal de Trabajo N°4 la demanda contra el Ejecutivo para suspender el descuento en los haberes de los empleados que acataron el paro del 25 de junio pasado.

Según expuso el STM, “se han producido actos de reiteración de la práctica desleal y de obstaculización de los derechos de la libertad sindical por parte de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón”.

En la presentación a la que accedió LA CAPITAL, el gremio recordó que el 7 de junio pasado, ante la “falta de respuesta a los reclamos salariales y la falta de concurrencia de funcionarios responsables” en la negociación paritaria, se declaró una retención de tareas.

Ante ello, el Ejecutivo “señaló que sancionaría a los trabajadores que se adhieran a la medida”. A su vez, la gestión local habilitó un Whatsapp “para la denuncia de supuestas faltas de servicio por parte de los trabajadores municipales”.

En continuidad con el conflicto, el sindicato que conduce Antonio Gilardi realizó un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo el martes 25 de junio. También solicitó “una urgente reunión para reanudar el tratamiento de las paritarias salariales, sin ningún resultado”.

Días después, a través del decreto 1.509/2024 y tal como había anticipado, el intendente Guillermo Montenegro formalizó el descuento del día para aquellos agentes que ejercieron “el derecho a huelga”, además de afectar el otorgamiento del presentismo  (5 días hábiles de licencia por cuatrimestre con goce de haberes). 

De esta manera, según el STM, se reiteró “lo ya dispuesto por los decretos denunciados en la demanda y que constituyen una nueva práctica desleal y de obstaculización de la garantía de libertad sindical”.

El gremio inició la causa original en mayo, cuando solicitó ante la Justicia una medida cautelar para dejar sin efecto y retrotraer los descuentos por los paros del 4, 5 y 6 de abril, además de pedir que se suspenda la eliminación del premio por presentismo para los empleados públicos que se sumen a las protestas. Dichas medidas fueron instrumentadas a través de los decretos 813/2024 y 833/2024, respectivamente.

Por otro lado, el STM pidió aplicar una sanción económica a Montenegro y a Mauro Martinelli, el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, por “práctica desleal”. Si bien no están nombrados en el expediente, fueron quienes firmaron los mencionados actos administrativos.

El 27 de junio, el Tribunal de Trabajo N°4 rechazó en forma unánime la cautelar, con el aval de los jueces Cecilia Bártoli, Alejandro Escobar y Orlando Cippitelli. Ahora deberá expedirse sobre la cuestión de fondo.

“No estoy manifestándome sobre la procedencia o no de los planteos efectuados por la parte accionante. Por el contrario, entiendo que las cuestiones deben ser valoradas en forma prudente y pormenorizada, una vez sustanciada la demanda con la parte accionada y contando con la exposición de toda plataforma fáctica subyacente al conflicto. Con todos los medios de prueba que ofrezcan y eventualmente produzcan las partes para, de ese modo, poder merituar los reclamos traídos a dirimir en sede jurisdiccional en forma completa y detallada”, argumentó Bártoli, que contó con la adhesión de los otros magistrados del tribunal en sus fundamentos.