por José Rigane

El martes 16 de julio de 2019, el Diario La Capital de Mar del Plata publicó en la página 10, una nota de opinión firmada por Elena Valero Narváez titulada “El Sindicalismo como enemigo del progreso”.

En respuesta a las diferentes afirmaciones que realiza, queremos expresar otra mirada sobre los puntos que desarrolla, con escaso rigor histórico, para castigar al Movimiento Obrero organizado.

Desarrollo industrial

La autora afirma que la falta de desarrollo industrial de Argentina es responsabilidad de los sindicatos y de la legislación laboral. Es falaz y tendencioso afirmar que es la protección de los derechos laborales los que impiden el crecimiento industrial del país.

Revisando los últimos cuarenta o cincuenta años de Argentina, podemos comprobar que el desarrollo industrial del país no se vio impedido por falta de bases competitivas y porque no se produjeron reformas laborales. Al contrario, cuando revisamos esa historia, vemos que cada vez que se realizó una reforma laboral lo único que significó fue mayor desocupación, menos industrialización y sólo generó la rápida y temporal recuperación de la tasa de ganancia del sector empresario.

Repasando: en 1991 se firmó el Decreto de Desregulación económica, en 1995 se produjo la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, en 1998 se sancionó una Ley de Reforma, en 2000 la famosa “Ley Banelco” de Flexibilización laboral, en mayo de 2002 se sancionó la Ley de Emergencia Laboral que prohibía despidos y suspensiones, en el 2004 se Derogó la “Ley Banelco” con la Ley de Ordenamiento del Régimen Laboral. Hoy la desocupación supera el 10% en promedio en todo el país. Es decir que todas estas reformas a la legislación laboral no generaron ni desarrollo industrial ni más y mejor empleo.

La autora también afirma que el sindicalismo argentino “es corporativo. No tiene conciencia de clase sino conciencia estatista”. Esta es otra mirada tendenciosa, ya que seguramente sólo esté haciendo referencia a la CGT, una central obrera, pero no la única existente en nuestro país. No es real que el movimiento obrero esté absolutamente representado por esa única central. Existen otras centrales conformadas a partir de la década de 1990 que nada tienen que ver con los populismos y menos con la dependencia del Estado. Un claro ejemplo de esto es la CTA Autónoma, que quienes nos encontramos formando parte de ella nos reivindicamos como central sindical de clase, antiimperialista y anticapitalista.

Mirada sesgada

La autora desarrolla una mirada parcial, anti movimiento obrero y anti clase obrera, dando como verdades absolutas algunas frases tendenciosas y falaces expresadas por el Presidente de la Nación Mauricio Macri, que ni el más fanático empresario podría haberlas expresado mejor.

No se puede caracterizar y catalogar de la misma manera a la totalidad del movimiento obrero argentino y a los dirigentes de más de 2000 sindicatos en todo el país. Resumir que son todo lo mismo, por lo que puedan expresar los tres o cuatro dirigentes más conocidos o los que el sistema más promociona en los medios masivos, no es un impedimento para mejorar las condiciones laborales y el bienestar de cada uno de los trabajadores.

Tampoco es cierto que el poder desarrollado por la organización de los trabajadores y de los sindicatos sea un obstáculo para el crecimiento de un país. Veamos si no lo que produjo la última Dictadura Cívico-Militar de 1976, la más genocida, que secuestró, asesinó y torturó miles de personas, la que intervino sindicatos y derogó convenios de trabajo y que tuvo como objetivo sacar derechos laborales porque supuestamente eran la causa de la imposibilidad del desarrollo de la Argentina. Pero la Dictadura cayó, la democracia volvió gracias a la lucha de los trabajadores y a la organización de la sociedad y el país no había crecido, no se había desarrollado ni había mejores condiciones de vida, sino todo lo contrario.

La autora sólo ve el mal en los derechos de los trabajadores por una mirada retrógrada y conservadora. Hoy no existe ninguna sociedad que sea capaz de desarrollarse sin que tenga protagonismo el movimiento obrero. Es falaz la afirmación que realiza (sin dar mayor precisión) de que “hay muchos ejemplos que muestran el deterioro de las condiciones económicas en países con sindicatos poderosos”. Todo lo contrario, los países con mayor precariedad económica son los que tienen sindicatos más débiles o pro patronales.

La autora está muy convencida de que el desarrollo de la negociación basada en mayor productividad redundaría en mejores condiciones de trabajo y por ende, en mejores salarios. Parece que ha perdido de vista que durante la década de la convertibilidad, los trabajadores tuvimos salarios congelados durante 11 años y cuando se devaluó el peso, en el 2002, nuestros ingresos quedaron totalmente atrasados en relación al costo real de vida.

Las empresas solo pretenden mantener sus tasas de ganancias, sin respetar derechos laborales y tercerizando y subcontratando para tener trabajadores en condiciones de mayor explotación que le generan una mayor rentabilidad. No es la Organización sindical la que hace declinar la producción sino la falta de control del Estado en inspecciones de las autoridades lo que hace que la patronal no cumpla con la legislación vigente.

Se desarrolla una mirada afín al discurso del momento del sector empresario que, en búsqueda de la flexibilización laboral, pretenden manos libres para explotar, para despedir sin causa y para hacerlo cuando se les ocurra, sin costo. Los grupos empresariales en Argentina pretenden bajar los costos laborales a los efectos de poder tener un nivel de competencia internacional que les permita invertir poco dinero y extraer riquezas y ganancias de nuestro país girándolas fronteras afuera.

Como ya nos tienen acostumbrados, los sostenedores de la “libre competencia” insisten en competir solamente hacia abajo, en costo laboral, cuando deberían apuntar hacia arriba, en aumentar los niveles de calidad de los productos ofrecidos. Este último sí sería un parámetro legítimo para respaldar una verdadera competencia.

Inflación vs. Derechos laborales

La autora afirma que “todas las normas que incrementan los costos laborales sobrellevan un efecto inflacionario, por lo cual el Congreso no debe dictar normas otorgando tantos beneficios sociales de dudosa efectividad”. Ni al más liberal de los economistas se le escuchó decir que el proceso inflacionario es producto de los derechos cada vez más paupérrimos que tienen los trabajadores ¿Acaso la autora no conoce la precariedad laboral que existe en la Argentina a través de empresas como Glovo, Uber y tantas otras? ¿Desconoce que el nivel de desocupación y subocupación en Argentina supera el 30% de la población lo que significa no sólo no tener trabajo sino tampoco cobertura social?

Nos pone los ejemplos de los modelos económicos a seguir: el sudeste asiático. Pero según estudios actuales, hoy el “costo laboral manufacturero por hora” en Argentina es de 16,77 dólares por debajo de los casi 23 dólares de Corea del Sur, 23,67 de Nueva Zelanda, los 39 de Estados Unidos y los 43 dólares por hora de Alemania.

Es innegable en su artículo la sinceridad y los argumentos a favor del empresariado local e internacional. Subyace la idea del libre mercado y que el Estado no debe tener un papel importante en la economía. En realidad lo que pretenden es que el Estado sí intervenga, pero a favor del sector que representan, a favor del mercado.

Privatizaciones neoliberales

Sabemos que la década del 90 estuvo marcada por el neoliberalismo. Concretamente, en los servicios públicos se afirmaba que el Estado no tenía que hacerse cargo de ellos, y se privatizaron bajo la infantil promesa de “ingresar al primer mundo”. En aquellos años se cimentó todo un sistema que dividió la unidad de negocio energético en tres patas: generación, transporte y distribución. El resultado a la vista a más de 25 años, es que volvemos a tener oligopolios energéticos, ahora privados, como el de la provincia de Buenos Aires, donde el empresario Rogelio Pagano es dueño de todas las empresas energéticas distribuidoras contrariando y violando el Marco Regulatorio creado en aquellos años.

Esto confirma que lo que pretenden es un Estado activo pero a favor de los grupos monopólicos privados multinacionales, un Estado bobo que no controle, que no planifique, que no se haga cargo de garantizar la energía como bien social y como derecho humano.

Libertad y democracia sindical

Por último, para convencer a sus lectores, la autora cuenta el caso de la disputa violenta en un Sindicato de la Carne en la localidad de Virreyes (“la preocupación de los sindicalistas en vez de negociar con los empresarios condiciones favorables de salarios”, dice) como si esto fuese generalizado y lo único que acontece todos los días en el movimiento obrero. Sigue siendo una mirada sesgada y por supuesto intencional de ataque directo, que nada aporta a quienes luchamos desde hace muchas décadas por la democracia y la Libertad sindical.

Sabemos que la nota es una más de la amplia batería de ataques que en los últimos años se replican en los medios masivos de comunicación contra el sindicalismo, para instalar la necesidad de la (aún mayor) precarización laboral, la modificación de Convenios colectivos de trabajo y la desindicalización de los trabajadores y las trabajadoras.

El Gobierno, al igual que el citado artículo de opinión, avanza contra los sindicatos, metiendo todo en la misma bolsa, para concluir que es necesario rebajar derechos. Quienes tenemos otro recorrido y otra historia de lucha junto al movimiento obrero organizado, afirmamos que es necesario consolidar un nuevo modelo sindical: independiente de los patrones, de los gobiernos, y de los partidos que disputan el poder político.

Cerramos citando al economista Julio Gambina integrante de la CTA-Autónoma: “el gran desafío del movimiento popular que hoy confronta contra la hegemonía capitalista pasa por construir estrategias que restituyan un horizonte civilizatorio, más allá y en contra del régimen del capital. Desde nuestra lógica de pensamiento, aspiramos a introducir estos debates en tiempos electorales en Sudamérica, en Argentina, en Bolivia y en Uruguay donde la agenda del poder privilegia un debate favorable a las reformas estructurales, funcionales a la lógica ideológica del capital”.

(*): Secretario Adjunto de CTA-Autónoma. Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata