El Senado de la Nación buscará avanzar hoy con la discusión de los proyectos sobre reforma previsional y las leyes de Consenso y de Responsabilidad fiscal, acordadas entre los gobernadores de 23 provincias y el Poder Ejecutivo, mientras que fuera del Congreso habrá una manifestación de organizaciones sindicales contra los cambios laborales y previsionales propuestos por el Gobierno nacional.

La decisión de avanzar con el tratamiento de los tres temas impulsados por el Gobierno nacional se tomó durante la reunión de Labor Parlamentaria de ayer.

Allí, Cambiemos y un sector del peronismo incluyeron las cuestiones en el Plan de Labor y acordaron debatirlas pese a que no cumplieron con los siete días exigidos por el Reglamento de la Cámara entre la firma de los dictámenes y su llegada al recinto.

“En lo posible, ningún dictamen de comisión será incluido en el Plan de Labor si no cuenta con al menos siete días corridos desde la fecha de distribución”, dice el artículo 57 del Reglamento.

“La decisión es no empezar a tratarlos después de la medianoche para que no quede ninguna duda sobre su discusión. Además, el Reglamento menciona que los siete días deben cumplirse ‘en lo posible”, mencionó la titular de la bancada de PRO, la cordobesa Laura Rodríguez Machado al salir de la reunión de jefes de bloques.

En el mismo sentido se expresó su par del Frente para la Victoria, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, quien ratificó que “las tres iniciativas se van a debatir esta semana”.

Aunque los tres dictámenes obtuvieron mayoría durante su tratamiento de comisión, algunos senadores del peronismo anticiparon que no apoyarán la reforma previsional.
Así lo hicieron saber Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino, y titular del sindicato de Trabajadores Petroleros del Norte de la Patagonia y el chubutense Alfredo Luenzo.

Tampoco apoyará la iniciativa el sector ultrakirchnerista que aún integra el bloque del PJ-FPV que comanda Pichetto.

Cuando arranque la sesión en el Senado la Corriente Federal, el moyanismo y la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) se movilizarán hacia el Congreso en rechazo a las reformas que estarán siendo tratadas en el recinto.

La ley previsional incluye propuestas sobre aumentos de haberes por encima de la inflación, 82% móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima y la extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años.

Sin embargo, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo sufrió algunas modificaciones esta semana, propuestas por Pichetto y que fueron aceptadas por los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Trabajo, Jorge Triaca, durante una audiencia de comisiones que se celebró el jueves pasado.

Pichetto planteó que el cálculo se haga en base a una combinación de “un 70 por ciento del índice inflacionario y un 30 por ciento de la variación de salarios”, en lugar de tener en cuenta sólo la inflación y el crecimiento del PBI, como establecía el texto original que también incluía una actualización de haberes cada tres meses, indicación que quedó en el dictamen.

Por otro lado, el Estado Nacional garantizará a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten treinta años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos (82 %) del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

Como tercera modificación, el proyecto contempla extender en forma optativa la edad jubilatoria hasta los 70 años.

En tanto, el proyecto de consenso fiscal firmado por el Gobierno nacional, la ciudad autónoma de Buenos Aires y las provincias, excepto San Luis, incluye modificaciones tributarias y previsionales acordadas con los 23 distritos que, a su vez, desistirán de sus juicios contra el Estado nacional.

Entre los puntos acordados entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores se destacan la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, el compromiso de aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno y adherir a ese régimen antes del 30 de junio de 2018 y consensuar una nueva ley de coparticipación federal.

Por otro lado, se acordó la compensación por parte del Estado nacional a las provincias que adhirieron al acuerdo a través de transferencias diarias y automáticas con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018 producto de la modificación a Ganancias mencionada en el párrafo anterior y al aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque.

Asimismo, se propuso actualizar trimestralmente en los años siguientes dichas compensaciones con base a la inflación y emitir un bono para las provincias y CABA a 11 años de 5.000 millones de pesos en 2018 y de 12.000 millones de pesos de 2019.

La provincia de Buenos Aires recibirá, a modo de compensación por el cambio al artículo 104 del Impuesto a las Ganancias, en particular del inciso “b” que estipulaba que 10% de lo recaudado le correspondía a dicho distrito, 21.000 millones de pesos en 2018 y 44.000 millones para 2019, montos que se actualizarán a partir de 2020 en base a la inflación.

En contrapartida, el distrito bonaerense desistirá de continuar con el juicio iniciado al Estado nacional.