Por Gabriel Matarazzo

Argentina tiene su “oro” del siglo XXI abajo de la tierra. Eso es una oportunidad en el mundo de nuestro tiempo, que demanda cada vez más energía frente a distintos escenarios bélicos y en medio de un camino hacia la utilización de fuentes de generación renovables.

Para plasmar esa oportunidad natural en hechos concretos, faltan grandes inversiones productivas, y el último proyecto de ley que aprobó el Senado, sobre el Régimen de Inversión para las Grandes Inversiones (RIGI), es una directriz adecuada para el rumbo del sector energético. Especialmente para el punto crucial; sacar nuestro oro enterrado.

El ejemplo más propicio de ese potencial argentino es el yacimiento de Vaca Muerta, que ya lleva años impulsando la producción tanto de gas y de petróleo. Los últimos datos siguen siendo alentadores: en cuanto al crudo, la producción del pozo neuquino subió casi un 19% interanual en abril. A eso hay que agregarle el boom gasífero, produciendo 92 millones de metros cúbicos por día, también en abril, un aumento del 11% respecto al mismo mes del año anterior.

Frente a este último ítem, la posibilidad de que nuestro país se convierta en un potente exportador de Gas Natural Licuado (GNL) es concreta y visible a mediano plazo. De acuerdo a las estimaciones privadas, Argentina podría generar 25 millones de toneladas de gas al año y exportar por un valor 20.000 millones de dólares anuales si se llevan a cabo las inversiones adecuadas.

En un contexto donde se debió recurrir a la importación de 30 barcos de GNL para satisfacer la demanda interna, la necesidad de impulsar al sector hidrocarburífero se vuelve una urgencia. Una vez que Vaca Muerta esté en funcionamiento al máximo de su potencialidad, no sólo estaríamos cubriendo el abastecimiento local, se podrían exportar cientos y cientos de barcos a Europa y Asia.

Pero, para hacer realidad esta potencialidad, se necesitan solo en la primera etapa, inversiones estimadas en 10.000 millones de dólares. Entre las obras que son necesarias para sacarle el máximo jugo al yacimiento neuquino se encuentran la construcción de gasoductos y oleoductos que transporten gas y petróleo no convencional a los puertos exportadores.

El RIGI aparece como una herramienta adecuada para llevar adelante estos proyectos, fundamentalmente para constituir ese marco de seguridad jurídica necesario que requieren los grandes capitales, como ocurre en cualquier país desarrollado cuando lleva a cabo una inversión energética de gran magnitud. La norma incluida en la Ley Bases, que aún debe validarse en Diputados, es un empujoncito oportuno.

No es lo único necesario. Para que estos megaproyectos funcionen también deben normalizarse las condiciones impositivas y cambiarias que mantengan una estabilidad macroeconómica a largo plazo, más aún teniendo en cuenta que la rentabilidad de estos trabajos recién le garantizan a las empresas un retorno genuino tras 20 o 30 años de producción.

Como agregado, un aporte importante es que el 20% del total de la inversión se destinará a la contratación de proveedores nacionales. El porcentaje deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación. Esto también ayudará a movilizar la actividad y generar puestos de trabajo, un círculo virtuoso para las economías regionales, por ejemplo, de los puertos de Bahía Blanca.

Perdernos la oportunidad de convertirnos en un gran jugador en ese rubro sería un error, y el reciente megaproyecto de GNL, promovido por la petrolera nacional, YPF, es un punto de partida clave para aprovechar nuestras ventajas. La concreción de estos planes implicaría también solucionar la falta crónica de divisas que sufre el país, revertir el déficit en la balanza comercial energética y convertir a Argentina en un proveedor mundial de hidrocarburos.

(*): Tesorero de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio)