El año pasado se conoció la impactante noticia según la cual el acosador nocturno del Golden State, uno de los asesinos seriales más legendarios de Estados Unidos, había sido detenido gracias a una prueba comparativa de ADN.

La evidencia de la década del ’70, cuando se habían cometido los atroces crímenes (homicidio y violaciones), permanecía preservada y bastó que los investigadores recogieran la basura de la casa de un sospechoso para hacer el cotejo. Jospeh DeAngelo era el “Original Night Stalker”.

Las leyes y los recursos en los Estados Unidos difieren de la realidad argentina en materia de investigación criminal, de modo que trazar un paralelo desde la igualdad de condiciones es un sinsentido. No obstante, los problemas parecen estar en el extremo de la fragilidad y no en el anhelo de lo inalcanzable.

El caso de abuso sexual investigado en el camping El Durazno padece por estas horas de esa precariedad, de esa falta de compromiso para honrar a las víctimas o responder a las demandas de la sociedad que necesita que los hechos se esclarezcan. También para salvaguardar a aquellos que, siendo inocentes, esperan que su situación se aclare por medio de la ciencia forense.

La fiscal Florencia Salas lidia con la falta de gestión para efectuar los estudios comparativos de ADN de un episodio criminal que sucedió hace 16 días. No 40 años. Y no tiene la certeza de que podrá hacerlo en lo inmediato ya que “no hay reactivos para los ADN”.

Pero por si eso fuera poco asoma la desidia. Porque ante la imposibilidad de que el laboratorio de la Policía Científica en el partido de San Martín pudiera satisfacer los tiempos de la fiscalía, se ordenó que se encargara la Asesoría Pericial en La Plata de los análisis. “En enero la Asesoría está cerrada, así que recién dentro de varios días puede haber novedades”, trascendió que fue la respuesta.

Todavía no está garantizado que puedan recibirse las muestras extraídas a los cinco imputados para no solo la labor en genética forense (comparar si el ADN de cada uno de los imputados está en ropa de la chica abusada, en la carpa y en otra evidencia) sino también en las pruebas toxicológicas. “Si los estudios se demoran, puede que esas muestras no sirvan. Y no se puede reproducir la condición toxicológica de una persona sacándole sangre un mes después del hecho”, confió una preocupada fuente judicial.

El expediente del camping El Durazno tiene una arista que esta falta de gestión de recursos agrava mucho más: que probablemente alguno de los 5 detenidos quede desvinculado del caso tras conocerse las conclusiones de los estudios de ADN. Por lo tanto, a más demora, más tiempo en una cárcel de un presunto inocente.

Otras falencias

Faltan médicos de policía, faltan recursos en general para la investigación, los peritos muchas veces sufren la falta de instrumentos, la morgue local no está en condiciones de dignificar el trabajo de tanatólogos, evisceradores y médicos.

Mientras tanto, un Instituto de Ciencias Forenses ya construido en el predio del HIGA y equipado con lo mejor de la tecnología forense, no funciona por otras faltas: de acuerdos, consensos y personal especializado.

El último elemento en comunión con este desorden es el de las pulseras electrónicas monitoreadas para los presos que tienen otorgado el beneficio del arresto domiciliario. Presos que están en su derecho de dejar la cárcel (porque la ley dice eso y su condición procesal o de ejecución lo respalda) tienen que esperar entre 45 y 60 días porque no hay pulseras.

Mientras por un lado el gobierno provincial busca descongestionar los penales, por el otro no hay provisión de estos artefactos geolocalizados.

Quienes conocen a fondo la problemática aseguran que no es problema de dinero, que los recursos en ese sentido están. Que solo se trata de algo tan simple como coordinar y comprometerse a una de las grandes demandas que tendrá la sociedad en 2019: la solución a los problemas criminales.