por Susana Madera

El residuo es un recurso que en América Latina y el Caribe no se aprovecha adecuadamente, dejando escapar no sólo ingresos económicos sino la oportunidad de evitar la emisión de contaminantes al ambiente, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“El residuo no es suciedad sino es un recurso”, afirmó a EFE Morgan Doyle, representante en Ecuador del BID, institución que participa de la Iniciativa Regional del Reciclaje Inclusivo (IRR) que busca, entre otros, mejorar el acceso de los recicladores al mercado formal de reciclaje en América Latina y el Caribe.

Apuntó que en la región hay alrededor de cuatro millones de personas cuyo sustento económico está en la recuperación de residuos sólidos potencialmente reciclables, pero están en la informalidad.

Del universo de materiales potencialmente reciclables, en la región se recupera “sólo el 25 por ciento”, dijo al apuntar que esto es relevante, pues, entre producir algo de cero y reciclarlo, se requiere “un insumo de energía y, por lo tanto, de emisión de gases de efecto invernadero, muchísimo más grande”, en ciertos casos hasta siete veces más.

Habría “un ahorro enorme” para la sociedad, la economía y el ambiente de la región si se aumenta el reciclaje, dijo al anotar que, según datos de 2014 que citó, por ejemplo, al año, en Ecuador se generan 4,1 millones de toneladas de residuos sólidos, pero del poco más de millón potencialmente reciclable, se aprovecha el 24%.

El precepto de reciclaje inclusivo es valorar la labor de las personas que se dedican a esta actividad y apoyar que una “industria” actualmente informal sea reconocida, pues representan “un recurso humano fundamental y único” dentro de la cadena actual de reciclaje, que tiene “un impacto muy positivo en la reducción de gases de efecto invernadero”, dijo.

Indicó que lo que buscan en la IRR, en la que participan también empresas privadas, es integrar a los recicladores de base en los servicios formales de la gestión integral de los residuos sólidos para que, entre otras cosas, tengan mejores ingresos y desarrollen sus actividades de forma más segura.

Doyle recordó que en Ecuador han dado ya capacitación a 150 gestores ambientales (recicladores de base) en liderazgo y tecnologías de información y han facilitado el acercamiento con la Red Nacional de Recicladores de Ecuador y los ministerios de Ambiente y de Inclusión Social y Económica, entre otros.

Apuntó que está en marcha una consultoría para elaborar planes de inclusión en nueve municipios piloto en Ecuador y subrayó la importancia del trabajo de los recicladores, “una población que tradicionalmente ha sido, de alguna forma, menospreciada y excluida”.

Dijo desconocer la cantidad de recicladores formales en la región y añadió, que han capacitado a más de 6.000 informales y han trabajado en programas de inclusión en más de 27 municipios, con la iniciativa que arrancó en 2011.

El “problema recurrente” de la región es que actúan en paralelo los recicladores informales y los trabajadores municipales de aseo. “No hay ninguna coordinación de la labor, tampoco hay lugares de acopio oficiales y es, como que se ignora, casi de forma activa, la existencia de estas personas que circulan para buscar el material”.

El manejo de deshechos tiene diferentes niveles en la región, dijo y destacó que Ecuador -donde el sector de residuos sólidos está formalmente incorporado en la matriz productiva- está “a la vanguardia” pues “ha avanzado mucho más que el promedio en reconocerlos”.

También destacó que en Colombia, el Municipio de Bogotá paga a los recicladores de base un precio “justo” por cada tonelada de material reciclado, lo que para él es “un claro ejemplo de un reconocimiento y una integración formal” y un “modelo para la región”.

Doyle enumeró entre los elementos de formalización de los recicladores su posibilidad de asociación, que paguen impuestos y que su actividad económica sea reconocida legalmente.

“En general, la condición laboral de estas personas es bastante vulnerable, tanto en cuanto a ‘seguridad industrial’, sobre todos quienes trabajan en botaderos (vertederos), pero también la variación de sus ingresos por el hecho de que están desarticulados y sujetos a los vaivenes del mercado”, algo que se combatiría con la formalización, dijo.

EFE.