Mucho se ha escrito en los últimos años sobre la inseguridad en Mar del Plata y en esa voluntad de entender los causales que la provocan, poca luz se ha logrado echar. Que la matriz socioeducativa, que la ausencia de leyes más rigurosas con responsabilidad del Estado nacional, que la falta de infraestructura por desatención de la Provincia y el municipio, que la incapacidad para la prevención. Una de ellas, o la combinación de todas, vaya a saberse. Lo que sí se sabe es que el resultado último es un decadente comportamiento ciudadano que, en ciertas napas sociales, se manifiesta en delito.

Los sucesos recientes en Mar del Plata ponen de manifiesto un aumento en la violencia que es preocupante, en un contexto en donde las muestras dadas por las instituciones que deben atacarla no son ejemplares. Un jefe departamental preso por presuntos actos de corrupción, un juez federal imputado de robarse monedas de oro, un médico jefe de la cárcel de Batán detenido por aberrantes episodios con los presos, el jefe de la dependencia antidrogas detenido por estafar a sus propios policías y robar plata de un procedimiento… Y por si algo faltaba, una alarmante acefalía en la iglesia católica, que suele ser muchas veces un arco de contención y asistencia.
En medio de todo ese berenjenal, la política se pelea. El intendente Guillermo Montenegro se pelea con el gobernador Axel Kicillof que a su vez se pelea con el presidente Javier Milei. Entonces los recursos no fluyen hacia donde deben fluir.

Días atrás asumió un nuevo jefe de policía en Mar del Plata y desde el municipio manifestaron su desagrado por no haber sido consultados por el Ministerio de Seguridad Bonaerense, ya no de la elección de nombres sino de las nuevas disposiciones operativas, como, por ejemplo, el relanzamiento del Comando de Patrullas en perjuicio del desguace de las comisarías.

“En el verano nos habían dicho que todo cambio que haya en la policía de Mar del Plata lo iban a consultar con el secretario de Seguridad. Bueno, hicieron todo lo contrario, para meter ruido en un partido que no es de ellos”, dijo una fuente municipal.

El problema que ha tenido Mar del Plata en los últimos años, en términos de seguridad, es respaldarse en las cifras de homicidios, que jamás se desmadraron como pudo haber sucedido en 2015. En aquel año -electoral, con la política en el medio- hubo una sucesión de homicidios que terminaron por activar algunas alarmas políticas y se hicieron “bajar” fuerzas federales.

Sin embargo, lo que debe preocupar no son los homicidios, extremo absoluto de los hechos de inseguridad, sino lo que sucede en el medio del espectro del delito. Los robos en la vía pública son cada vez más frecuentes, los asaltos en comercios y en casas de familia se siguen acumulando y la portación de armas de manera ilegal es impactante.

La política parece estar descuidando uno de los problemas que más reclamos genera en la gente: la inseguridad. Ya nadie confía en dejar un automóvil toda la noche en la calle porque sabe que cuenta con altas chances de que al día siguiente aparezca con alguna rueda menos. En muchos barrios periféricos, los vecinos se encierran en sus casas porque le temen a la caída de sol, como si vivieran en Transilvania.

En Mar del Plata se necesita más diálogo entre el arco político, el Ministerio Público y sus políticas criminales, y el Poder Judicial junto al sistema penitenciario. Mientras se ufanan de sus esfuerzos, generalmente inútiles, nadie mejora las condiciones deplorables de la cárcel de Batán, la provisión de recursos para la policía es proselitista, el control de tránsito para evitar motos circulando de forma irregular resulta inexistente, ni mantienen más dignas las calles, las luces y las plazas de los barrios. Ni mucho menos se preocupan por una campaña a gran escala para evitar que se sigan perdiendo en la ignorancia y el vicio a los jóvenes con menos acceso al Estado.

Por último, el Departamento Judicial Mar del Plata es de los más importantes del interior de la provincia de Buenos Aires y tiene cargos sin ocupar desde hace varios años. Las Cámaras penales necesitan cuatro miembros más, las fiscalías no reponen a los que se jubilan o pasan a otra función, el sistema de pasantías está caído y los Tribunales deben hacer malabares para constituirse.

Ni la prevención, ni la etapa punitiva, ni la ejecución de la pena funcionan mínimamente como deberían funcionar en una sociedad que tiene a la cultura del ilícito cada vez más extendida.