Los convenios firmados por el intendente Carlos Fernando Arroyo para concederle al Ceamse la operación del predio de disposición final de residuos, encomendándole además la realización de obras para “optimizar” su funcionamiento, ingresarían en las próximas horas al Concejo Deliberante, donde deberán ser convalidados por los concejales para que obtengan plena validez.

Si bien los documentos aún no fueron presentados oficialmente, LA CAPITAL tuvo acceso a parte de su contenido, el cual especifica las condiciones bajo las cuales el municipio dejará en manos de la empresa el manejo de la basura.

Allí, tal como lo adelantó este medio, se establece que el Ceamse se hará cargo de la operación del predio durante 36 meses por un precio mensual de exactamente $13.757.294, cuyo pago deberá ser afrontado por la comuna.

La cifra representa más del doble de lo que la Municipalidad venía pagándole a la anterior contratista, Tecsan. S.A.

En el oficialismo justifican el incremento del monto planteando que el Ceamse realizará algunas tareas y prestará una serie de servicios adicionales a los que venía brindando Tecsan, para así poder “optimizar” el funcionamiento del predio.

Dicho de otra manera, la nueva empresa se encargará de remediar la situación de emergencia que existe dentro del establecimiento, producto de la ausencia de inversiones y de los desmanejos cometidos por el municipio durante los últimos meses.

Por eso, de manera adicional en los convenios también se contempla la realización de las principales obras de infraestructura que en los últimos 2 años la gestión del intendente Carlos Arroyo no logró concretar.

Una de las más relevantes consiste en ampliar la planta de líquidos lixiviados para incrementar su capacidad de tratamiento a un volumen de 300 metros cúbicos diarios.

Según se acordó, el monto de esos trabajos ascenderá a $126.120.016,63.

En este caso no está claro cuál será el origen de los fondos requeridos para afrontar la inversión. Debido a la magnitud de la cifra, se especula con la posibilidad de que la comuna reciba en los próximos meses algún tipo de aporte de parte gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo previsto, una vez comenzada la construcción de la planta -la cual deberá contar con un laboratorio propio- su desarrollo demandaría un plazo total de 12 meses.

Inclusión social y ampliación del relleno

La otra inversión relevante que se deberá afrontar se vincula con la necesidad de retomar el plan de inclusión social para abordar la problemática de los recuperadores informales, el cual había sido prácticamente desmantelado por la actual gestión municipal.

En ese aspecto, uno de los convenios plantea el compromiso de acondicionar un área específica de 5600 metros cuadrados para que los recuperadores desarrollen su tarea.

Al fundamentar la necesidad de ejecutar estas obras, en el propio convenio se describe de qué manera estas personas desarrollan actualmente su actividad dentro del relleno sanitario.

Allí se detalla que por el lugar y la forma en la que ejercen su tarea existen “riesgos de accidentes” producto se su convivencia con los camiones que realizan las descargas, peligro de “propagación de enfermedades por falta de higiene” y contaminación como resultado de la dispersión de los residuos y de la infiltración de los lixiviados.

En ese marco, el convenio establece la decisión de, tal como estaba previsto en el proyecto original, crear una zona de “operación ordenada y segura” que cuente con un camino de acceso, un playón, muros, instalaciones sanitarias y un galpón de 18 metros de ancho por 30 de alto.

En este caso, los trabajos fueron programados para que puedan ser completados en un plazo de “28 semanas”, a un costo de $14.852.192,05.

De la lectura de los convenios también se desprende la intención de las partes de finalmente encarar uno de las principales dificultades que existe en el establecimiento consistente en la situación de colapso del único sector (A) habilitado para disponer los residuos.

Según los planes originales, ese inconveniente ya debería haber sido resuelto hace tiempo, mediante la construcción de los sectores B y C.

Sin embargo la gestión de Arroyo, a pesar de disponer de un pliego diseñado por la anterior gestión, nunca avanzó con la realización de esos trabajos.

De hecho el gobierno recién se propuso ejecutar esas obra a comienzos de este año, al impulsar una licitación en un momento en el cual predio ya había sido declarado emergencia.

El trámite, que preveía adjudicar los trabajos por una suma de unos 60 millones de pesos, nunca concluyó a pesar de que hubo tres oferentes.

Según se supo esta semana, el municipio se encamina ahora dejar sin efecto esa licitación, debido a que se planea que la construcción de los módulos B y C queden a cargo del Ceamse.

Así se establece en el acuerdo firmado días atrás, aunque se aclara que para ello la Municipalidad y la empresa firmarán en el futuro un nuevo convenio en el cual se definirá de qué manera y a qué costo se realizarán esas obras.