Por Jorge Raventos

El viernes 8 de marzo Javier Milei no estuvo en la Casa Rosada para recibir a los gobernadores que había invitado. Cedió el rol de anfitriones al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro de Interior Guillermo Francos y el permaneció en la Quinta de Olivos, en su oficina de trabajo refrigerada a 14 grados.

Una semana antes, al presentarse en el Congreso para abrir las sesiones ordinarias de las cámaras, Milei había sorprendido a los presentes (en rigor, a todos los observadores) con una propuesta de acuerdo extendida principalmente a los gobernadores pero ampliada a lo que él ha vituperado en sus discursos (inclusive esa misma noche) como “casta política”.

“Toda la política está convocada a acompañarnos –afirmó aquel día-. No nos importa quienes sean, de donde vengan, ni qué de ideas hayan defendido”. Su propuesta consiste en suscribir dentro de dos meses, en la provincia de Córdoba, un acuerdo de coincidencias básicas que llamó “Pacto de Mayo”.

“No contaban con mi astucia”

La astuta jugada del Presidente consiguió entonces descomprimir una tensión creciente entre el poder central y las provincias mientras, con ese clinch, procuraba de paso disgregar la incipiente alianza de los gobernadores y engendrar una chance de reflotar la ley ómnibus (hundida en la Cámara de Diputados) y salvar la vida de su DNU 70/2023, amenazado de muerte inminente en el Congreso.

La ausencia del último viernes es sólo un episodio. A punto de cumplir tres meses en funciones, Milei ha ocupado con creces el vacío en que su antecesor, Alberto Fernández, había convertido la presidencia, pieza central del sistema institucional argentino. La figura presidencial ejerce ahora –por presencia o ausencia- un indudable protagonismo que coexiste, sin embargo, con los persistentes huecos e inconsistencias de su administración, en la que un número considerable de funciones y puestos importantes (de los que depende la resolución cotidiana de gestiones urgentes) están aún desiertos por demora en las designaciones o deserción de los que fueron nombrados.

Milei ha desatendido esos aspectos y se concentró en cuestiones que considera estratégicas: el posicionamiento internacional y lo que durante la campaña bautizó con la imagen de la motosierra: el recorte del déficit fiscal (un recorte “brutal”, para usar un adjetivo que él frecuenta), al que señala como causa primigenia de la inflación.

En función de esa prioridad absoluta Milei recortó (obra pública, subsidios, partidas discrecionales o normativamente establecidas a laas provincias), licuó (en primer lugar fondos previsionales y salarios públicos) y trató de incrementar la presión impositiva (intento de suba de retenciones), todo lo cual promovió un fuerte reclamo de las provincias y un creciente disgusto de las fuerzas políticas, incluyendo buena parte de la oposición colaborativa.

El protagonismo de los gobernadores

El conflicto entre el poder central y las provincias, al recalentarse, dio lugar a un fenómeno interesante: la creciente coordinación entre mandatarios de diferentes orígenes partidarios. De la anterior grieta política entre coaliciones nos deslizamos a una polarización entre poderes: el central y el de las jurisdicciones políticas.

El denominador común de los gobernadores no pasa por el rechazo a la agenda impulsada por el presidente (sólo objetada por algunos gobernadores, en primer lugar Axel Kicillof), sino por la crítica a la modalidad acentuadamente centralista adoptada por Milei, a quien se le reclama diálogo, negociación y contemplación del conjunto de intereses involucrados.

Desde el Congreso y con una antena que registra fielmente las señales de las provincias, Miguel Pichetto había resumido una perspicaz propuesta de convergencia: “Milei debe apuntar hacia un diálogo amplio con los gobernadores que permita terminar con la incertidumbre fiscal que tienen las provincias, consolidar un camino de ordenamiento fiscal para la Nación. Acuerdos recíprocos, que también implican gobernabilidad, es el camino que el presidente tiene que transitar. Sería inteligente”.

Desde Córdoba, el gobernador Martín Llaryora había enviado a Milei un mensaje público en la misma línea: “Le pido que convoque a los gobernadores para que podamos llegar a un consenso. Cuente con aquellos que queremos ayudar”.

Hasta el Fondo Monetario Internacional aconsejaba la búsqueda de acuerdos. La número 2 de la entidad, Gita Gospinah, después de reunirse con Milei y a fines de feb rero, antes de dejar Buenos Aires, escribió un consejo amigable al gobierno ante lo que evidentemente había contabilizado como riesgos graves para la sustentabilidad de la economía. “Argentina necesita reformas de mercado para revertir la caída que se viene dando en la calidad de vida, pero éstas deben ser diseñadas y secuenciadas para asegurar un crecimiento sostenido e inclusivo”. Exhortó a “proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas” y señaló, así mismo que, “dados los costos de estabilización a corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras”.

Párrafos, cargados de sentido común que podrían haber sido suscriptos por los gobernadores y por muchos que, hasta el primer viernes de marzo, equivalían para el gobierno a adversarios o enemigos.

Reconstruir el sistema

Aunque estaba a la vista un nuevo piso político que indica un cambio de época, evidenciado por la coincidencia, así sea con diferente énfasis, en la necesidad de determinadas reformas (tanto en el terreno del equilibrio fiscal como, incluso, en el terreno laboral, un punto en el que la propia CGT acuerda) se llegó a la emblemática asamblea legislativa del primer día de marzo en un clima de tensión entre la Casa Rosada y las provincias que no cedía. Fue ese el momento en el que Milei sacó de la galera la propuesta del Pacto de Mayo.

Aunque alardea de no frenar nunca, el Presidente no aceleró en su discurso al Congreso; en cambio, moderó la marchay ofrendó señales -contadictorias, es cierto- de apaciguamiento. Primero describió con pinceladas oscuras la herencia recibida y escarneció al sistema político, pero a continuación se explayó con la invitación al acuerdo de mayo.

Fue una jugada pícara. Los gobernadores habían reclamado reunirse con el Presidente para encontrar una agenda común. Milei les tomó la palabra y los comprometió a hacerse presentes: difícilmente podrían rechazar a priori la propuesta del encuentro sin quedar en una situación incómoda. Milei tomaba nota de las acusaciones de agresividad y verbalmente tomaba distancia: aseguraba que la confrontación “no es el camino que queremos ni el que elegimos; hay otro camino posible, un camino distinto, un camino de paz y no de confrontación; un camino de acuerdo y no de conflicto”.

¿Úkase o acuerdo?

La convocatoria al diálogo insinuaba un camino. En rigor, de lo que se trata es de dotar al proceso institucional iniciado el 10 de diciembre de gobernabilidad, equilibrio y eficacia. El Presidente necesita buscar un diálogo constructivo con los gobernadores. A partir de ese vínculo se puede encontrar la sintonía adecuada con el Congreso, donde la fuerza propia de Milei (inclusive con el suplemento de los restos de Juntos por el Cambio) es muy poco significativa. Los gobernadores necesitan asegurar la viabilidad fiscal y la paz social de sus provincias, que en algunos casos pueden estar amenazadas-

La invitación del Presidente abría, en ese sentido, una oportunidad. La reconfiguración del sistema político que está en marcha – de la que la elección y la presidencia de Milei constituyen un capítulo- lejos se encuentra aún de haberse consolidado. Requiere de todos los actores un esfuerzo superior de lucidez.

No alcanza con el –indispensable , por cierto- ejercicio enérgico del hiperpresidencialismo que encarna Milei; se necesita la convergencia con los gobernadores que buscan forjar acuerdos con el poder nacional que sin duda apuntalarían la autoridad presidencial y e impulsarían paralelamente el fortalecimiento e integración de los territorios y sus economías.

Una mayor proximidad entre los factores principales (Presidente, gobernadores) contribuiría a componer la ecuación, a sumar fuerza legislativa y apoyatura empresarial y social.

Está faltando articular con inteligencia y capacidad de movimiento los fragmentos de poder dispersos para convertirlos en un sistema. Los países más influyentes y los inversores potenciales observan esta instancia como una prueba decisiva.

La primera reunión, la de anteayer a la que el Presidente no concurrió, empezó a demostrar que si la oportunidad efectivamente se desarrolla constructivamente, el trámite no se caracterizará por una hilera de gobernadores convertidos en firmantes sumisos de los 10 puntos que redactó el Presidente, ni en una mágica aprobación de artículos ya impugnados de la retirada ley ómnibus. Será, en todo caso, un intercambio caliente de puntos de vista y una compaginación de intereses que permita llegar a un “contrato social” sustentable y virtuoso.

“Cuando uno abre una etapa de diálogo, tiene que abrir la agenda y aceptar modificaciones, si no, no es diálogo, es imposición de ideas. Hay artículos que no se acompañaron y hay que tratar de encontrar alternativas”, advirtió el gobernador cordobés Llaryora. Que fue más allá, hablando para todos los actores: “Convocar al diálogo no es humildad, no es retroceder, no es un gesto de pérdida de autoridad , es un gesto de. No perdamos tiempo al todo o nada”.

Centralismo, federalismo y unión nacional

Los gobernadores disimularon la falta del Presidente, consideraron constructivas las primeras conversaciones y aclararon a los mensajeros del Presidente que, aunque se puede analizar la nueva versión (compactada a menos de doscientos artículos, de lo que fuera la Ley Ómnibus) no hay plafond para reinstalar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. La formulación centralista del acuerdo propuesta por Milei es un punto de partida, no necesariamente un punto de llegada. Las provincias han mostrado saludables reflejos que las empujaron a coordinar una respuesta defensiva común, pero todavía aparecen muy amarradas a miradas principalmente reivindicativas, particulares (en el mejor de los casos, regionales) cargadas de legitimidad pero no llegan aún a formular una estrategia nacional capaz de ofrecer una alternativa simétrica, complementaria y superadora de los puntos razonables que aparecen en la lista de Milei.

Todavía no hay a la vista un programa mínimo integral de las provincias, que contenga una propuesta innovadora sobre los recursos fiscales, capaz de reformar en la práctica la anacrónica coparticipación, y una propuesta que apunte al desarrollo productivo y exportador como marco indispensable del equilibrio fiscal . Llaryora expone ya esa demanda: al tiempo que sostiene que “el llamado al diálogo es clave para salir de esta crisis”, reclama: “Tenemos que construir un pensamiento estratégico y federal en un plan que incluya a los sectores productivos para que la actividad no se detenga y generemos inversiones y más empleo”,

Si las provincias no ofrecen una respuesta adecuada (no enfrentada, sino superadora) al programa centralista del presidente, la formulación de Milei tendrá la cancha inclinada en su favor.

Por supuesto, un programa de esta naturaleza también resultaría superador de los encorsetamientos partidarios preexistentes, hoy sumidos en una crisis profunda, ya que sería obviamente transversal, pues el elenco de gobernadores tiene todos los colores (salvo el violeta, cuyo portaestandarte es el Ejecutivo). Sería un verdadero aporte no solo a la gobernabilidad, sino a la unión nacional, la integración y el desarrollo.