El Bloque Justicialista del Senado buscará el próximo martes avanzar rápidamente con la firma del dictamen para su proyecto sobre extinción de dominio, sin consenso con Cambiemos.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el justicialista Pedro Guastavino se reunirá en el Salón Arturo Illia a las 12:00, dos horas antes de que continúa la audiencia pública sobre legalización del aborto.

Allí, los senadores conducidos por Miguel Pichetto intentarán firmar el dictamen de su proyecto en el que, hasta ahora, no hay consenso con el oficialismo, según dejaron trascender fuentes de ambos espacios.

La extinción de dominio permite al Estado recuperar bienes relacionados con el delito, y apuesta a tener dictamen a fines de julio para llevarlo al recinto.

La iniciativa reemplaza a una anterior que fue aprobada por la Cámara baja en 2016 y que el Senado modificó pero no sometió a votación porque Diputados -que debería votarlo de nuevo, por los cambios hechos- no garantizó su aprobación.

“A diferencia de la media sanción, este proyecto tiene una estructura que significa una reforma del Código Penal, un proceso y garantías que tiene que tener todo ciudadano”, explicó Pichetto durante la conferencia de prensa en la que presentó el proyecto.

Por su parte el senador Rodolfo Urtubey sostuvo que la figura del decomiso “nunca funcionó bien” porque los bienes se deterioraban y que “por eso surgió la idea de la extinción de dominio como una acción civil que permitiera tomar los bienes vinculados al delito, administrarlos y recuperarlos para el Estado”.

El nuevo proyecto, según precisó Urtubey, establece la extinción de dominio como una acción “con autonomía dentro del proceso penal” y señala que “cuando hay certeza de delito para juzgar, el Procurador del Tesoro será legitimado para iniciar la acción”.

Al respecto, aclaró que “se debe probar la vinculación de estos bienes con el delito” y, en este sentido, lo diferenció de la iniciativa original de Diputados que, según explicó, “invertía la carga de la prueba, porque la persona debía acreditar la legitimidad de sus bienes, cuando es el Estado el que debe probar” la vinculación entre los bienes y el delito.

También señaló que “el proyecto anterior sacaba del fuero penal la acción y el fiscal, ante la mera sospecha, podía iniciar la extinción, algo que no se condice con el sistema de garantías que tiene la Argentina.

Pichetto sostuvo que “en la etapa de instrucción se inhiben y se congelan los bienes” para preservarlos hasta el momento en que haya condena o absolución por parte del tribunal oral.

Ocurre que el proyecto establece que la acción de extinción de dominio debe dictarse en simultáneo con la condena impuesta por el tribunal y no en otro momento.

El jefe del bloque también señaló que el proyecto contempla un mecanismo de revisión para los casos en que, tras una apelación, el tribunal de alzada rechace la condena de primera instancia y absuelva al acusado.

De acuerdo al proyecto del justicialismo, la extinción de dominio se aplicará para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, narcotráfico, proxenetismo, corrupción de menores y secuestro, entre otros.