Por Ramiro Melucci

En el almanaque de todos los gobiernos, el mes de diciembre tiene un asterisco que remite al clima social. El de Guillermo Montenegro no es la excepción. El reparto de bolsones de alimentos en la antesala de las fiestas para mantener la armonía callejera se erige en objetivo primordial. La última semana cumplirlo fue imposible: las protestas sociales convirtieron al centro y la costa en un pandemónium. En la postal menos deseada en la previa del verano más esperado.

Los funcionarios que estuvieron al frente de las negociaciones con los grupos piqueteros, entre ellos el subsecretario de Desarrollo Social, Cristian Beneito, chocaron con un reclamo inesperado. No por lo que pedían, sino por su magnitud. Solo las organizaciones de izquierda solicitaron 45 mil pollos, cuando el año pasado habían sido entregados, en total, 12 mil. “Es una barbaridad, un pedido imposible de cumplir”, coincidieron, atónitos.

Cada día de acampe que pasó, el gobierno local trató de bajar lo máximo posible el requerimiento inicial. Lo logró, pero la negociación demandó más tiempo del esperado. Al final, evitó dar detalles del acuerdo para no comprometer futuras negociaciones con otros grupos. El único dato lo dieron los mismos manifestantes: levantaron las carpas frente al Casino a cambio de un 50% más de alimentos frescos.

Antes de esa solución pacífica la Iglesia sumó su malestar por la situación social. A través de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, un espacio impulsado por el Obispado, reclamó políticas concretas para disminuir la pobreza. El mensaje interpeló a los gobiernos nacional, provincial y municipal, pero aludió solo al ámbito local cuando marcó que, en materia de residuos, donde había “un plan para lograr una adecuada gestión” ahora hay “un lugar donde todos los días se vulnera la dignidad de las personas que se ven atravesadas por diversas violencias”.

Apenas leyó el comunicado, la flamante secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, pidió una audiencia con el obispo, que ya había puesto su cuota de cordura para evitar que la calle se convirtiera en un caos. “La gente tiene paciencia y está serena a pesar de las dificultades”, dijo cuando amanecía diciembre, al lanzar la tradicional Marcha de la Esperanza, de la que participó el intendente con uno de sus hijos.

El gobierno local trató de bajar lo máximo posible el requerimiento inicial de los grupos piqueteros. Lo logró, pero evitó dar pormenores del acuerdo final.

En medio de las tensiones del municipio con los grupos piqueteros, el Frente de Todos deslizó que hacía más de una semana que el gobierno nacional había enviado $ 80 millones para ayuda social: $ 30 millones para alimentos y artículos de higiene y $ 50 millones para materiales de construcción. Se preguntó, de paso, por qué Montenegro no entregaba los alimentos y los materiales. “Esto no es ir al almacén o a Carrefour y comprar cualquier cosa. Hay que hacer los procesos administrativos y las órdenes de compra”, respondieron en el municipio, y aclararon que la gestión para conseguir esos fondos las hizo el mismo intendente.

“Somos uno de los únicos municipios que entrega alimentos frescos todo el año”, se la escuchó repetir en reuniones de gabinete a Baragiola. Momento más atinado para aterrizar en la cartera social no le consiguieron. La radical no se espanta: su trayectoria política está colmada de momentos como estos.

Su antecesora, la también radical Verónica Hourquebié, se fue como llegó: sin que se le oyera la voz. La decisión de mutear a algunos funcionarios, que puede disgustar a periodistas o a los propios silenciados, forma parte de una estrategia comunicacional que solo reconoce a un puñado de voceros. El resultado es un ordenamiento del discurso oficial que tiene su exacta contraparte en el gobierno de Carlos Arroyo, en el que el propio jefe comunal solía promover las contradicciones.

Lo que antes era regla ahora es excepción. Puede anotarse una, muy del mundillo político, en la semana que pasó. En la conferencia de prensa en que anunció los controles de la temporada, Montenegro dijo que habrá una respuesta “multiagencial” por parte del municipio. No se le puede pedir que esté al tanto de cada pormenor de los debates legislativos, pero esa expresión fue una de las que, a fines de noviembre, el oficialismo cuestionó del proyecto opositor para prevenir los delitos en la Zona Roja.

“El municipio no tiene agencias, tiene dependencias municipales. ¿Qué quieren decir con esto de intervención multiagencial?”, llegaron a preguntarles los ediles de Juntos por el Cambio a los del Frente de Todos para mostrarles su descontento con la redacción de la iniciativa. Algunos opositores hasta se tomaron el tiempo de explicarlo. Ahora, con la expresión en boca del intendente, ya ningún edil del oficialismo podrá pedir sin ponerse colorado que se modifique el término: Montenegro lo conoce de sobra.

Montenegro mencionó un término que el oficialismo había cuestionado de un proyecto del Frente de Todos. Ahora ya no podrán insistir con que no lo entienden.  

Del control y la seguridad –mañana se lanza el Operativo Sol– dependerá buena parte del éxito de la temporada. Otra está sujeta al aspecto sanitario. En menos de 20 días diciembre superó con creces los contagios de octubre y registró más que noviembre. La curva ascendente es una amenaza que no debería minimizarse.  

La política municipal también empieza a poner un ojo en el proyecto de presupuesto 2022, que contiene un incremento de 45% en las tasas, según anunció el gobierno. La primera lectura es que Montenegro no le cree al ministro de Economía, Martín Guzmán, que estimó una inflación del 33% en el cálculo nacional. El antecedente de este año le da la razón: el ministro previó de entrada 29%; en once meses ya lleva 45,4%.

A ese descreimiento le agregó otro argumento: el del aumento bajo del año pasado, que se ubicó en el 24% y generó un desfasaje. “Fue el municipio de la provincia que menos actualizó sus tasas”, justificó.

Entre los fundamentos oficiales del presupuesto había, no tan oculta, una granada. En el apartado de las obras previstas, el municipio anotó que este año “no llegó demasiado aporte nacional ni provincial” en ese rubro. No es un off the récord: figura en el resumen del proyecto que el gobierno entregó a la prensa.

El bloque del Frente de Todos apuntó sin tapujos contra Montenegro. La presidenta del bloque, Marina Santoro, y Virginia Sívori tildaron al intendente de “mentiroso” por haber “ocultado la suba de tasas” durante la campaña. El rechazo de Juntos por el Cambio al presupuesto nacional en la Cámara de Diputados no ayudará a calmar las aguas.

Las concejalas opositoras memoraron, además, que las gestiones de Cambiemos acumularon incrementos “del 1200% en los últimos seis años”. Esa sumatoria es un extracto del discurso kirchnerista que nunca falta. Nutre al anhelo de un cambio de signo político en el gobierno local. Menudo favor para uno de los nuevos aliados, Alejandro Carrancio, que cuando era oficialista defendió todos esos aumentos y a este, en cambio, lo tachó de “impuestazo” antes que nadie.