Por Ramiro Melucci

Antes de que Sergio Massa anunciara el bono de $ 60 mil y de que las provincias y municipios empezaran a fijar posición, en el gobierno de Guillermo Montenegro otro pedido había empezado a alterar los nervios de los funcionarios que siguen la evolución de las finanzas de la comuna. 

Lo hizo público a principios de la semana el Sindicato de Trabajadores Municipales, pero databa de mediados de agosto, cuando se reabrió la paritaria. Era una solicitud de incremento salarial del 20%. Hasta ahí, dado el contexto, lo esperable. Pero no fue el porcentaje lo que hizo abrir los ojos a las autoridades comunales, sino la intención de que se tomen como base los valores de julio.

Para el gobierno local, ese detalle lo cambia todo. “Desde siempre hemos dado los aumentos sobre los salarios de enero. Tomar como base julio es cambiar las reglas de juego a mitad del juego. Significa un aumento adicional que complica la negociación”, se quejaron en la comuna.

Aparece otro punto de desacuerdo: el impacto de la devaluación. En el Ejecutivo sostienen que, hasta ahora, los incrementos salariales se han otorgado en relación con la inflación informada por el Indec. “A esta altura del año estamos con 55% de aumento salarial y 60% de inflación”, dicen. El inconveniente es que el golpe de la devaluación en los precios todavía no fue reflejado por el Indec (el dato oficial se conocerá el 13 de septiembre), por lo cual no hay un porcentaje oficial de referencia.

La relación entre la administración de Montenegro y el sindicato que conduce Antonio Gilardi tiene en su historia más entendimientos que desacuerdos. Pero el hecho de que el gremio haya revelado parte de las negociaciones es un indicio de cortocircuitos. Por regla general, el gobierno de Montenegro no hace públicas las conversaciones hasta no llegar a un acuerdo. Esta vez, después de que el gremio señalara la “falta de respuesta” al pedido de recomposición salarial, se vio en la necesidad de cambiar la táctica: reveló un ofrecimiento de 17% para septiembre y de 20% para noviembre, sobre la base de los valores de enero. “Hablar hoy de los sueldos de enero, con todo lo que ha sucedido en el país, es una broma”, responden en el sindicato, que decidirá el martes, en asamblea, los pasos a seguir.

En el contexto de esas deliberaciones llega el anuncio de Massa. La suma fija en dos tramos de $ 30 mil. “Plata para pagarla no tenemos. Si el gobernador asiste a los municipios, se dará”, aseguran en la comuna, a tono con la postura que los intendentes de Juntos por el Cambio estamparon en un comunicado. La Provincia hizo trascender que generaría un fondo especial de $ 12 mil millones destinado a los municipios, pero todavía no confirmó ninguna decisión.

Aparece otro punto de desacuerdo: el impacto de la devaluación, todavía no mensurado por el Indec: el dato oficial se conocerá el 13 de septiembre. 

Mientras la preocupación por cómo afrontar los reclamos municipales se profundizan, el intendente determinó la inclusión de la estructura de Cultura bajo la tutela del Ente de Turismo. No lo hizo en tiempos de paz, sino como consecuencia de una crisis: la derivada de la confusión de fechas que dejó sin Juegos Bonaerenses a una delegación de cultura.

Imposible no hallar vasos comunicantes entre lo que sucede ahora con lo que ya pasó. Emiliano Giri era la cara visible de un futuro ente de Turismo, Cultura y Deportes que quedó trunco en tiempos de Arroyo, y cuyo antecedente fue el que más estuvo presente en la dirigencia política en los últimos días. La reacción en cadena también se asemejó a las que se orquestaban contra aquel gobierno: desde los distintos bloques de la oposición hasta artistas autoconvocados, entidades y agrupaciones de distintos espacios culturales repudiaron la supresión de la Secretaría de Cultura. El comunicado conjunto de los ex secretarios de Cultura en rechazo a la decisión de Montenegro también registra un solo precedente: se habían juntado en enero de 2017 para advertir las desviaciones de la gestión de Silvana Rojas.

Más que la palabra ahorro, en el gobierno local se mentaron términos relacionados con la celeridad. “Desde lo administrativo, para generar contrataciones y tomar decisiones, un ente es mucho más ágil que una secretaría”, postuló Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura en formación. Un compañero de gabinete suscribió: “Un jefe de compras de la Municipalidad, que depende del intendente, compra cosas tan variadas como remedios, pollos y neumáticos, y hasta acá también contrataba artistas. En cambio, un ente tiene jefe de compras, tesorero y contador propios, y depende de su presidente”.

Acostumbrado a lucirse con los números de visitantes y a conversar con empresarios y operadores turísticos, Martín ahora debe afrontar otras lides y vérselas con actores y trabajadores que suelen estar en las antípodas de las lógicas del gobierno local. Los artistas ya dieron muestras de su intención de visibilizar el reclamo, la comisión directiva del sindicato municipal sumó su pedido para que el decreto quede sin efecto y encima la Comisión de Educación espera que un funcionario vaya al Concejo a explicar el desaguisado de los Bonaerenses.

En las últimas horas surgió otro vericueto que podría dificultar más las cosas. El Ejecutivo aún no envió al Concejo el decreto de conformación del Ente de Turismo y Cultura. Debe hacerlo, porque es ad referéndum del cuerpo deliberativo. La demora podría estar relacionada con las complicaciones para juntar los votos. La comisión de Legislación, en donde sí o sí debería tratarse, presenta desde el acuerdo Raverta-Pulti una mayoría opositora.

¿Cuánto tiempo podría pasar sin que el decreto se trate? ¿Qué pasa si se trata pero es archivado? ¿Qué grado de validez tendrían los actos administrativos que el flamante ente disponga? ¿Quiénes estarían dispuestos a firmarlos? Son preguntas que, con lógica, ya empezaron a hacerse en la oposición.

Probablemente nada de esto estaría en discusión si los funcionarios de Cultura hubieran acertado a la fecha de la etapa regional de los Bonaerenses. Pero el contexto propicia los actos. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, propone una reforma profunda del Estado. Dijo que no quiere más de ocho ministerios, y que ni siquiera sabe si se van a llamar ministerios o secretarías, como en Estados Unidos. La propuesta de achique de Montenegro encaja en ese discurso. Constituye una muestra a escala local.

El rechazo de la oposición también está en línea con el discurso electoral. “En momentos claves de debate por nuestros derechos, no es momento para retroceder”, planteó la presidenta del bloque de Unión por la Patria, Marina Santoro.

La demora en la presentación del decreto en el Concejo podría estar relacionada con las complicaciones para juntar los votos. La comisión de Legislación presenta desde el acuerdo Raverta-Pulti una mayoría opositora.

En la antesala de la campaña rumbo a las generales, el gobierno local también presentó un proyecto para reestructurar el sistema de carga y descarga de mercaderías. Se suma a la propuesta de licitación del estacionamiento medido y a la de explotación de la publicidad callejera, en un combo para establecer modificaciones en los espacios públicos.

El proyecto divide a la ciudad en cuatro zonas y establece horarios para la carga y descarga según el tipo de vehículos (grandes, medianos o chicos). En el municipio destacan el apoyo de las entidades que agrupan a los sectores involucrados (la Cámara de Transporte de Cargas –Cetac–, la UCIP y el Sindicato de Camioneros) y aseguran que será fundamental el control para que la normativa se respete.

La propuesta contiene un cambio sustancial para todos aquellos que no participan de la dinámica de la carga y descarga: elimina las dársenas de 24 horas, por lo que ya desde las 18 (las 20 en períodos vacacionales) esos lugares podrán ser utilizados para estacionar. En zonas convertidas en polos gastronómicos, con decks que restringen los lugares para los autos y paradas de taxis tan extensas como despobladas, todo espacio libre resulta bienvenido.