El Paseo Hermitage denunció una persecución del intendente Carlos Arroyo hacia la empresa y anunció que hará una presentación judicial debido a que la decisión de decretar la caducidad de esa concesión no se ajusta a derecho y presenta severas falencias argumentales.

A continuación la posición de la empresa fundamentada por Mariano Morettini, contador y auditor del Hermitage:

Este es el final de un proceso administrativo que se sustanció en el ámbito de la Municipalidad con un resultado que no sorprende, por la actitud que ha tenido desde el comienzo de su mandato el actual intendente para con las empresas en las que participa el Sr. Florencio Aldrey, pero sí es llamativo desde lo sustancial y desde lo formal.

Nos referimos al hecho de que el procedimiento ha presentado numerosas falencias y marcada parcialidad, que afectaron derechos elementales de Hermitage S.A., como el de defensa.

Son muchas tales falencias, que anticipamos serán planteadas en el ámbito judicial, como por ejemplo, se han ofrecido pruebas que el intendente ha decidido no producir; se han planteado cuestiones formales, como la prescripción y la incompetencia del intendente para actuar, y ninguna de ambas ha sido contestada ni tenida en cuenta; se ha hecho notar que cuando se autorizó el traslado del Casino que funcionaba dentro del Hermitage Hotel al Paseo Hermitage, en el año 2005, expresamente se aclara en una Disposición municipal que se ha tenido a la vista el contrato de locación para la explotación del Casino, mientras que uno de los argumentos del intendente es que recién ahora conocen la existencia de ese contrato, entre varias otras irregularidades del accionar del municipio.

Pero al margen de las cuestiones formales, que claramente muestran un procedimiento indebido y arbitrario por parte de la Municipalidad, en la cuestión de fondo tampoco es cierto lo que se endilga a Hermitage S.A. Básicamente, argumentan que cuando en el año 2005 la empresa presentó la proyección de ingresos y gastos que se tendría en el Paseo Hermitage, luego del traslado del Casino, la empresa informó más gastos y menos ingresos que los que realmente estimaba tener. Y ambas cuestiones son falsas. Respecto de los gastos, a pesar de haber transcurrido 14 años de aquella presentación, se han aportado contratos donde claramente se identifica el importe de gastos que se tendría con la obra de traslado del Casino. Respecto de los ingresos, la estimación municipal surge de una antojadiza interpretación de un pago de impuesto de sellos efectuado por Boldt S.A., que es la firma que explotó el Casino hasta agosto del año pasado.

Boldt S.A. pagó el impuesto de sellos de dos contratos en forma conjunta en el año 2005: el que tenía con Hermitage S.A. del año 2004, y otro que había celebrado con Lotería en abril de 1999, ¡anterior incluso a que se diera en concesión el Paseo Hermitage! En resumidas cuentas, el pago efectuado por Boldt S.A. corresponde a dos contratos, a intereses y a multas, y menos del 5% de ese pago es atribuible al vínculo con Hermitage S.A. Pues la Municipalidad, sin ningún tipo de asidero lógico, ni jurídico, ni fáctico, interpreta que todo el pago del impuesto corresponde al contrato entre Boldt S.A. y Hermitage S.A., y de allí concluye que la declaración de ingresos de la empresa es falsa.

Por supuesto que se ha explicado esta situación en el expediente administrativo, se han aportado las constancias y presentaciones en Rentas de esa época que convalidan esos dichos y se ha ofrecido como prueba que se oficie a Boldt S.A. y a ARBA para que confirmen que lo que se dijo es cierto. La prueba documental aportada no fue respondida ni tenida en cuenta y la informativa no fue producida. Esto es un claro ejemplo de afectación al derecho de defensa.

De la incorrecta interpretación municipal es que surge que Hermitage S.A. ha defraudado en 84 millones de dólares a la Municipalidad, lo cual no solo es falso sino también ridículo.

Sí, es verdad que actualmente el canon que se paga es de $110.000 por año, pero hay que tener presente que el contrato de concesión se firmó en 1999, en plena vigencia de la convertibilidad. Para ese entonces, el canon era muy elevado. Lo que ha sucedido es que el proceso inflacionario de los últimos años ha erosionado ese monto.

Pensemos, por ejemplo, en los planes de pago que ARBA o AFIP implementan con cierta periodicidad y que ofrecen hasta 8 o 10 años de plazo para pagar. A nadie se le ocurriría pensar que como la inflación va carcomiendo el monto de la cuota, AFIP o ARBA están habilitadas para modificar unilateralmente las condiciones del plan otorgado. Cualquier contribuyente se indignaría si algo así sucediera.

De todas maneras, en este caso la Municipalidad tiene alternativas para plantear el perjuicio que les ocasionó el proceso inflacionario y la devaluación que el propio Estado generó, y solicitar una revisión del monto del canon. Sin embargo, ninguno de los gobiernos municipales de los últimos 20 años, ni tampoco el actual gobierno, ha iniciado este proceso de readecuación del canon, lo cual daría lugar a pensar que el verdadero objetivo con esta caducidad es generar daño a la empresa, aunque sea con argumentos falaces. Otra clara muestra de ello es que en 20 años la empresa nunca fue sancionada por ninguna de las gestiones municipales, ni siquiera durante los más de tres años de gobierno del Sr. Arroyo.

No puede desconocerse que hay cuestiones económicas, políticas y personales enmarañadas en este asunto: esta decisión destruye puestos de trabajo, afecta la seguridad jurídica, desalienta la inversión privada, elimina recursos turísticos, reduce la recaudación municipal, va a contramano de las políticas nacionales y provinciales y parecería deberse a un enfrentamiento del intendente para con un empresario que, desde los medios de comunicación que controla, es crítico para con su gestión.

También es importante destacar que en el Paseo Hermitage, además de los balnearios, funciona el estacionamiento del Hermitage Hotel, y que en el Paseo Hermitage se invirtieron varios millones de dólares, y aún más dinero invirtió el Sr. Florencio Aldrey en otras empresas de la ciudad.

Le puedo asegurar que de haber adquirido dólares, o puesto el dinero en plazos fijos, o adquirido títulos públicos, o acciones en la Bolsa, es decir, de haber efectuado inversiones financieras, la rentabilidad que hubiera tenido sería mucho mayor que la que obtuvo realizando inversiones reales, generando puestos de trabajo, pagando todos los impuestos, teniendo a todo el personal en blanco e incrementando la oferta comercial, cultural y turística de la ciudad.

Si el objetivo sólo fuera obtener una rentabilidad económica, bastaba con realizar inversiones financieras, que en nada benefician a la sociedad, ni al Estado.

Sin embargo, todas esas cuestiones, que no son menores, no bastan para afirmar que la decisión que han tomado sea incorrecta.

La principal razón por la que es incorrecta es por las cuestiones formales y de fondo que hemos explicado, y eso es lo que se presentará a la Justicia: más allá de todas aquellas facetas económicas, políticas y personales, la caducidad de la concesión no se ajusta a derecho ni formal ni sustancialmente. Y debe quedar claro que la caducidad no se produce porque el canon sea bajo o porque se pretendan incrementar los ingresos municipales.

Ahora la empresa se presentará a la Justicia, mostrará los defectos formales del procedimiento, ofrecerá las pruebas de que en la cuestión de fondo la razón le asiste y solicitará una medida cautelar de no innovar para que no se haga efectiva la caducidad hasta que se resuelva judicialmente la controversia.