Por Jorge Raventos

Las cifras de contagios y de fallecimientos causados por el Covid 19 baten en estos días los records locales y mundiales. Argentina es hoy el país del planeta con más muertes  cada 100.000 habitantes debidas al virus.

La velocidad de transmisión de la peste se incrementa y la edad promedio de las víctimas desciende. Los especialistas -infectólogos, epidemiólogos- recomendaron aumentar los controles y adoptar medidas más estrictas para  limitar la circulación de personas por unas semanas y así contener la ola de contagios y disminuir la presión sobre el sistema de salud mientras se avanza en el proceso de vacunación.

La realidad impone los acuerdos sensatos. Aunque Horacio Rodríguez Larreta sufrió embates de su propio partido, que le reclamaban intransigencia, la ciudad de Buenos Aires acompañó sin mayores reparos el consejo de los expertos y las decisiones de la Casa Rosada. Inclusive – pese a que su gobierno no renuncia a la bandera de la presencialidad escolar- aceptó el cierre de colegios primarios y jardines de infantes durante los tres días que suceden al feriado largo del 25 de mayo.  El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, estima que la ciudad autónoma tendrá vacunado al 40 por ciento de su población en tres semanas y que con esa cifra “los contagios caerán dramáticamente”.

Se calcula con bastante realismo que el abastecimiento de dosis en el país mejorará sustancialmente a partir de la semana que ya finaliza: en el curso de  lo que resta de mayo y el mes de junio el país recibirá más de cinco millones de vacunas de distintas variedades. Y el flujo seguirá perfeccionándose después, a medida que los países que las acapararon  consumen su propio proceso vacunatorio, retraigan su demanda sobre las farmacéuticas que las producen y, simultáneamente, empiecen a desprenderse de las dosis excedentes. El gobierno de Joe Biden ha prometido donar entre junio y julio 60 millones de vacunas a los países más complicados.

Si se alza un poco la mirada por encima de estas semanas de restricción, lo que se puede anticipar es un período de abundancia de vacunas y, consecuentemente, la perspectiva de un retroceso de la pandemia y una reactivación económica, algo que ya se observa con nitidez en el pelotón de los países que puntean, particularmente en Estados Unidos y China, los dos pilares de la economía mundial: en los dos casos se nota un crecimiento rápido y sostenido. Muy notable en el caso chino, que es el que más incide sobre Argentina como gran cliente de nuestros productos estrella. El mejor indicador es el notable aumento del precio de la soja y el maíz y el aumento de las exportaciones.

Se trata de una tendencia firme, no coyuntural, y  genera condiciones muy faavorables para la economía argentina que el país no debería desaprovechar.

Con vacunas a la vista y divisas que ingresan al país (y al Banco Central),  con la posibilidad de evitar un default con el Club de París y de llegar a un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional (de eso se ocuparon el Presidente y el ministro Guzmán durante su periplo europeo), la situación política no debería sufrir los bandazos y tambaleos que, sin embargo, experimenta.

Aunque el país irrumpe ya en el proceso electoral -que concluirá en el último bimestre, pero se inicia en ocho semanas con la selección de los precandidatos que competirán (o no) en las primarias de cada partido-   no es en rigor esa competencia la que determina los temblores y los síntomas de ingobernabilidad que los baqueanos políticos detectan.

Más bien se trata de que no terminan de configurarse ni un sistema político ni un programa de acción capaces de dotar de estabilidad, rumbo y proyección a las condiciones que la realidad prefigura (vacunas, reactivación, demanda y buen precio de las exportaciones argentinas, alivio financiero). En cambio de eso, las dos coaliciones principales tienen divisiones internas en las que la acción de sus sectores extremos entorpece y obstruye las iniciativas de sus alas más dialoguistas y moderadas.

En el caso de la coalición oficialista ese fenómeno es más dañino porque erosiona la autoridad presidencial, fuerza a la Casa Rosada a giros y cambios de dirección que seguramente pretenden preservar la unidad de la alianza de gobierno  pero imponen el alto precio  de restar confiabilidad.

Frenesí inmovilista

Los sectores jacobinos del oficialismo, que se referencian en la señora de Kirchner, ejercen un poder que las Casa Rosada no puede neutralizar. Pero ese poder, que puede desbaratar proyectos ajenos, no es suficiente para alcanzar sus propios fines. En estos días se observan los esfuerzos que ese sector realiza para cambiar las reglas de selección y despido de quien encabece la Procuración; el empeño -en realidad, la búsqueda de un trofeo consuelo ante la imposibilidad de alcanzar su objetivo mayor: abatir a la Corte- sólo obtuvo hasta el momento un dictamen de comisión y parece improbable que consiga que el plenario de la Cámara baja trate ese proyecto y lo convierta en ley.

Lo que sí logró fue  generar un clima de confrontación en la Cámara de Diputados -pese al tejido perseverante de los moderados de ambos bandos-, espantó a algunos bloques que le han servido para alcanzar mayorías  y seguramente hundió la posibilidad de que el Presidente imponga a su propio candidato a Procurador (el juez Daniel Rafecas).

Con la misma mecánica de negativismo infructuoso, los pasos en dirección a un acuerdo con el Fondo son complicados por acciones de los jacobinos y reiteradamente se torpedean las relaciones con el sector agroalimentario -el gran proveedor de divisas-, sea con proyectos expropiadores (por caso, el que no funcionó con la empresa Vicentín), como con medidas unilaterales del tipo de  las que ahora buscan regular manu militari la exportación de carnes.

La loable intención de garantizar cortes de carne a precios razonables a los argentinos no tiene por qué concretarse con una medida que daña el prestigio del país como exportador confiable, golpea al sector frigorífico, afecta el empleo, perjudica a los productores de varias provincias y no fue consultada ni consensuada con ninguna de las partes interesadas, incluyendo a gobiernos provinciales peronistas como los de Córdoba y Santa Fé.  Más aún: tampoco  obtiene el visto bueno de una parte del gabinete de Fernández, donde se traslucen divergencias crecientes entre  “ideólogos” y realistas.

El rechazo a la política

La dificultad para allanar el camino a los tiempos mejores que se avizoran (si se avanza en la vacunación y se aprovechan las oportunidades que el país tiene en el mundo) es uno de los motivos que provocan malestar en la sociedad y acrecientan la desconfianza en la política, un peligro que se ha señalado con reiteración en esta columna (por ejemplo, en enero: “Se detecta un rechazo a la política en general, explotado inclusive por algunos comunicadores que hablan con insistencia de casta política, un proceso que puede incubar reacciones imprevisibles”).

En estos días Chile y Colombia muestran lo que ocurre cuando los sistemas políticos vigentes, inclusive los que parecen más aceitados, se alejan del realismo y del vínculo activo con sus sociedades. En el caso más próximo, el de Chile, la reacción contra la política establecida, que un año atrás se expresó masiva, bulliciosa y a veces furiosamente en las calles, pareció encontrar un cauce en la propuesta de una reforma constitucional.

La elección de convencionales constituyentes del último domingo mostró, sin embargo, que el rechazo continúa y va camino de una peligrosa disgregación. La elección apenas convocó a 4 de cada 10 chilenos: el cuerpo constitucional que se reunirá tendrá esa representación menguada (para comparar: en la elección constitucional argentina de 1994 votó el 78 por ciento, y el proyecto aprobado por la convención contó con el consenso de todas las fuerzas políticas intervinientes).

Del 40 por ciento que votó en Chile, las organizaciones políticas que han gobernado en las últimas décadas (o fueron, a su turno, oposición mayoritaria) obtuvieron, sumadas,  menos de la mitad de los sufragios emitidos y fueron superadas por  agrupamientos y rejuntes circunstanciales, con retóricas heterogéneas, en muchos casos izquierdistas, que parecen predominantes en la juventud estudiantil pero que, en relación con el conjunto de la población apenas representan el 24 por ciento. En esa desagregación, ¿podrán los chilenos forjar una norma constitucional que los cobije a todos, les garantice la convivencia y les dé estabilidad?

El sistema político argentino debe mirarse en ese espejo. Seguramente podrá ver allí algunas analogías con el pasado del país. Debe buscar la forma de evitar que refleje un futuro.

Para ello es cada vez más acuciante deshacer los nudos que atan al país a la lógica inmovilizadora de la intolerancia y el  rechazo para avanzar en  consensos que permitan actuar constructivamente. Con ellos será más tolerable atravesar los escollos y problemas actuales y ellos serán indispensables para ingresar a una etapa de reparación y resurgimiento. Los instrumentos para esa nueva etapa están a disposición. Hay que deshacer los nudos: esa es la vacuna contra la inmovilidad.