Los inquilinos marplatenses destinan, en promedio, el 57,9% de sus ingresos al pago del alquiler. Ese porcentaje asciende al 62,4% si se agrega el impacto mensual del costo de servicios domiciliarios de agua, electricidad y gas.

Así se desprende de un informe titulado “La vivienda en alquiler en General Pueyrredon. Entre la exclusión y la burbuja inmobiliaria”, publicado por la agrupación ‘Inquilines Mar del Plata’.

El estudio –realizado en colaboración con el Instituto de Acción y Pensamiento Interdisciplinario (IAPI)- busca dar cuenta de la situación y las condiciones de vida de quienes alquilan una vivienda unifamiliar, un colectivo que –se estima- engloba a alrededor del 30% de los habitantes del municipio.

Del trabajo surge que el 35,4% de las familias no tiene a dónde ir una vez finalizado el contrato y, de este universo, casi un 20% está endeudado con créditos usurarios o posee algún tipo de deuda por falta de pago de servicios, del alquiler o de ambos.

En el informe se sostiene que “este fenómeno no es consecuencia del contexto pandémico ni de la Ley de Alquileres, sino producto de las reglas del juego que el mercado inmobiliario impone, sin ningún tipo de regulación, discusión, consenso y/o acuerdo con la ciudadanía en general, como correspondería a una sociedad democrática, a través de sus representantes”.

El 81,1% de las personas encuestadas no tiene contrato certificado de alquiler.

Los datos centrales

Según el estudio, el 38% de los inquilinos de Mar del Plata y Batán tiene un ingreso inferior a 30 mil pesos mensuales y el 33% abona más de 20 mil pesos de alquiler por mes.

Además, un 60,9% de los inmuebles no cumple con las condiciones de habitabilidad enunciadas en el contrato y un 12,5% carece de la totalidad o de alguno de los servicios domiciliarios básicos (agua potable-cloacas, luz y gas natural) o tiene inconvenientes en su acceso.

Por otro lado, el 81,1% de las personas encuestadas no tiene contrato certificado y/o declarado y, si lo tiene, éste se encuentra retenido por la inmobiliaria, mientras que el 68,2% declara realizar los pagos en efectivo o no estar bancarizado.

Sebastián Oliver, integrante de ‘Inquilines Mar del Plata’, consideró que “en General Pueyrredon el problema no es la falta de vivienda, sino su distribución”.

“Según el último Censo de Hogares, en Mar del Plata hay una vivienda cada dos habitantes y, de esas viviendas, el 30% está cerrada, no habitada o es de uso desconocido”, agregó ante una consulta de LA CAPITAL.

El referente de la agrupación apuntó también a la desprotección que encuentra el inquilino a la hora de firmar un contrato. “El contrato debería ser un acuerdo entre dos partes sobre las formas de pago y sobre las condiciones de la vivienda, entre otras cuestiones. Pero, en general, no hay negociación”, dijo Oliver. Y agregó: “Históricamente, a las personas que alquilamos nos ponen el contrato sobre la mesa y nos dicen ‘firmá acá’; eso se llama contrato de adhesión, y es una extorsión”.

En este punto, Oliver señaló que “lamentablemente, para la legislación argentina la relación entre locador y locatario es una relación de consumo”. “Pero -añadió- no es lo mismo alquilar una vivienda en donde lo que se juega es buena parte de tu calidad de vida, que comprar un electrodoméstico y después hacer un reclamo en Defensa del Consumidor porque no funciona”.

“Nosotros decimos que la relación entre locador y locatario es una relación social, no de consumo. Y no hay legislación para eso”, reiteró.

Los inquilinos reclaman la creación de una oficina municipal que genere políticas públicas y garantice a las y los ciudadanos el derecho al acceso justo a la vivienda digna.

La nueva Ley

La Ley 27.551 sancionada por el Congreso argentino en junio del año pasado introduce dos cambios centrales en relación a los alquileres: por un lado, extiende de 24 a 36 meses la relación contractual mínima entre las partes y, por el otro, fija un índice objetivo para la actualización anual de los precios.

Esto es, basado en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).
Si bien las modificaciones son recientes, en esta encuesta ya se observan algunos resultados de la aplicación de la norma, ya que un 25,2% de los inquilinos ya firmó contrato por 36 meses.

Igualmente la gran mayoría –el 46,8%- tiene todavía contrato por 24 meses; un 20,7% declara no tener plazos y un 7,3% mantiene un alquiler temporario o menor a 24 meses.

En el informe se asegura además que “en consonancia con estos plazos, continúan aplicándose las indexaciones encubiertas (prohibidas hace décadas), con contratos que prevén aumentos trimestrales (3,8%) y semestrales (31,8%), otro claro indicador de incumplimiento”.