Senadores nacionales del Frente de Todos firmaron un pedido de informes para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación brinde precisiones sobre una denuncia que pesa sobre uno de sus miembros por presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Sin la presencia de la oposición, los senadores del bloque oficialista rubricaron un proyecto de comunicación de sus pares Oscar Parrilli y Silvia Sapag para que el máximo tribunal de justicia del país informe sobre una causa penal que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo.

El objetivo de la iniciativa, debatida durante la reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, es que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, remita copia íntegra de un informe de auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión en la obra social.

Durante la audiencia, Sapag calificó como “vergonzoso” el caso que involucra a Maqueda y consideró que “no puede ser que un ministro de la Corte, que es la última instancia que tenemos los argentinos para dirimir nuestros diferendos o determinar la ilegalidad de nuestros actos, esté en tela de juicio protegido por el resto de los miembros de la Corte”.

Sapag lamentó que el Poder Judicial sea el “único poder que una vez elegido es vitalicio y no tiene controles” y que sean los miembros del Poder Legislativo los que deben interrogar para “poder conocer alguna novedad sobre los delitos que están cometiendo los miembros de la Corte”.

Parrilli, por su parte, cuestionó a los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio, que se retiraron del salón Illia del Senado cuando comenzó a tratarse este proyecto, por considerar que “apoyan” a los actuales integrantes de la Corte.

“No me llama la atención la ausencia de los senadores de Cambiemos porque hay coherencia en la no presencia de someterse al debate de la sociedad y con esto están ratificando su apoyo a la actual composición de un tribunal dos de cuyos miembros aceptaron ser designados por decreto”, opinó.

No obstante, Parrilli aclaró que no están “acusando a nadie de nada sino haciendo un pedido de informes” por considerar “gravísimo que ciudadanos que tienen en sus manos la vida de bienes y libertad de los argentinos estén siendo investigados por la comisión de delitos penales comunes”.

El senador por Neuquén agregó que los jueces de la Corte “utilizan ese poder para avasallar otros poderes del Estado” y han manifestado su “desprecio por la Constitución” con pronunciamientos como el de la composición del Consejo de la Magistratura.

En el pedido de informes se solicita que se confirme si la Auditoría General de la Nación (AGN) se encuentra revisando posibles irregularidades en la obra social del Poder Judicial en virtud de la investigación que se está llevando a cabo en la Justicia.

Los senadores del FdT solicitan además que se remita un listado de las empresas prestatarias de servicios de la obra social mencionada y copias de los contratos vigentes y forma de contratación.

En los fundamentos, Parrilli sostiene que la denuncia “se centra en las presuntas contrataciones irregulares que se habrían registrado en la obra social y que involucrarían en forma directa o indirecta al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda con dos empresas”.

“Las Empresas involucradas serían Emergencia Médica Intregral S.A. y Farmandat S.A, prestatarias desde hace varios años de la Obra Social y que, de confirmarse lo que surge de la investigación en curso, podrían haber generado un grave perjuicio económico”, añade el documento.