El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará sancionar en una sesión especial solicitada para el 7 de agosto dos proyectos del paquete de seguridad referido al Registro Nacional de Datos Genéticos de Delitos vinculados a delitos contra la Integridad Sexual, y la prórroga de entrega voluntaria de armas de fuego.

Para más adelante quedará la ley Antimafia, una herramienta que el Gobierno considera esencial para luchar contra el crimen organizado, ya que aún resta consensuar con los bloques dialoguistas.

La bancada de La Libertad Avanza también tendrá un fuerte desafío que es lograr acuerdos para sancionar la baja de imputabilidad de 16 a 13 años, que es una propuesta que se instala en el Congreso para situaciones en las que los menores cometen un crimen.

Sobre la ley Antimafia, en el oficialismo y en el PRO hay optimismo en poder sacar en las próximas semanas un dictamen de comisión y señalan que están avanzadas las tratativas con los bloques dialoguistas para consensuar un texto de este proyecto que es clave para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La iniciativa de la nueva ley Antimafia, que agrava las penas de hasta 8 a 20 años de prisión por pertenecer a una asociación ilícita dedicada a los delitos de tráfico de estupefacientes, pornografía infantil, lavado de activos, homicidios, lesiones, privación ilegítima de la libertad, trata de personas, tráfico de órganos e intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos.

Pero como hasta ahora solo hay acuerdo con la prórroga del programa de devolución de armas y la reforma del Registro de Delitos Sexuales, la bancada de LLA-que preside Guillermo Bornoroni-acordó con sus pares del PRO, UCR, Hacemos e Innovación decidieron en la primera etapa sancionar las iniciativas que generaban mayores acuerdos.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aseguró en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas que se decidió avanzar con estos proyectos que tienen “despacho de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, por eso, solicitamos una sesión especial para que sean tratados el próximo 7 de agosto en el recinto”.

El proyecto de reforma de la ley 26897 del Registro de Datos Sexuales permite abarcar la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal y, además, será una herramienta fundamental en la búsqueda de personas pérdidas o desaparecidas.

En ese sentido, Rodríguez Machado explicó a NA que “El Registro Nacional de Datos Genéticos fue creado en el 2013 con la idea de identificar a posibles autores de delitos contra la integridad sexual”.

“El ADN sólo se extraía a través de los fluidos, es decir, sangre, semen o saliva. Con los años, la tecnología avanzó y en la actualidad se puede extraer el ADN de contacto. Esto significa que podés tener datos de los autores de un delito mediante la huella genética”, afirmó.

Señaló que el dictamen de mayoría que se buscará sancionar “dispone ampliar el registro incluyendo la huella genética”.

“Esta legislación ya la tiene, por ejemplo, la provincia de Mendoza. Y a su vez, mediante esta normativa, se va a incluir su implementación en otro tipo de delitos, no sólo los que atentan contra la integridad sexual”, expresó la diputada nacional.

El proyecto crea la Comisión Nacional de Huellas Genéticas a los efectos de coordinar, articular, brindar asesoramiento y seguimiento respecto de la implementación y funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

La intención de la reforma es tener dentro del Registro de Datos Genéticos. no solo aquellos que cometieron delitos sexuales, sino a todos los delincuentes para poder entrecruzar datos automáticamente.

De acuerdo a la postura del Gobierno Nacional, el sistema de huellas o datos genéticos no solo es una poderosa herramienta para determinar la responsabilidad de personas imputadas en la investigación de un delito, sino también para determinar la inocencia de aquellas imputadas indebidamente en una investigación judicial.

La iniciativa no tuvo el consenso de Unión por la Patria pese a que se aceptaron varias de las reformas que propuso, ya que finalmente presentó su despacho de minoría, pero tiene el respaldo de la LLA, PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y Coalición Cívica, que presentó una disidencia parcial porque no comparte que el Registro Nacional de Delitos Sexuales dependa del ministerio de Seguridad, sino que pase a la órbita de la Procuración General o el Ministerio Público Fiscal.

El registro creado funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad, o el organismo que en un futuro lo reemplace.

Por otra parte, se prorrogará hasta el 31 diciembre 2027 el Programa de Entrega Voluntarias de Armas, para que las personas en un plazo de 360 días se presenten ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para entregar a cambio de un beneficio económico el arma no autorizada.

Según el proyecto se ingresarán al sistema con un número de serie y permite detectar las armas que tienen pedido de secuestro y se ponen a disposición de la Justicia.

Sobre este proyecto, Rodríguez Machado dijo que “durante la pandemia a mucha gente se le venció el registro, ya que no se podía transitar”.

“Entonces, hay muchos legítimos usuarios que no renovaron su carnet, con lo cual, este proyecto permite que ellos puedan regularizar su situación sin que recaiga un delito sobre sus espaldas”, afirmó la cordobesa.

También destacó que “se trata de una legislación sobre tenencia de armas de fuego, no de portación”.

“Sólo pueden portar armas de fuego, aquellas personas que por sus tareas se encuentren autorizadas, o sea, fuerzas de seguridad, policías, etc. pero no el ciudadano común. No hay que confundir tenencia con portación”, agregó.