El gobierno municipal decidió rescindir el convenio por el que se aplican fotomultas en el distrito debido a una serie de incumplimientos en que, según especificaron fuentes oficiales, incurrió la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional La Plata.

Después de varias idas y vueltas, el sistema comenzó a funcionar en enero de 2019 a partir de la ordenanza 23484, que había sido promulgada poco más de un año antes: en diciembre de 2017.

Con autorización del Concejo Deliberante, el entonces intendente Carlos Arroyo firmó un convenio marco de cooperación técnico institucional con la UTN de La Plata, que puso en marcha el sistema a través de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (Cecaitra).

De acuerdo a las cláusulas, el 50% de la recaudación de las fotomultas era para el municipio, el 20% para la Provincia de Buenos Aires y el 30% para la UTN.

El acuerdo contenía dos anexos. El primero creaba el Programa Municipal Integral de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable y el segundo establecía acciones específicas.

Según puntualizaron en el gobierno local, la Universidad debía dotar al municipio de infraestructura para aplicar el sistema: equipamiento cámaras, seis camionetas, cinemómetros fijos y móviles, equipos simuladores para los controles y hasta computadoras e impresoras para los Juzgados de Faltas. También debía participar de la política de seguridad vial y realizar acciones de concientización.

En la comuna aseguraron que hubo incumplimientos “tanto en la provisión de equipamiento como en las acciones en materia de seguridad vial”, por lo que en marzo envió a la UTN una carta documento mediante la que la intimó a llevar a cabo las tareas pendientes bajo apercibimiento de rescisión. 

La Universidad no contestó. Y la Subsecretaría Legal y Técnica emitió un dictamen en el que le recomendó al intendente a dar de baja el acuerdo.

El asunto ya se había reavivado el año pasado en el Concejo, a través de dos comunicaciones al Ejecutivo que
requerían información sobre la ejecución del convenio, los registros de infracciones, las notificaciones y los ingresos en concepto de pagos. Además, solicitaban precisiones “fruto de la falta de claridad de la UTN La Plata con respecto a su continuidad”.

El 10 de junio de este año, el cuerpo legislativo dio un paso más: le pidió al gobierno que evaluara la conveniencia de rescindir el convenio.

Su impulsora, la radical Cristina Coria, insistió esta semana con el pedido debido a que “no ha cumplido los objetivos planteados”. Recordó que el objetivo era desarrollar “un verdadero programa municipal integral de seguridad vial y movilidad urbana sustentable para disminuir los siniestros viales y lograr que el tránsito sea más ordenado y seguro, con acciones concretas en este sentido y buscando el compromiso de todas las instituciones de la ciudad”.

Pero hubo cuestiones “que no fueron salvadas” desde su implementación. Entre ellas, “la campaña de concientización ciudadana para remarcar la importancia y los beneficios de mantener conductas responsables en la vía pública y en el sistema del tránsito, que no mostró acciones concretas”, indicó.