El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, rechazó por decreto la presentación realizada por el ex jefe comunal, Carlos Arroyo, en reclamo del pago de vacaciones no gozadas durante su gestión entre 2015 y 2019.

Días atrás, Montenegro había desestimado el pedido del pago de vacaciones no gozadas impulsado por Eduardo Leitao, ex presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur).

Ahora, el gobierno municipal dictó el 5 de febrero un nuevo acto administrativo sobre los pedidos de funcionarios de la gestión anterior para que les abonen los días de descanso que no se tomaron cuando correspondía.

El decreto N° 0246 hace alusión puntual al caso de Carlos Arroyo y precisa que la compensación planteada por el ex jefe comunal “se refiere a la licencia anual o por vacaciones correspondientes al último año calendario y que no fueron gozadas a causa del cese del agente, puesto que siendo la referida licencia de obligatorio cumplimiento, se pierde todo derecho a su uso vencido el plazo acordado por la ley a ese efecto, sin que la misma norma establezca compensación o indemnización sustitutiva”.

Carlos Arroyo y Eduardo Leitao, en tiempos del gobierno anterior. Hoy reclaman vacaciones no gozadas.

En este sentido, la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa emitió un dictamen en el que sostiene que “no existe constancia que Carlos Arroyo haya solicitado las licencias en cuestión”. Y agregó que, tras consultar el registro de normativa del Concejo Deliberante, “no surge acto administrativo alguno emanado de ese Cuerpo Legislativo, autorizando licencias solicitadas por el ex intendente, como tampoco denegatorias por razones de servicio”.

Según cálculos de la administración de Montenegro, el monto de la licencia no gozada de Arroyo sería de alrededor de $ 1 millón más intereses. Más allá de los argumentos administrativos, desde el plano político el gobierno ya había calificado de “inoportuno” el reclamo debido a que las arcas del municipio están sufriendo las consecuencias de la pandemia.

Entre los considerandos, el Ejecutivo además alegó que “incurriríamos en un abuso desmedido si permitiéramos que los ex funcionarios dejen de gozar de sus licencias para luego cobrar indemnizaciones exorbitantes, causándole un perjuicio económico, directo a cada uno de nuestros vecinos que abonan todos los emolumentos con el pago de sus impuestos”.

“No existe duda alguna que las vacaciones, como regla general, deben ser gozadas y no compensadas en dinero” aunque “si bien es cierto que en el instituto del derecho laboral argentino aquellas personas que no son despedidas por el empleador tienen derecho a percibir las vacaciones no gozadas correspondientes al período en que el mismo se produce”.

Más allá de los argumentos administrativos, desde el plano político el gobierno ya había calificado de “inoportuno” el reclamo debido a que las arcas del municipio están sufriendo las consecuencias de la pandemia.

En este punto, el decreto -que lleva las firmas de Montenegro y Bonifatti- aclara que “ello no sucede con un cargo político”. “Carlos Fernando Arroyo conocía plenamente que su mandato comenzaba el 10 de diciembre de 2015 y que concluía el 10 de diciembre de 2019, por lo cual debió prever la situación”, menciona el texto.

Arroyo y otros funcionarios de la gestión que gobernó el municipio entre 2015 y 2019 también recurrieron a la Justicia para cobrar vacaciones no gozadas. Patrocinados por Alejandro Vicente, ex secretario de Gobierno y otro de los incluidos en el reclamo, presentaron una acción de amparo por mora contra la Municipalidad.

Además de Arroyo y Vicente, al recurso lo impulsaron Patricia Leniz (ex secretaria de Desarrollo Social), Gustavo Gil de Muro (ex subsecretario de Legal y Técnica), Susana Rivero (ex subsecretaria de Educación), Marcelo Marcel (ex director de Prensa), Cristian Tait y Jorge Alí (ex directores coordinadores de Desarrollo Social).