El gobierno municipal salió este viernes al cruce de una nota presentada por la organización MAR que tildaba de “ilegal” al acuerdo que alcanzó el Ejecutivo para el uso y explotación de un predio lindero al Faro.

“No es un acuerdo de ocupación ilegal. Hay que tomar en cuenta que esta asociación inició un juicio durante el gobierno anterior para apropiarse de esas tierras”, dijeron altas fuentes municipales.

El juicio en cuestión tramitaba en el Juzgado Civil y Comercial N° 2. Según puntualizaron las fuentes, la entidad buscó quedarse con el predio a través de la figura de la usucapión, es decir, “con el argumento de que había tenido durante 20 años una ocupación pacífica”.

“Esta gestión hizo que la entidad desistiera de su intencionalidad de apropiarse del bien inmueble, reconociera que pertenece al municipio y dejara sin efecto las acciones judiciales tendientes a quedarse con él”, apuntaron en el gobierno.

La propuesta del Ejecutivo al Concejo apunta a permitirle el uso y explotación de este predio de 16900 metros cuadrados ubicado en la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur a la asociación Luis Piedrabuena, la misma que promovió el juicio.

“El municipio somete a consideración del Concejo Deliberante una concesión de uso por cinco años, como establece la ley, para esta misma asociación civil”, confirmaron las fuentes. Según el Ejecutivo, durante cinco años el Estado municipal gozará de ingresos que antes no recibía a través del canon y luego el predio podría ser utilizado para otros fines. “Además, es un permiso precario: en cualquier momento se puede dar marcha atrás”, indicaron en el gobierno.

En su nota al Concejo, la organización MAR sostuvo que la administración anterior había impulsado un juicio de desalojo al constatar que la asociación Luis Piedrabuena explotaba el camping “La Cabaña” sin pagar canon ni contar con la habilitación municipal correspondiente. “No fue así: el juicio lo inició la asociación”, diferenciaron cerca del intendente. “Y ahora, a través de este acuerdo que hemos firmado, logramos una reivindicación del gobierno municipal para no perder una parte de su patrimonio que se estaba a punto de perder”, añadieron.

MAR también mencionó que el acuerdo presenta otras irregularidades, como el monto del canon, que comparó con “el alquiler de un monoambiente”. A propósito, en el Ejecutivo se limitaron a señalar que, según la ley, el canon debe ser como mínimo de un 10% del valor fiscal del bien. “Si hay que revisar el canon, lo revisará el Concejo, pero lo que se está haciendo es todo ajustado a la ley”, acotaron.

También manifestaron cierta molestia porque “ninguna entidad levantó la voz” cuando “durante todo el gobierno anterior esta asociación ocupó el terreno en cuestión con intenciones de adueñárselo”.