El Ejecutivo municipal concretó otro avance en su intención de recuperar la administración del complejo Punta Mogotes al depositar hoy los fondos correspondientes a la deuda con el gobierno bonaerense.

En concreto, el intendente Guillermo Montenegro, a través del secretario de Legal, Técnica y Hacienda municipal, Mauro Martinelli, transfirió una suma total de $14.069.819,46.

Días atrás, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 admitió la demanda del municipio contra la Provincia para que acepte el pago de $14 millones con el objetivo de que el Complejo Punta Mogotes vuelva a la órbita local.

El juez Simón Isacch le dio un plazo de 45 días a la gestión bonaerense para que responda. Y, a su vez, citó como tercero en el proceso a la Administración Punta Mogotes (APM).

Además, si bien se trata de una cuestión formal y antes se debe resolver el litigio judicial de fondo, el magistrado ordenó la apertura de una cuenta judicial al Banco Provincia para el posible pago de la deuda que calculó la comuna.

El gobierno local destacó en su presentación que, a los efectos de denunciar el convenio que creó la APM (un ente integrado en un 70% por la Provincia y en un 30% por el municipio) y avanzar en la recuperación de este importante sector costero y de playas de la ciudad, ya había intimado a la Provincia por carta documento el 28 de agosto.

La gestión que conduce Axel Kicillof respondió que el Ejecutivo local “carece de competencia administrativa para afectar recursos del erario municipal para realizar pagos y/o subrogarse en el ejercicio de las obligaciones de la APM”. Y que debía canalizar su accionar a través de su representante en ese ente.

En agosto, Montenegro hizo pública la intención de “recuperar Punta Mogotes” y que el complejo deje de depender de la Provincia de Buenos Aires y pase a la órbita municipal bajo un esquema público-privado.

Sin embargo, el gobierno provincial rechazó la iniciativa. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la municipalización del Complejo Punta Mogotes podría ser planteada recién “en agosto de 2026”, cuando vencen los últimos contratos de la administración con los balnearios.