El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, abogó por la necesidad de “decirle Nunca Más a la manipulación en el Poder Judicial” tras mantener un diálogo por videoconferencia con organismos de Derechos Humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares, H.I.J.O.S y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El funcionario posteó anoche en Twitter que “con la misma fuerza que ellas y ellos (por los referentes de DDHH) construyeron el Nunca Más, que es uno de los pilares de nuestra sociedad”, “ahora nos toca decirle el Nunca Más a la manipulación del Poder Judicial”.

En la reunión se habló sobre el avance de los juicios de lesa humanidad y sobre leyes reparatorias de los crímenes de la dictadura, pero también sobre el proyecto de reforma del Ministerio Público, la situación de la Corte y el sistema de justicia en general, informó el funcionario desde su cuenta de Twitter.

“Coincidimos en que el Ministerio Público es un actor clave para perseguir las violaciones a los derechos humanos y que, por eso mismo, no podemos seguir con la parálisis institucional que fue funcional al macrismo”, señaló Soria sobre el encuentro, que se realizó en la tarde de ayer y en el que estuvieron representados once organismos.

En la charla “hubo amplia coincidencia en la urgencia de avanzar en la reforma del Poder Judicial, en la recomposición de la Corte y en la sanción de la ley del Ministerio Público, que espera ser tratada en Diputados y pondrá fin al interinato de Eduardo Casal”, consignaron las organizaciones participantes.

En un comunicado, las entidades que dialogaron con Soria y Pietragalla responsabilizaron a la Corte por “mantener sin resolver, tras largos años, la causa Blaquier, emblema de la responsabilidad del poder económico con los crímenes del terrorismo de Estado”, en alusión a la Noche del Apagón de Ledesma, y al referirse a la pandemia cuestionaron al máximo tribunal por “intervenir de manera irresponsable avalando las políticas negacionistas del gobierno de la ciudad” y criticaron a la Corte por “la falta de confirmación de las sentencias a los genocidas, quienes alcanzan de esa manera la impunidad biológica”.

En el comunicado las organizaciones concluyeron en “la imperiosa necesidad de avanzar en la ley del Ministerio Público Fiscal y en los cambios imprescindibles en el Tribunal Supremo de la Nación para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho y las instituciones de la democracia”.