La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó este martes una serie de medidas que había tomado su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, en relación al uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales. La medida se hizo efectiva a partir de la Resolución 1231/19 publicada en el Boletín Oficial.

La funcionaria dejó sin efecto los protocolos que le daban mayor libertad a los uniformados para disparar en casos de delitos graves y persecuciones. Además, convocó a la creación de un consejo de profesionales para determinar cómo serán utilizadas las pistolas Taser compradas por la gestión anterior y canceló el Servicio Cívico Voluntario en Valores.

La resolución estableció la baja del “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”.

La ministra ratificó las normas básicas de actuación utilizadas por los efectivos de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal antes de los cambios implementados por Bullrich.

Entre los considerandos, el Gobierno consideró que ese protocolo ampliaba “de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal”, alejándose de las recomendaciones del “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Para Frederic, “este uso ‘irracional’ incrementa la violencia en los hechos delictivos, pudiendo afectar de manera directa en la subjetividad de las personas que cometan un delito”, ya que “convierte en extremo cualquier enfrentamiento”.

La resolución también da de baja el reglamento para el uso de las pistolas Taser que compró la gestión anterior en el último tramo de su administración y convoca al Ministerio de Seguridad a elaborar, “junto con los responsables de las áreas competentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, en el término de 30 días hábiles administrativos, un protocolo que regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica”.

Por otra parte, también se canceló el Servicio Cívico Voluntario en Valores que fue creado en julio del año pasado y estaba destinado a la formación de jóvenes que no estudian ni trabajan.

En este sentido, el texto explicó que “los objetivos y componentes” de este programa “vinculados a la educación, la salud y el bienestar, lo social y lo laboral” serán “asumidos y gestionados por las áreas competentes de la Administración Nacional”.

Además, también se dejó sin efecto el polémico “Programa ofensores en trenes”, que entre otras cosas instruye a los efectivos de la Policía Federal para pedirle el DNI a los pasajeros en las estaciones de ferrocarriles, en caso de que se los considere sospechosos. Esta medida había generado el rechazo de la entonces oposición.

La misma norma canceló el denominado “Centro de Formación de Gendarmes” que funcionaba en los Hoteles 7 y 8 del Complejo Unidad Turística Chapadmalal, de la homónima localidad del partido de General Pueyrredon.