El nuevo Código Procesal Penal Federal, que adopta el sistema acusatorio en el que el fiscal asume la investigación, comenzará a implementarse el próximo lunes en las provincias de Salta y Jujuy, y luego se extenderá por etapas a las demás regiones del país.

“Este 10 de junio comenzará a regir en las provincias de Salta y Jujuy el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), que adopta el sistema acusatorio en la justicia federal. El cambio, que será paulatino y en etapas, implica un modelo de justicia basado en la oralidad, con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles”, explicó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado de prensa.

Según se destacó, el sistema acusatorio “asegura la división de roles entre jueces y fiscales” y la investigación de los delitos quedará a cargo del Ministerio Público Fiscal, que será quien promueva la acción penal contra los autores y partícipes de un hecho criminal.

El nuevo Código Procesal Penal Federal, aprobado por el Congreso el 6 diciembre del año pasado, y que fue promulgado por el gobierno nacional en febrero de este año, busca agilizar las investigaciones de narcotráfico, corrupción y trata de personas, entre otros delitos.

La nueva normativa, que introduce modificaciones a la ley 27.063, sancionada en 2014, está orientada a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos.

“El flamante código incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años”, señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa en esa oportunidad.

El Ministerio Público Fiscal explicó que la Unidad Fiscal tendrá a cargo la dirección exclusiva de los casos, definirá estrategias de investigación y podrá armar equipos de trabajo multidisciplinarios con diferentes áreas especializadas de la Procuración General de la Nación.

“También se contempla la creación de equipos de trabajo integrados por fiscales federales y provinciales, como así también la coordinación de tareas con las fuerzas de seguridad y autoridades de diversas jurisdicciones”, indicó.

Por su parte, el juez garantizará que se cumpla la ley durante el procedimiento penal, además de controlar que se respeten las garantías constitucionales. También, el juez o el tribunal, luego de la celebración del juicio en el que el fiscal y la defensa argumentarán sus casos, será quien decidirá si corresponde o no la aplicación de una pena.

“Los procesos serán orales -se dejarán de lado los expedientes-, y cada parte formará legajos del caso. El sistema acusatorio busca así menos formalidades, simplicidad, celeridad, publicidad y respuestas concretas, para una administración de justicia de cara a la sociedad”, se explicó.