El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, rechazó apartarse de la causa por presunto espionaje ilegal a políticos y periodistas, al responder a una recusación en su contra presentada por tres ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) imputados en la pesquisa.

“No soy ni he sido parte en los hechos ahora investigados”, sostuvo Villena en la resolución en la que rechazó la recusación, informaron fuentes judiciales.

Ante su decisión de seguir con el caso, la decisión quedará ahora en manos de la Cámara Federal de La Plata.

Villena fue recusado por los ex agentes de la AFI Facundo Melo, Leandro Araque y Horacio Sáez.

Los tres sostuvieron que lo que realizaron fueron “tareas de inteligencia” con aval judicial y que, de hecho, uno de los magistrados que las autorizó fue Villena, en relación a escuchas realizadas al narcotraficante Mario Segovia, en la cárcel de Ezeiza.

Villena replicó que la investigación “se inició con motivo de una actuación cursada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que daba cuenta de una presunta organización delictiva que se dedicaría a la compra e ingresos en nuestro país de fabricación de materiales explosivos, por lo que al encontrarse el nombrado detenido, se dispusieron las intervenciones telefónicas pertinentes”.

Pero destacó que, al terminar esa investigación, ordenó destruir las escuchas.

Pese a ello, algunas de ellas que contenían comunicaciones de ex funcionarios kirchneristas detenidos se difundieron en medios de comunicación.

Por otro lado, y sobre una investigación ordenada por Villena en relación a la cumbre del G20, el magistrado recordó que, “en su oportunidad, el director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia remitió un informe en el marco del cual alertó sobre los distintos niveles de amenaza que representaban los eventos internacionales en los cuales nuestro país oficiaría de anfitrión”.

Por ello, el magistrado ordenó medidas y, luego, dio por cerrada la pesquisa.

En la causa por el supuesto espionaje ilegal ya se presentaron como querellantes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Para la jornada de hoy está previsto que acuda al juzgado de Lomas de Zamora el sindicalista Pablo Moyano, quien podrá pedir ser querellante en el caso.