El juez Ariel Lijo, subrogante en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 12 de Capital Federal, tendrá a cargo la causa por “usurpación, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” impulsada por el intendente Guillermo Montenegro por la cesión de tierras del Estado nacional a una agrupación vinculada a Juan Grabois para llevar a cabo un proyecto agroecológico en la zona de El Marquesado.

La definición se conoció este martes, tras el sorteo realizado en los tribunales federales de Comodoro Py. También surgió que la denuncia será investigada por el fiscal Federico Delgado.

El juez federal Ariel Lijo.

La presentación del intendente apunta contra Eduardo Albanese, el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la que le cedió a una organización vinculada a Juan Grabois 140 hectáreas ubicadas en el kilómetro 553 de la ruta provincial 11.

También contra Gabriela Carpinetti, directora nacional de Promoción, Fortalecimiento y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que el sábado se presentó junto a los integrantes de la agrupación para garantizar que se hiciera efectiva la cesión de tierras.

Menciona además a Osmar Núñez, uno de los “ocupantes”, y Marcos Santucho, el titular de la Asociación Civil “Tercer Tiempo”, la beneficiaria de la decisión administrativa de la AABE.

La decisión de radicar la denuncia en Capital obedece a que los presuntos delitos habrían sido cometidos en aquella jurisdicción mediante la firma de un convenio. 

La denuncia

De acuerdo con la presentación judicial, la disposición de la extensión de tierra “se basa en la mera voluntad del representante de la AABE de entregar un inmenso inmueble a una asociación vinculada a los ‘amigos del poder’, persona jurídica esta que desde su inscripción en los organismos de control solo registra una observación al cierre de sus estados contables. Es decir, una asociación de dudosa existencia regular”. 

Indica que “para simular esta arbitrariedad, recurre a fundamentos falaces, en tanto son inexistentes” y “se pretende que una asociación civil de objeto humanitario y recreativo lleve adelante una supuesta ‘custodia’ de un inmueble que nunca corrió peligro de ser intrusado”. Según Montenegro, “todo ello, lisa y llanamente para simular la entrega de tierras a título gratuito y sin otro objeto que su ocupación ilegal”.

Las normas en que la AABE fundamenta la decisión de utilizar un procedimiento de excepción para la entrega en custodia provisoria del campo a la asociación Tercer Tiempo “prevén que el inmueble de que se trate esté intrusado o con riesgo de serlo”, aclara el intendente.

Añade que “si bien en el convenio suscripto entre las partes se alude a que la solicitud se efectúa ‘en la preocupación por los numerosos hechos de intrusión y toma de terrenos que se dan en la zona’ (…) lo cierto es que esa circunstancia no surge del Informe 126/2023 emitido por la Dirección de Despliegue Territorial” del interior del país.