“No puede haber ido muy lejos. Está en situación de calle, así que en cualquier momento cae”. La presunción de uno de los investigadores parecía lógica: tanto la policía como los instructores judiciales coinciden, habitualmente, en que la única forma de lograr mantenerse prófugo es tener dinero y contactos. O sea, la situación contraria a la que suele vivir una persona en estado de indigencia.

Sin embargo, el hombre que pronunció esas palabras a LA CAPITAL hace medio año se equivocó. O, al menos, en Mar del Plata existe una excepción a la regla: responde al nombre Braian Alfonso; o respondería, mejor dicho, si alguien pudiera encontrarlo.

Alfonso es un joven de 21 años que permanece acusado por el crimen de Walter Darío Pérez (31), ocurrido en agosto de 2020, y que al día de hoy parece haberse convertido en un fantasma que logra evadirse cada vez que se produce un operativo para detenerlo. Así, lleva seis meses, con un pedido de captura a cuestas dictado por el fiscal Leandro Arévalo.

El homicidio por el que se lo imputó fue cometido en horas de la madrugada del 20 de agosto del año pasado, en la plaza Güemes, ubicada en Roca y Buenos Aires. Allí, Alfondo y Pérez, ambos indigentes, solían pasar las noches del último invierno.

Según los vecinos, los dos se ubicaban debajo del mismo árbol cada velada y sobre un colchón viejo tomaban vino y fumaban cigarrillos. Habitualmente, no tenían problemas con nadie y hasta los habitantes de la zona colaboraban con ellos dándoles alimentos y ropa vieja.

Pero todo cambió cuando la noche del miércoles 19 de agosto se convirtió en madrugada del jueves 20. En algún momento no precisado, entre las 0 y las 3, Pérez fue asesinado.

Como la temperatura había sido una de las más bajas en todo el año, cuando al otro día se descubrió su cadáver -hasta ese momento no identificado, porque no tenía documentos- los testigos pensaron que se trataba de una muerte natural, producto del frío. Pero todo cambió cuando arribó al lugar la Policía Científica y los peritos descubrieron que el cuerpo inerte presentaba golpes y lesiones, y una parte lucía carbonizada.

El fiscal Arévalo tomó intervención en la investigación y ordenó al personal de la comisaría segunda -con jurisdicción en ese sector de la ciudad- que tomara declaraciones y recabara datos para reconstruir si había sido un accidente o si se trataba de un crimen, y quién era la víctima. Finalmente, la autopsia desestimó la primera opción y los testimonios de los vecinos echaron luz al asunto: se habían escuchado ruidos y discusiones cerca de las 2 de la mañana.

De esta forma, los pesquisas se abocaron a buscar en la zona al otro indigente, e incluso concurrieron a los lugares por los que solía deambular. Pero al no encontrarlo y seguir con el análisis de las pruebas recogidas, determinaron que en realidad el único sospechoso por el homicidio era él.

Por después, víctima y presunto victimario fueron identificados y se iniciaron los operativos para encontrar al sospechoso.

La investigación

El fiscal Arévalo dispuso más medidas investigativas en los días siguientes: entre ellas, pidió allanar la casilla del barrio Jorge Newbery en la que vivían la madre y la hermana de Alfonso, una adolescente de 16 años que sufre una discapacidad motriz y que dijo que vio al acusado en la mañana del 20 de agosto. “Me mandé una cagada”, le habría dicho éste al pasar brevemente por la vivienda, según contó a los uniformados.

El investigador también ordenó a la policía recorrer los comedores, hogares de asistencia y templos religiosos en los que Alfonso solía pedir comida. Pero ninguno de los procedimientos dio resultados positivos.

Para el 27 de agosto, una semana después de ocurrido el crimen, el principal acusado del crimen de Pérez se había esfumado. En ese momento, los pesquisas ya sabían que tanto Alfonso como la víctima tenían antecedentes penales.
Para los investigadores, la caída de Alfonso iba a producirse de un momento a otro, ya que habían obtenido su orden de captura el viernes 22 de agosto. A más tardar, pensaban, el fin de semana estaría preso en la cárcel de Batán.

Pero no: la búsqueda se hizo más extensa de lo que imaginaban y si bien consideraban que el acusado estaba al caer, nunca tuvieron datos precisos de su paradero.

Según pudo saber ahora LA CAPITAL, para fin de año -en la previa de Navidad– surgió el dato de que Alfonso podía estar escondido en la casa de su tía, ubicada en otro sector de la ciudad que las fuentes optaron por no precisar. Entonces, allanaron el inmueble y también volvieron a la casilla de la madre del acusado, pero nuevamente fracasaron en su búsqueda.

En ambas oportunidades, los uniformados tomaron conocimiento -visual y verbal- de las condiciones infrahumanas en las que vive la familia de Alfonso.

“Este chico estuvo internado en el área de Psiquiatría del HIGA (Hospital Interzonal General de Agudos), porque tuvo muchos problemas de drogas. Pero no de drogas tipo cocaína o marihuana, sino problemas de adicción al paco, la nafta o el poxiran…”, le dijo entonces un informante a este medio. La misma fuente confesó que, a pesar de la gravedad del hecho que cometió, Alfonso “no es un delincuente peligroso”.

Hasta el momento, los investigadores sospechan que el prófugo deambula por las calles de la periferia de la ciudad y que se alimenta de desechos de comida que encuentra en basurales. Al menos esos datos pudieron obtener tras consultar a otras personas en situación de calle que conocen a Alfonso de frecuentar centros de asistencia, hogares o templos religiosos en los que se ofrece ayuda solidaria. “Desde que pasó esto no apareció más pero algunos lo vieron pateando las calles. Es lo único que se sabe”, señaló la misma fuente.

Y agregó: “Tiene algunas causas de hurto nomás, no es un ladrón ni nada por el estilo. Es una persona absolutamente excluida del sistema”, agregó en el mismo diálogo. Y es justamente por eso que no lo pueden encontrar: Alfonso es un fantasma en la ciudad. Lo era antes del crimen de Pérez, y sigue siéndolo después.