El halcón Montenegro, las bombas nacionales y los planes demorados
El intendente sigue endureciendo su discurso. El tratamiento de los aumentos justificados por la inflación galopante no tapó las dilaciones de la gestión. El Frente de Todos contraatacó tras la suspensión del sistema de reconocimiento facial en CABA.
El intendente Guillermo Montenegro, cada vez más enfrentado a la oposición kirchnerista.
Por Ramiro Melucci
Quizá no se necesite ser ornitólogo para determinar que el plumaje de Guillermo Montenegro ha comenzado a experimentar un cambio: el que lo caracterizó durante los primeros dos años de gestión, tan apalomado, le va dejando lugar a uno más parecido al de un halcón.
Acaso la metamorfosis sea parte de una estrategia más amplia. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viene de decir que “hay que dejarse de joder con esa boludez de halcones y palomas” para ganar las elecciones del año próximo. Fue en un encuentro con jóvenes de la agrupación La Generación, semillero del Pro, a quienes también les pidió que se zarpen un poco más y no pidan permiso. “Somos demasiado correctos a veces. Rompamos un poco el molde”, los incitó.
Con la misma lógica, Montenegro ha concluido una semana en que no le quedó cosa por decir. Bombardeó al kirchnerismo local en cada oportunidad que tuvo, embistió al Gobierno por la inflación y vapuleó la fórmula que presentó el gobernador Axel Kicillof junto al secretario de Comercio, Roberto Feletti, para paliar la escalada de precios con la ayuda de los intendentes.
La arremetida se inserta en un clima de creciente malhumor social por la indetenible espiral inflacionaria. La bomba del 6,7% en marzo, récord mensual en dos décadas, estalló apenas el gobierno municipal había terminado de redondear en el Concejo la suba de tasas, que será del 45% cuando la inflación anual podría acercarse al 60%. De no ser por la garantía que le dio el secretario de Hacienda, Germán Blanco, a Virginia Sívori hace dos meses y medio, en el inicio del debate presupuestario en la Comisión de Hacienda, se hubiera podido sospechar que otro ajuste era posible este año.
En esa jornada, la última de enero, Blanco le aseguró a la concejala del Frente de Todos que si el municipio lograba modificar la fórmula de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) sobre la base de la propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas no elevaría un incremento adicional en el actual ejercicio.
Aun así, la reformulación de la TSU es una de las deudas del gobierno municipal que queda en evidencia en cada discusión presupuestaria. Montenegro había aludido por primera vez al tema en la inauguración de las sesiones ordinarias de 2020, cuando mencionó el “gran sentido de justicia” que implicaría ese cambio. Para la revisión se creó en el Concejo una comisión especial y el Ejecutivo le encomendó un informe a la Facultad. El primer documento que le entregó la casa de estudios no convenció al municipio: lo devolvió con observaciones. El segundo, cuya presentación daban por hecha en la Municipalidad el miércoles (día que se cumplía el plazo fijado), será fundamental para saber si los tiempos se acelerarán o se seguirán dilatando. Si todo sale bien recién en 2023 se aplicaría la nueva fórmula. Tres años después de anunciada la decisión de corregirla.
La dureza con que la oposición aludió al tratamiento de los residuos también puso la lupa en otro asunto. El Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) adeuda el pliego para licitar la operatoria del predio de disposición final. A mediados del año pasado, después de la salida de Ceamse, el municipio contrató a tres empresas por ocho meses con opción a cuatro de prórroga. El ente ya decía antes de firmar esos contratos de emergencia que tenía el pliego definitivo preparado, pero que lo estaba ajustando en virtud de la experiencia de las empresas en el terreno y del control municipal. O el ajuste de las cláusulas fue más importante del que se esperaba o no estaba tan preparado como se decía. A esta altura es imposible que se den todos los pasos formales (tratamiento y aprobación del pliego; convocatoria y adjudicación de la licitación) antes de mitad de año. La demora implicará una nueva prórroga para los contratos de emergencia.
El Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU), nave insignia del gobierno municipal para mejorar el sistema, también figura en la lista de espera del Concejo. A mediados del año pasado, el intendente prorrogó los contratos por otro año y medio. Tras el fracaso legislativo del primer pliego, los funcionarios repitieron que este año será enviado nuevamente con modificaciones. A cuatro meses y medio de iniciado 2022, todavía no se animan a arriesgar una fecha de presentación.
Si todo sale bien recién en 2023 se aplicaría la nueva fórmula de la TSU. Tres años después de anunciada la decisión de corregirla.
Ni el rediseño de la TSU, ni el pliego para la operatoria del predio ni el del transporte son cuestiones apuntadas al azar. Surgieron en los últimos debates en que el interbloque de Juntos por el Cambio, con el apoyo de Acción Marplatense, logró imponer su voluntad para aumentar las tasas y ceder las facultades con las que Montenegro aumentó el boleto de colectivo.
De la misma forma quedó expuesto en el tratamiento del presupuesto y el aumento de la tarifa de Obras Sanitarias que una de las principales demandas hacia la empresa municipal es la necesidad de mejorar el abastecimiento de agua en los barrios del sur. A diferencia de las iniciativas demoradas del Ejecutivo, el anteproyecto de OSSE que aspira a dar una respuesta integral a ese reclamo es de reciente confección.
El presidente de la empresa sanitaria, Carlos Katz, lo adelantó en febrero ante los concejales de la Comisión de Hacienda y Ambiente y hace diez días lo dejó en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). El plan consiste en llevar agua del norte y el oeste mediante interconexiones. Implicaría la construcción de dos estaciones elevadoras y un nuevo tendido de conductos. Es tan ambicioso como imposible de llevar adelante sin financiamiento extra: el aporte dependerá del vínculo del intendente con el Gobierno nacional. El dato a recordar es que el Enohsa está bajo la órbita del Ministerio de Obras Púbicas. Parece que Montenegro y Gabriel Katopodis, que el mes pasado sonrieron para la cámara con las obras de recuperación de la Casa del Puente de fondo, tienen un nuevo asunto sobre el que conversar.
Así como el intendente usufructuó la detonación de la inflación para seguir endureciendo su discurso contra el kirchnerismo, el Frente de Todos local tuvo a mano el porrazo judicial del sistema de reconocimiento facial para prófugos que se utiliza en la Ciudad de Buenos Aires para poner bajo sospecha el que quiere implementar Montenegro en Mar del Plata. Vito Amalfitano lo resumió en un eslogan: “No es seguridad, es espionaje”.
La suspensión por presunto uso ilegal de los datos biométricos en CABA llegó apenas iniciado el tratamiento del proyecto de ordenanza local. Ya pasó de la Comisión de Seguridad a la de Legislación con pedidos de informes a las áreas de Seguridad, Legal y Técnica y Hacienda. En su raid mediático de la última semana, Montenegro la consideró una herramienta clave para aportar al combate contra la inseguridad. Probablemente lo sea, pero antes de implementarla sería conveniente que se despejen todas las dudas.