El Grupo Fava deberá devolver más de 400 millones de pesos a clientes de su departamento financiero tras decidir la Justicia civil de Mar del Plata que había cobrado de manera abusiva una “comisión por otorgamiento” de préstamos extendidos entre 2014 y 2019.

Si bien el fallo del juez Heber Daniel Amalfi fue en el mes de noviembre y concedía 60 días a la firma local para iniciar la devolución los pagos no se hicieron efectivos, por lo que ahora fue la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial la que lo ordenó sin más dilaciones.

La demanda había sido interpuesta por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores contra Favacard SA ya que decenas de clientes aseguraban que recibían menos dinero del que habían solicitado en préstamo. Luego de una extensa investigación se descubrió que esto se debía a una comisión que la empresa cobraba en la primera cuota bajo el concepto de “gastos de otorgamiento”, lo que representaba un 3% del crédito.

Ante estas prácticas, la asociación inició la acción judicial en la que se logró establecer que habían sido otorgados 209.026 créditos entre 2014 y 2019, y que las personas afectadas superaban las 78.000. La gran mayoría de los perjudicados eran de Mar del Plata, pero muchos también de las ciudades aledañas a las que llega el campo de acción comercial del Grupo Fava.

Después de una larga batalla legal, el juez Heber Daniel Amalfi falló a favor de la demanda. En su dictamen, el magistrado determinó que la financiera marplatense había utilizado una “cláusula abusiva” y que no pudo demostrar que la comisión por otorgamiento correspondiera a un servicio real. El juez ordenó que la empresa restituyera a cada uno de los 78.069 clientes afectados todas las sumas que habían sido cobradas por la comisión por otorgamiento entre el 11 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2019.

El fallo ordenó que las sumas fueran devueltas con las cargas impositivas aplicadas, además de los intereses devengados desde cada percepción y hasta el pago efectivo. El juez Amalfi concedió un plazo de 60 días para que la empresa cumpliera con la orden judicial, medida que no fue acatada por el Grupo Fava al entender que como estaba apelada debía aguardarse a que la Cámara de Apelaciones se expidiera.

Sin embargo, la propia Cámara resolvió que la demandada tenga que depositar el capital, los intereses y las costas del proceso de manera anticipada al tratamiento del recurso, aún cuando el fallo del juez Amalfi no tenga firmeza.