El Gobierno apunta a enviar al Congreso Nacional el proyecto de reforma del Código Penal luego del inicio del período ordinario de sesiones, en marzo próximo, a partir de la iniciativa que elabore la Comisión de Reforma del Código Penal, que en febrero arrancará con la última etapa de su trabajo.

En este sentido, el camarista de Casación Penal y titular de esa comisión, Mariano Borinsky, aseguró hoy que las modificaciones sobre las que trabajan no apuntan a “una ideología” sino a generar un cuerpo normativo “ágil”, “moderno” y “posible”, que permita a su vez “disminuir los márgenes de discrecionalidad judicial, estableciendo específicamente cuestiones en el Código Penal“.

“No es un código de una ideología sino un código posible, ágil y esperamos que sea por 100 años más. Entendemos que va a sentar las bases en la Justicia, y partimos de la Constitución y del Poder punitivo del Estado“, sintetizó Borinski en relación a la tarea que lleva adelante esta comisión creada por el presidente Mauricio Macri en febrero del año pasado.

Así lo expresó en declaraciones formuladas hoy, en las que afirmó que en cuanto al uso de la herramienta de la libertad condicional “lo que se pretende es que se logre una aplicación efectiva de la ley penal”.

Además, se busca “disminuir los márgenes de discrecionalidad judicial estableciendo específicamente las distintas cuestiones en el Código Penal“.

En tanto, fuentes de la comisión encabezada por Borinsky aseguraron que tras el receso de este mes el equipo que trabaja en la redacción de un anteproyecto de ley retomará el trabajo el 8 de febrero próximo, con la intención de remitir la propuesta al Ministerio de Justicia en marzo, para su posterior envío por parte del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

En este sentido, Borinsky resaltó que la instrumentación de un nuevo Código Penal servirá para “darle a la sociedad un nuevo contrato social” que contenga las “nuevas modalidades delictivas” con el añadido de que abarcará “no sólo a las personas físicas sino también a las personas jurídicas y empresas”.

Para eso, precisó, los miembros de la comisión analizan la jurisprudencia y las leyes en “otros países de América Latina y de Europa” a fin de saber “cuál es el mejor contrato social para Argentina“.

Consultado en particular sobre la prohibición de la libertad condicional en delitos graves, Borinski explicó que “se está haciendo una reformulación del artículo 14” teniendo en cuenta “jurisprudencia de la Corte” y de tratados internacionales suscriptos por Argentina.

“De esta forma, algunas cosas se mantienen y otras se agregan. Se agrega un concepto según el cual se tiene en cuenta que la libertad condicional no se aplicaría para delitos dolosos cometidos con violencia entre los cuales están abuso sexual agravado, trata de personas, desaparición forzada, terrorismo, entre otros” detalló Borinsky.

Asimismo, el nuevo artículo 14 “complementa lo que existía y fija plazos en determinados casos”.

Por esto, sintetizó con que el espectro del nuevo código será “más amplio, ágil y moderno”, y se mostró esperanzado en que “pueda servir para los próximos 100 años”.

Acerca de algunas de las reformas que contemplará el anteproyecto, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal apuntó que “se incorporan los delitos de desaparición forzada de personas, de lesa humanidad y genocidio” que actualmente no están contemplados en el Código Penal.

De esta forma, puntualizó, en el anteproyecto los delitos de lesa humanidad “no sólo son imprescriptibles sino que implican el cumplimiento total de la pena”, lo que hasta hoy queda a criterio de “la interpretación de los jueces”.