El Gobierno prorrogó el Estado de Emergencia Hídrica por 180 días corridos contados a partir de junio próximo en aquellos sectores del territorio abarcado por la región de la Cuenca del río Paraná por la histórica bajante que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, sobre las márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.

Lo hizo a través del decreto 261/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La emergencia hídrica se declaró originalmente 24 de julio de 2021, por 180 días, y se prorrogó el 10 de marzo último por 90 días más.

En esta oportunidad, el Gobierno consideró que “si bien se han atenuado los niveles de la bajante por efecto de lluvias puntuales y defluencias de las represas situadas en el área regulada de la Cuenca del Paraná, se continúan provocando afectaciones sobre el abastecimiento del agua potable, la navegación y las operaciones de puerto”.

Asimismo, también hay dificultades con “la generación de energía hidroeléctrica, el abastecimiento de combustibles y las actividades económicas vinculadas con la explotación de la cuenca conformada por los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú”.

El decreto también estableció la continuidad de las distintas medidas adoptadas hace un año atrás cuando se declaró la emergencia.

Así, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo continuarán con las acciones pertinentes para la preservación de la actividad productiva y puestos de trabajo; el de Obras Públicas, con la realización de obras de infraestructura; el de Seguridad, a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (Siname), con el apoyo y toma de decisiones, y por intermedio del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), la asistencia a las poblaciones ribereñas.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable mantendrá el control de incendios; el de Transporte seguirá observando las posibilidades de navegación y acceso a puertos; el Instituto Nacional del Agua brindará sus servicios técnicos en relación con la emergencia; la Secretaría de Energía asegurará el abastecimiento de energía eléctrica y el Ministerio del Interior se encargará de la coordinación con las provincias afectadas.

Además, el Banco Nación y la AFIP mantendrán la asistencia en materia crediticia e impositiva, respectivamente; y continúa la suspensión de plazos administrativos en las regiones afectadas.