BUENOS AIRES.– El gobierno planea crear un fuero judicial exclusivo para causas de “narcocriminalidad” mediante una suerte de reconversión de los tribunales penales de la Capital Federal, como parte de una amplia reforma judicial.
Así lo revelaron a DyN fuentes judiciales, que incluso afirmaron que el ministro de Justicia, Germán Garavano, ya les comunicó a magistrados que habrá “Cámaras que probablemente desaparezcan”.
Además, el nuevo Código Procesal Penal que debía comenzar a regir en marzo –sancionado durante el anterior gobierno y postergado por un año- tiene mínimas posibilidades de revivir, porque toda la Justicia penal local pasará a la órbita de la Capital Federal.
Aproximadamente la mitad de los jueces de primera instancia del fuero penal nacional pasarán al nuevo fuero de “narcocriminalidad”, cuya creación será propuesta por ley al Congreso.
Ese fuero especial sacaría del alcance de los jueces de Comodoro Py 2002 las causas por drogas, que –según dijo hace algunos días el presiente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti- tienen como epicentro a los consumidores y no a los traficantes.
En la iniciativa original, el resto de los tribunales pasarían a la órbita de la Justicia de la Capital, no así los jueces, por lo cual podría haber concursos masivos para ocupar esos cargos.
En cuanto a los tribunales orales de la Capital Federal, 30 en total, no está previsto que pasen a la jurisdicción porteña, pues sus integrantes cobran sueldos de camaristas que el gobierno nacional no quiere equiparar en los tribunales locales.
Así, quedarían por fuera de la reforma y prácticamente sin ninguna tarea ni juicio por realizar.
En ese contexto, también desaparecerá –de acuerdo con el proyecto- la Cámara de Casación de la Capital Federal, a cuyos integrantes el ministro Garavano les sugirió en una reunión que “pensaran qué harían en 2020”.
Sobre la reforma al Código Procesal, la postergación de su implementación ya tuvo una primera consecuencia: el gobierno reasignó una partida presupuestaria de unos mil millones de pesos que debía recibir la Procuración General de la Nación para poner en marcha en marzo el nuevo sistema de investigación.
Esa partida había sido prevista por el presupuesto elaborado por la anterior administración, pero fueron modificadas por decreto por la actual.